Como resultado, entre otras cosas, de la guerra de la Ucrania, los precios de la energía se han disparado, y con estos la inflación general, dañando el poder adquisitivo de las familias al mismo tiempo que pone en peligro la viabilidad económica de determinadas empresas, especialmente del sector primario y transporte.
Ante la situación, el ejecutivo ha programado un paquete de ayudas por importe de 16.000 millones, 6.000 mill en ayudas directas y rebajas de impuestos, y 10.000 mill en créditos ICO.
Estos últimos, por lo menos en el corto plazo, no suponen un desembolso de fondos y crean únicamente un pasivo contingente que se materializará solo en caso de impagos empresariales. La cuestión es que si la crisis se prolonga, la probabilidad de materializarse estos impagos se incrementa.
Los 6.000 mill se aplicarán a distintas partidas, algunas al sector eléctrico, que ya han sido objeto de discusión previamente, y ahora le toca el turno a la conveniencia o no de reducir el precio de gasolina y gasóleo, barajándose inicialmente la posibilidad de reducir IVA, impuestos especiales, o proporcionar ayudas directas.
La cuestión es que estas medidas implican una alteración de la señal que transmiten los precios, dificultando una reducción del consumo al mismo tiempo que presionaría a la oferta y al precio.
El IVA supone un importe proporcional al precio, y presenta la dificultad de que necesita el visto bueno de Europa, por lo que la medida puede demorarse en el tiempo; y el impuesto especial sobre hidrocarburos supone una cantidad fija por litro, y por tanto es independiente de las fluctuaciones de precio del carburante, presentando además un margen de bajada limitado dado que la UE ha establecido unos mínimos para este impuesto.
La UE fija unos impuestos especiales mínimos de 33 y 36 céntimos de euros por litro de gasóleo y gasolina respectivamente, a los cuales se les aplica IVA, variando estos impuestos entre países (figura siguiente). En el caso de España el impuesto especial sobre gasóleo está cerca del mínimo (38 céntimos), pero no así el aplicado sobre la gasolina (de casi 50 céntimos).
Figura.- El impuesto sobre la gasolina y el diésel en la Unión Europea
La decisión tomada finalmente ha consistido en la rebaja de al menos 20 céntimos/litro, 15 de ellos a cargo del estado, y 5 o más a cargo de las empresas petroleras, con el límite del 30 de junio.
Aunque parece ser que la distribución de coste en estas empresas será asimétrico, ya que el real decreto solo obliga a los operadores con capacidad de refino en España y una cifra anual de negocios superior a 750 millones de euros, afectando solo a Repsol, Cepsa y BP. Si bien estas tres comprenden el 47% del mercado y se han comprometido a realizar una rebaja de 10 céntimos. Siendo la cuestión por tanto que la rebaja ,en principio no se llevará a cabo en todas las gasolineras. Cuando además, los dueños de gasolineras particulares se enfrentan a problemas de liquidez al retrasarse las ayudas en el tiempo y amenazan con el cierre.
Los detractores de reducir el precio de los carburantes alegan muy diversos y múltiples motivos para no hacerlo, destacando entre ellos muchos economistas de prestigio.
Entre los motivos, podemos citar, que contribuyen a desequilibrar el gasto público en una situación ya comprometida por una deuda elevada, lo que reduce la capacidad del estado para reforzar el estado de bienestar. Que los impuestos ya son bajos en España con respecto a otros países europeos. Que al reducir el precio se estimula la demanda e induce la subida del precio de la materia prima retroalimentando el precio del carburante al mismo tiempo que perpetua la inflación. Que ante una oferta inelástica beneficia a proveedores, y concretamente a Putin, contribuyendo a financiar su guerra. Que es un impuesto regresivo que contribuye a incrementar la desigualdad. Que dificulta la lucha contra el cambio climático al no desincentivar la demanda y las emisiones de gases de efecto invernadero. Y que tampoco contribuye a reducir la dependencia exterior frenando la transición energética.
Indudablemente todo es opinable, pero muchos de los argumentos creo que no se sostienen.
1.- La reducción del precio de los combustibles reduce los ingresos fiscales siendo equivalente a una reducción de impuestos. Afectando a las cuentas públicas al contribuir a generar déficit al mismo tiempo que se dificulta el sostenimiento del estado de bienestar.
Esto es falso tomado literalmente, tanto en cuanto que las elevaciones de la base imponible sobre la que se aplica el IVA se ha incrementado generando ingresos caídos del cielo (windfall profits) para las arcas púbicas, y el incremento de precio del combustible ha sido muy superior a la rebaja de 20 céntimos propuesta.
De hecho, por ejemplo, en el caso del gasóleo A, el precio en enero de 2021 rondaba 1,10 euros/litro. El 29 de marzo de 2022, el precio del litro era de 1,869 euros. Una diferencia de 0,769 céntimos, de los cuales 16,15 céntimos se corresponden a IVA, una cantidad superior a los 15 céntimos con los que contribuye el estado en la rebaja del precio final.
2.-Se ha argumentado que en España los impuestos son menores que en el resto de Europa, lo cual, en la figura anterior se desmiente, existiendo nueve países con impuestos especiales menores, y doce países con un IVA igual o inferior al español.
Y aun considerando estos impuestos bajos, cabría plantearse si lo que ocurre es que se trata de unos impuestos excesivos en todos los países, principalmente dado que se trata de un bien esencial, y que el progreso de las sociedades y bienestar de los ciudadanos depende del consumo de energía, y de momento, las energías renovables no son la solución.
Cuando además, el esfuerzo fiscal es distinto en función del nivel de renta, recordando que el PIB/cápita de nuestro país, a pesar de ser la cuarta economía europea, es el quinceavo de la UE y en 2020 se situó un 16% por debajo de la media de la UE.
3.- La ayuda provoca una distorsión de precio que dificulta reducir la demanda, que ante una oferta inelástica, se traduce en incrementos de precio. Y si bien esto es cierto, también tenemos que recordar que el mercado es global, y la demanda del resto de países contribuye a formar el precio. De tal forma que si en otros países se reducen precios evitando una reducción de la demanda, el efecto se traslada a precios en los mercados globales que influyen también a España.
4.- Que la no reducción de la demanda y el incremento de precio aumenta el superávit comercial ruso contribuyendo a financiar la guerra de Putin a través de las exportaciones a la UE. Algo que nuestros grandes economistas repiten continuamente, pero sin aportar ningún dato ni argumento que defienda esa hipótesis. Mi opinión ya es conocida aquí .
Aunque por otra parte, sorprende que si Putin no depende de las exportaciones de combustibles fósiles, las siga manteniendo al estar en vigor las sanciones. Y en referencia a este punto, suponiendo que Putin necesite alguna excusa, podría relacionarse la exigencia de pagar combustibles fósiles en rublos para, en caso de negarse la UE, para cerrar el grifo.
5.-Que no discriminar las ayudas en función de grupos vulnerables es una medida regresiva que contribuye a profundizar en la desigualdad. Indudablemente hay que proteger a los más vulnerables, pero discriminar en cuanto a las ayudas para reducir el efecto sobre los presupuestos públicos implica en realidad una doble imposición sobre los que no se benefician de la reducción. Cuando además existen otros impuestos, como el IRPF, progresivos y diseñados para reducir los efectos de la desigualdad.
Desigualdad que en realidad se banaliza al extrapolarla a una situación puntual como la actual. La desigualdad es un problema profundo y estructural, no coyuntural.
La lucha contra a desigualdad debe llevarse a cabo a través de la creación de capital humano, I+D+i, etc…, lo que indudablemente es un proyecto a largo plazo. Es decir, a través de profundizar en la igualdad de oportunidades, no de resultados. Cuando las medidas selectivas en las rebajas de precio pretenden reducir este último tipo de desigualdad.
6.-La reducción de precio dificulta la lucha contra el cambio climático al no desincentivar el consumo y por tanto no reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En primer lugar, deberíamos reconocer que el volumen de emisión de gases de efecto invernadero de España con respecto al conjunto del mundo es rídicula.
Y por otra parte, se pretenden justificar los impuestos especiales sobre un bien esencial para la actividad de la economía y la sociedad en base al objetivo de reducir el daño medioambiental. Un impuesto denominado pigouviano, cuyo objeto es reflejar en el precio el coste de una externalidad negativa. ¿Reflejan realmente los impuestos el daño generado al medioambiente? O más bien obedecen a objetivos exclusivamente de recaudación fiscal.
A dicho impuesto se le suma el de ventas minoristas y el céntimo sanitario en algunas comunidades autónomas. Y sobre todo ello el IVA. Un impuesto, que al contrario de lo que su nombre indica, no grava el valor añadido sino el consumo. El consumo de un bien esencial cuya base imponible comprende otros impuestos.
7.- Los impuestos, y el precio, tratan de reducir la dependencia energética del exterior, algo que por cierto no consiguen en absoluto .
Lo expuesto evidencia que se argumentan múltiples factores en contra de una rebaja del precio de los carburantes, unas con mayor justificación que otras. Sin embargo, pienso que una cuestión importante a tener en cuenta es que la medida puede ser adecuada si es limitada cuantitativamente y temporalmente, y contribuye a evitar la destrucción del tejido productivo del país.
El problema radica en que esta crisis de precios puede durar más de tres meses, y la prórroga de las medidas si puede dañar en mayor medida los presupuestos y deuda públicos, pudiendo hacer necesario tomar medidas correctivas, en mayor medida si el BCE deja de comprar deuda pública.
Y en ese caso, el déficit habría que financiarlo con impuestos, recayendo el ajuste también sobre las familias y empresas, o alternativamente recortando el gasto público, algo que podría ser complicado si se pretende incrementar el gasto en defensa y mantener el estado de bienestar actual.
Si bien, alternativamente, no aplicar esa reducción de precio, en la situación actual, también podría teóricamente enfocarse desde un punto de vista positivo al contribuir a una destrucción creativa schumpeteriana que contribuyese a reestructurar la economía y que mejorase la productividad y competitividad del país. Aunque bajo el riesgo de llevarse a cabo una concentración de mercado y se redujese la competencia, y ello acompañado de un incremento de tensión e inestabilidad social al dispararse el desempleo. Algo que quizá la sociedad española no soportaría.
Por ese motivo, existe una dicotomía, entre implementar medidas a corto plazo, quizá recordando la famosa frase de Keynes: a largo plazo, todos muertos. O alternativamente, dadas las probabilidades de que esta crisis se alargue, apostar por soluciones intermedias, como limitar las ayudas a población y empresas vulnerables, implicando menor desequilibrio presupuestario, lo que permitiría alargar algo más las ayudas en el tiempo. O tomar medidas más drásticas y abordar un pacto de rentas para evitar alimentar la espiral de precios e inflación que profundizaría en el daño de familias y empresas y que, según dicen, perjudicaría la competitividad.
Sin embargo, la pérdida de competitividad derivada de la inflación de materias primas energéticas es también bastante discutible, ya que en términos generales, los precios de las materias primas energéticas son globales y por tanto semejantes (salvo excepciones) para todos los países. Y la competitividad es un parámetro relativo que mide la capacidad de mantener una ventaja comercial con otros países.
Este hecho, sin embargo, no excluye que los precios no puedan subir más en unos países que en otros, dados sus recursos naturales, la estructura de su mix de energía primaria, o su regulación.
Y en nuestro país confluyen estos hechos, ya que la ideología domina la política energética huyendo del pragmatismo y la realidad. Se desaprovechan unos recursos naturales existentes que podrían hacer a nuestro país autosuficiente en gas natural, lo que permitiría, además de crear empleo, mejorar nuestra balanza comercial y nuestro PIB.
En cualquier caso, la energía es fundamental, las renovables el futuro, pero hoy no es el futuro y tenemos que lidiar con los problemas actuales con las herramientas actuales. Motivo por el que la sensatez, el pragmatismo y la eficiencia, y no la ideología, deberían conducir la política energética del país.
