En la mayor parte de los países del mundo, imperan sistemas públicos de pensiones basados en el reparto. En ellos, el Estado arrebata un porcentaje significativo del sueldo de cada uno de los trabajadores actuales –en forma de cotización a la Seguridad Social– y lo destina al pago de las pensiones de los jubilados también actuales. Para un trabajador por cuenta ajena en España, este porcentaje es del 28,3% de su salario bruto –aunque el total de la cotización a la Seguridad Social es 7,95 puntos superior, el porcentaje adicional va destinado a cubrir el desempleo, el Fondo de Garantía Salarial y la formación profesional, aspectos que quedan fuera del tema en que se centra el presente artículo–. Esta no poco relevante parte del sueldo de cada trabajador, lejos de ser invertida –siquiera guardada– para la propia jubilación, se destina como ya se ha dicho a pagar las pensiones de los jubilados del momento.
A día de hoy, el sistema público de pensiones español proporciona una tasa de reemplazo de alrededor del 80%. Esto significa que, al jubilarse, el trabajador español medio pasa a percibir una pensión de alrededor del 80% de su último salario. Sin embargo, esta tasa de reemplazo es insostenible tanto a corto como, sobre todo, a largo plazo. Actualmente, con dos trabajadores por cada pensionista, el sistema ya presenta un déficit anual de más de 15.000 millones. De mantenerse esta tasa de sustitución, imaginemos qué déficit presentaría el sistema en 2050, cuando las proyecciones más optimistas estiman que habrá poco más de un trabajador por cada pensionista. Es por ello que la Comisión Europea prevé un hundimiento de esta tasa hasta situarse por debajo del 50% en 2060.
Al pagar hoy con lo recaudado también hoy, el sistema de reparto actual renuncia a la magia que el interés compuesto ejerce sobre el ahorro si éste se va invirtiendo de forma inteligente. ¿Qué pasaría si, en lugar de arrebatarle el 28,3% de su salario bruto, el sistema permitiese que cada trabajador pudiera decidir libremente cómo prepararse para su jubilación?
Supongamos un escenario que Pedro empieza a trabajar a los 22 años con un sueldo bruto inicial de 14.000 € al año, creciente a razón del 4% anual según va escalando posiciones. En estas condiciones, la cotización que Pedro realiza al sistema público de pensiones es de 3.962 € durante su primer año de contrato. Esta cotización va creciendo a lo largo de su vida laboral conforme lo hace su sueldo hasta que, cuando cumple 52 años, éste supera la base máxima. A partir de entonces, Pedro paga el tope de 12.739 € anuales.
Imaginemos, como hemos planteado, un sistema en el que cada trabajador pudiera decidir libremente cómo prepararse para su jubilación, sin que el Estado le hiciera esclavo del actual sistema piramidal –mediante el que despoja a cada trabajador del 28,3% de su salario–. En este contexto, Pedro podría invertir esta cantidad extra –que iría desde los 3.962 € anuales a los 22 años hasta los 12.739 € a partir de los 52– en uno o varios fondos de inversión.
Digamos que, en esta situación, al final de cada año Pedro invierte las cantidades mencionadas en un fondo de inversión que consigue una rentabilidad tras comisiones del 10% anual. En este escenario, al cumplir 52 años, Pedro estará cobrando un salario bruto de 45.408 € anuales y dispondrá, además, de un patrimonio 938.070 €. Si en ese momento decide dejar de trabajar y adoptar una estrategia de inversión más conservadora que le reporte un 5% anual, podrá cobrar una renta bruta de 46.903 € al año sin tocar el capital –los 938.070 € de patrimonio acumulado–. Nótese que esta renta bruta estará algo por encima del salario bruto que cobraría si siguiese trabajando y muy por encima de la pensión máxima en España, que es de 36.032 € anuales.
En resumen, el desmantelamiento del actual sistema de reparto, permitiendo la libre planificación de la jubilación por parte de cada trabajador, posibilitaría la elección del fondo de inversión como vehículo para ello. Esta opción, como se ha mostrado a lo largo del artículo asumiendo hipótesis nada descabelladas, proporcionaría rentas muy superiores a las pensiones actuales, así como un cuantioso patrimonio que podría dejarse en herencia. No menos importante es que ni estas rentas ni la edad de jubilación dependerían, como sí lo hacen las pensiones en el sistema de reparto actual, de la voluntad del gobernante de turno, ni del número de trabajadores y jubilados de cada momento. Sería cada uno quien decidiría cuándo jubilarse, en función del patrimonio o la renta anual que considerase suficiente.
Es cierto que, puesto que los pensionistas de hoy dependen de las cotizaciones de los trabajadores actuales, abandonar el sistema de reparto requiere un largo proceso que puede prolongarse años o incluso décadas. En futuros artículos expondré algunas de las posibles formas de realizar esta transición, ya que creo que las enormes ventajas la justifican sobradamente. Sirva esta reflexión para que, por lo menos, no sigan cebando el actual sistema de reparto con nuevos impuestos, como los que ya se aplican en Francia.
En lugar de aplicarnos nuevos impuestos para paliar –que no contrarrestar– la caída de la tasa de reemplazo, mejor que nos dejen ahorrar ese dinero e invertirlo a largo plazo y, de esta forma, construirnos un patrimonio con el obtener rentas que complementen nuestra pensión pública en el futuro. En mi próximo artículo semanal, resumo 5 pautas básicas para ahorrar e invertir a largo plazo con éxito.
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Disclaimer: Este artículo es de carácter meramente divulgativo y no pretende ser una recomendación de compra o venta de producto alguno.
