Continuando con el tema del impuesto de patrimonio, tratado en la entrada anterior: “El impuesto de patrimonio a debate”, ahora comentare una breve historia, así como la distribución del impuesto por tramos, y lo que es más importante, los efectos económicos del impuesto.
El impuesto ha sufrido de distintas vicisitudes a lo largo de su historia. Fue creado en 1977 de forma "transitoria" para financiar el coste económico de la Transición, suprimiéndose en 2008 por el gobierno de Zapatero, que lo bonificó al 100%, para reimplantarlo en 2011 como resultado de la crisis económica. Siendo prorrogado por los gobiernos de Rajoy y Sánchez, que han convertido el impuesto en estructural.
El impuesto se aplica a los contribuyentes que poseen bienes, excluyendo la vivienda habitual hasta 300.000 euros, por un valor superior a los 700.000 euros. Es de suponer entonces que quien tiene un capital de 700.000 de euros excluida la vivienda es rico. En mi opinión serían unos ricos de miseria, y querría decir que algo falla en este país.
Y los tramos y tipos del impuesto (escala estatal) son:
Fuente.- Agencia tributaria.
Con datos del impuesto referidos a 2019, se presentaron 212.284 liquidaciones, pagando el tributo el 86% de los sujetos pasivos. Pero si se analiza la distribución por tramos de las bases imponibles, podemos apreciar que de los más de 142.000 declarantes cuyas bases oscilan entre los 300.000 y los 1,5 millones de euros pagaron el impuesto el 94% de ellos; entre los 1,5 millones y los 6 millones de euros el 80% de las veces; y entre 6 y 30 millones pagaron el impuesto en la mitad de los casos. Mientras que aquellos con un patrimonio superior a 30 mill lo hicieron solo un 34%, de los que se deduce que viven en la CCAA de Madrid (figura siguiente), la única que hasta ahora tenía el impuesto bonificado al 100%.
Figura.- Solo el 34% de los ultrarricos paga el impuesto de patrimonio gracias a vivir en Madrid
Como indicaba en la anterior entrada, se afirma, un tanto torticeramente, que el ahorro del impuesto a los ricos implica una mayor carga fiscal a la clase trabajadora, lo cual no tiene porque ser así tal como explicaba. Cuando además, se obvia que el ahorro de los ricos sirve para crear empleo, de ese que disfruta la clase trabajadora y mejora su calidad de vida.
En cualquier caso, hay dos factores a tener en cuenta. El primero, también comentado en la entrada anterior, es que el objetivo del sistema fiscal no debería ser la maximización de ingresos, sino la optimización del sistema. Y el segundo y más importante, que en lugar de fijar objetivos de igualdad de resultados, los impuestos deberían tener como objeto la igualdad de oportunidades.
Este hecho encierra unas connotaciones más profundas de los que se pudiera pensar, ya que la igualdad de resultados se aprovecha para crear clientelismo político, ya que el objetivo es permanecer en el sillón, siendo una consecuencia de ello la degradación democrática del país.
Pero independientemente de toda la ideología que rodea el debate sobre este impuesto, la crítica constructiva debe dirigirse a si sus características reúnen los requisitos que deben reunir los impuestos. Algo recogido en un artículo muy recomendable de Miguel Sebastian.
Los problemas que subyacen al impuesto de patrimonio son la falta de suficiencia (baja recaudación), la inequidad vertical y horizontal (reparto equitativo de la carga del impuesto entre sujetos pasivos de distinta e igual renta), y la ineficacia (distorsión en asignación de recursos).
1.- Suficiencia.- El impuesto da lugar a una recaudación mínima (1203 mill en 2020) , y criticar su bonificación debería compararse con el coste que supone la ineficiente gestión pública, que se pone de manifiesto por distintas vías, unos ejemplos:
1.1-España es el país donde la ejecución de los fondos europeos solo llega al 34% (Fondo plurianual 2014-2020). El país que menor porcentaje de fondos ha ejecutado de la UE, lo que supone no haber gastado 37.000 mill de euros.
1.2-Las multas impuestas por la UE a España por no transponer las directivas comunitarias. Una situación derivada de la falta de responsabilidad, que conlleva a una situación de riesgo moral, ya que hace recaer esta desidia sobre todos los contribuyentes. De hecho, España encabeza, conjuntamente con Grecia, el ranking de países con mayor número de procedimientos abiertos por no transponer, o hacerlo incorrectamente, directivas de la UE.
1.3-El volumen de gasto, de difícil cuantificación, que podría ser atribuible a la discreción política, que contribuye a alimentar el clientelismo político disfrazado de estado de bienestar, como por ejemplo ocurre actualmente con las pensiones, IMV, seguro de desempleo u otras ayudas.
En este sentido, debo incidir en que no se interprete mal esta afirmación. Es necesario un estado de bienestar. Pero este no debe estar contaminado por la ambición política. El gobierno debería preocuparse más de conseguir la independencia intelectual y económica de sus ciudadanos, que de que estos dependan del estado. Y eso pasa por educación y crear empleo de calidad.
Pero crear empleo y salarios dignos parece no estar en el ADN de nuestros políticos. En julio de 2022 la tasa de desempleo era la más alta de la UE (12,6%) y más del doble de la media de la UE. Y el salario por hora era el treceavo de la UE, y un 22% inferior a la media de esta.
2.-Equidad.- Es decir, que se pague en función del patrimonio existente.
La equidad vertical ha sido el principal argumento para la creación de este impuesto. Sin embargo, esta está ausente, ya que las grandes fortunas lo eluden, ya sea a través de sociedades o deslocalizando su vivienda habitual. Situación que se intensificará si el nuevo impuesto a las grandes fortunas deja de considerar la exención a la empresa familiar.
Este hecho enlaza directamente con el argumento populista de la izquierda de evitar que el esfuerzo de la crisis recaiga “sobre los de siempre”. Si se va la inversión, se va el empleo, y entonces si que el esfuerzo recaerá sobre los trabajadores, a no ser que se nacionalice toda la economía y nos volvamos un país todavía más socialista.
Y tampoco se cumple el requisito de equidad horizontal, que implica tratar por igual a dos personas iguales desde el punto de vista de los ingresos. Por ejemplo, si una persona logra ahorrar y constituir un patrimonio, tendrá que tributar por el impuesto de patrimonio. Mientras que otro ciudadano con los mismos ingresos se los gasta, no tributará por dicho impuesto. Es decir, se penaliza el ahorro.
Más grave aún es el hecho de que cuando se producen crisis, se exige un mayor esfuerzo a aquellos con patrimonio para ayudar al resto de la sociedad. Un ejemplo reciente lo tenemos en las declaraciones de las ministras Montero y Calviño, que han solicitado la necesidad de “pedir un mayor esfuerzo” a quienes tienen beneficios extraordinarios, incluyendo en ello a eléctricas, banca, lo que es en este último caso demagógico y un auténtico despropósito, y grandes fortunas, sin excluir, en este último caso, que se vea complementado con mayores tipos marginales en IRPF.
La cuestión es que parte de esta sociedad que requiere ayuda puede ser aquella que no ha ahorrado y ha gastado sus ingresos; lo que implica, además de una injusticia, penalizar doblemente el ahorro.
3.- Eficiencia. Implica que no distorsione la asignación de los recursos ni perjudique el crecimiento económico a largo plazo. Algo que deriva de la ausencia de equidad vertical si se deslocaliza la vivienda habitual y con ella las inversiones; pero también en el caso de la ausencia de equidad horizontal.
Y esto se produce como resultado de que el impuesto distorsiona la asignación de recursos, incentivando el gasto sobre el ahorro. Cuando de este último deriva la inversión, la creación de empleo y la productividad. Y el menor ahorro implica que la inversión proceda del exterior, y eso supone un incremento de deuda exterior e incrementar nuestra dependencia de terceros países.
Es decir, se condiciona el crecimiento a largo plazo y la calidad de vida, al mismo tiempo que el futuro de la juventud.
En resumen, el impuesto de patrimonio se encuentra fuertemente condicionado por la ideología, una demagogia populista que forma parte del elenco de medidas que se utiliza para manipular a la opinión pública, con un resultado a largo plazo perjudicial para la economía y la población.
Algo que quizá deriva del rédito político que supone mantener a la población ignorante, que implica no entender las consecuencias a largo plazo de las decisiones de hoy en política económica. Algo que contribuye a la degradación democrática del país.
Siendo quizá todos estos motivos suficientes para que la mayoría de países hayan prescindido de este tipo de impuestos. A pesar de ello se recuerda frecuentemente que determinados países lo mantienen, total o parcialmente.
Y en cualquier caso, el susto de un nuevo impuesto al patrimonio puede no ser el último, ya que el Gobierno tiene comprometida una reforma tributaria que, según el componente 28 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia firmado con Bruselas, debe ver la luz a principios de 2023, reforma que podría afectar al impuesto de sucesiones y donaciones
Se incide en que es necesario evitar la competencia fiscal entre CCAA, y que son necesarios ingresos para poder ayudar a los más vulnerables. Y para ello "Hacen falta más ingresos y hace falta que la recaudación sea lo más eficiente y eficaz posible".
Yo creo sinceramente que se debe evitar la competencia fiscal entre CCAA, que supone cierta competencia desleal. Pero al mismo tiempo esa armonización debería instrumentalizare como la eliminación del impuesto al patrimonio o la riqueza, da igual como se llame.
Y en cualquier caso, la manida excusa de subir los impuestos para ayudar a los más vulnerables olvida que la mejor política es la que evita que haya vulnerables. No es fácil. Indudablemente es más fácil redistribuir la riqueza a través de impuestos buscando la igualdad de resultados. Hecho que convenientemente contribuye a alimentar el clientelismo político para asegurar el sillón y degradar la democracia.
