Una vez más se ha levantado la polémica sobre el impuesto de patrimonio. En este caso ha sido a raíz de la bonificación de dicho impuesto por el presidente andaluz. Y ante la medida, la izquierda mediática ha aprovechado la ocasión para la crítica ideológica y polarizar el debate.
El diario El País ha sacado varios artículos al respecto, en uno reciente: “Irresponsabilidad fiscal” . Directamente indica que la iniciativa popular tiene un origen ideológico y neoliberal. Identificando la supresión efectiva del impuesto como competencia fiscal desleal, económicamente ineficiente y desastroso para el buen funcionamiento del estado.
Una competencia fiscal desleal justificada porque su pretensión es sustraer ingresos impositivos a otras comunidades. Recayendo el resultado de la ineficiencia de la medida y mal funcionamiento del estado sobre el hecho de la pérdida de recaudación.
Conclusión un tanto sorprendente, ya que sería triste que el funcionamiento de las CCAA dependiera de 1.200 mill., que es el volumen recaudado por el impuesto de patrimonio. Cuando además, presupone que el sector público haría mejor uso que el privado de esos fondos.
La irresponsabilidad fiscal de la medida parece recaer en la reiterada afirmación de que los ingresos fiscales sirven para financiar servicios públicos, y que la falta de financiación da lugar a un deterioro a largo plazo de los mismos. Algo llamativo, ya que el impuesto de patrimonio supone unos 25 euros/año por ciudadano. Si con este importe se solucionan todos los problemas de los servicios públicos, bienvenido sea.
En cualquier caso, también se ignora que la pérdida de ingresos fiscales del impuesto de patrimonio se pueden recuperar en cada CCAA que bonifique el impuesto a través de otros impuestos, como el IRPF, si efectivamente se produce un “voto con los pies” de las rentas altas; o también elevando los tipos marginales más altos del IRPF. Pero eso desmontaría el argumento de que la bonificación del impuesto implicaría una mayor carga impositiva sobre el resto de la población, los trabajadores.
Sin embargo, la prensa afín al psoe indica que este voto con los pies no se produce. Datos que no parecen confirmar otras fuentes, ya que las rentas más altas se acumulan en la CCAA de Madrid.
En cualquier caso, en todo este argumentario llama la atención el que parece que el gran problema del país son los ingresos fiscales, es decir, la maximización de la recaudación, cuando el objetivo debería ser la optimización de la estructura fiscal.
Es decir, lograr una estructura fiscal lo más neutra posible, que logre los máximos ingresos tributarios pero sin desincentivar la inversión ni el crecimiento económico. El problema puede ser que la izquierda identifica progreso con ingresos tributarios.
Otro argumento más de la crítica es la afirmación de que complementa al de la renta, contribuyendo a detectar los ingresos que han eludido tributar en IRPF. Lo cual hace surgir las dudas de si se conoce la diferencia entre fraude y elusión, ya que este último es legal y puede derivar y ser fruto de una defectuosa legislación. Y en cualquier caso, si el problema es descubrir fraude, que no elusión, el impuesto de patrimonio podría ser sustituido por una declaración informativa.
De todos estos hechos, cabe deducir que la crítica a la bonificación del impuesto por la izquierda es notoriamente ideológica, por lo que atribuir al PP esta modificación fiscal como ideológica, hace como poco sonrojar. Más si como parece, para evitar la iniciativa popular, el psoe y sus socios ya han encontrado la solución, un nuevo impuesto: el impuesto a las grandes fortunas. La ley comunista de Podemos.
Lo que lograrán es que la deslocalización de las grandes fortunas, en lugar de ser a Madrid o Andalucía, sea a Portugal o Andorra, perdiendo por tanto además los ingresos fiscales derivados del IRPF, quizá también sus inversiones. Nuestros países vecinos se estarán frotando las manos.
El nuevo impuesto está previsto que sea efectivo en 2023 y que nazca con la voluntad de ser temporal. Pero por si acaso, la ministra Montero ya ha dejado caer que el futuro determinará si se prorroga o no. Y al menos algunos de los socios del psoe ya reclaman que sea un impuesto estructural. Yo intuyo lo que ocurrirá ¿y vosotros?
Además, este tipo de modificaciones legislativas, en cierto modo constituyen una situación de inseguridad jurídica, ya que pueden alterar de forma significativa la situación fiscal de los contribuyentes.
En cualquier caso, el nuevo impuesto, presumiblemente se tratará, de forma análoga al impuesto de patrimonio, de un impuesto confiscatorio y anticonstitucional, ya que vulnera el artículo 31 de la Constitución.
La inconstitucionalidad deriva del carácter confiscatorio del impuesto. Un impuesto es confiscatorio en cuanto que su carga impositiva es superior al beneficio que genera. Y el mejor ejemplo es mostrar como los tipos impositivos del impuesto son superiores a la rentabilidad libre de riesgo, a lo que habría que sumar la doble tributación a la que se ven sometidos los rendimientos del capital en el IRPF. Situación peor todavía si tenernos en cuenta la inflación actual, que podría dar lugar a rendimientos reales negativos.
Estos hechos justifican establecer la bonificación del 100% del impuesto, de tal forma que en realidad, esta bonificación implica más respeto al estado de derecho y más democracia.
Soy consciente de que no se ha declarado legalmente este impuesto inconstitucional, lo que no implica que en un momento determinado esto ocurra, como ya ha ocurrido con el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, también denominado plusvalía (IIVTNU).
Curiosamente, los que critican la supresión del impuesto por las CCAA, al mismo tiempo defienden las competencias de las CCAA, pero cuando estas legislan algo que no conviene, se critica y se trata de regular para cambiarlo. Barajándose la posibilidad de topar las competencias autonómicas en materia fiscal, que consistiría en establecer unas horquillas de actuación, evitando la potestad de suprimir impuestos, limitando por tanto el ámbito competencial de las CCAA,
Hecho que por otra parte constituye cierto fraude de ley e incoherencia política. La izquierda defiende el estado de las autonomías y sus competencias, pero cuando estas ejercen su potestad, parece que las competencias autonómicas quedan subordinadas a la ideología.
El gobierno ha calificado sus políticas al respecto de armonización, no de centralización, porque ideológicamente vende más. Aunque cabe resaltar que dichas políticas de armonización y lucha por la igualdad impositiva, parece que excluyen a las comunidades de régimen especial.
Y de fondo surge una solución complementaria. La creación de un impuesto a las grandes fortunas de naturaleza estatal.
Parece ser que este nuevo impuesto sería de una cuantía determinada en la que se podría deducir el impuesto ya pagado por el impuesto de patrimonio en cada autonomía, evitando una nueva doble imposición. Indicando literalmente que los ingresos del nuevo impuesto no se cederían a las autonomías, “ya que no tendría lógica darle lo recaudado a una región que previamente ha eliminado el impuesto”. Lo que lógicamente impulsaría a dichas autonomías a eliminar la bonificación del 100%, pudiendo ser sustituida por otras medidas en IRPF, quizá volviendo a comenzar otra lucha ideológica.
Pero si bien los ingresos derivados del impuesto de patrimonio actualmente son escasos, veremos los del nuevo impuesto, que según GESTHA, el sindicato de técnicos de hacienda, permitiría elevar los ingresos fiscales por estos impuestos hasta 2.300 mill.
Actualmente, los ingresos derivados del impuesto de patrimonio suponen una mínima parte de los ingresos fiscales de las CCAA. Unos 1.200 mill de euros/año, del orden del 0,5% del conjunto de ingresos fiscales.
Y en el caso concreto de Andalucía, el impuesto de patrimonio supone un 0,66% de la recaudación, unos 110 mill de euros en un total de 16.700 millones de ingresos fiscales; o sobre un total 45.000 millones que suponen los presupuestos generales de la Junta de Andalucía.
Por tanto, los datos muestran que los ingresos fiscales derivados del impuesto de patrimonio son cuasi insignificantes, dando lugar a que el debate sea de tipo ideológico dejando la eficiencia en un segundo o tercer plano. Siendo quizá este uno de los mayores problemas de España, ya que la ideología prevalece sobre el futuro del país.
