El otro día hablé con Negocios.com / Intereconomía sobre qué
medidas debería tomar el gobierno de Rajoy. El resultado salió ayer, en un artículo donde también opinan Lorenzo Ramirez y
Juan Ramón Rallo.
Con estas cosas uno difícilmente se queda satisfecho, por lo que
resumiré lo que dije.
En primer lugar, como objetivo más urgente, se debe despejar el
fantasma del default o salida del euro, como medio para evitar un desastre
todavía mayor, dado que los mercados se cerrarían y los capitales huirían como
de la peste; los costes de financiación se dispararían con todos las
repercusiones que ello tiene en forma de contracción (todavía mayor) de la
actividad y el empleo. Esto parecería lo más urgente. Por supuesto que
esto no genera crecimiento económico, pero evita una catástrofe mayor.
En estos momentos parece que este riesgo está un poco apartado,
básicamente porque el rescate y la posterior compra de deuda del BCE está
prácticamente descontada. Pero los fundamentales no veo que hayan cambiado
sustancialmente.
¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se genera la percepción de que España es un país solvente?
Primero, obviamente, corrigiendo el grave desajuste de las finanzas públicas.
¿Subiendo aún más los impuestos? No creo que ésa sea la vía: recuerden la Curva
de Laffer, o más coloquialmente, cuidado con matar a la gallina de los huevos
de oro. Más bien, bajando de manera contundente los gastos públicos. Como debe
hacer una empresa que se encuentra en graves dificultades, debe hacer una
revisión profunda de su estructura de costes e incentivos, para hacerla más
eficiente y asegurar su viabilidad. Ello, normalmente, conlleva decisiones
dolorosas que ya estamos viendo; pero es esencial para que la empresa
sobreviva.
Por otro lado, antes he puesto la palabra
"percepción", que es clave. Además de hacer bien las cosas, hay que
enseñar al mundo que se están haciendo, y convencerles de ello. Para conseguir
esta credibilidad, parece importante cumplir con los compromisos a los que el
Gobierno se ha comprometido con Europa (ej. objetivo de déficit). Asimismo, no
estaría mal que el Gobierno contara (o hubiera contado) con un "plan de
viabilidad de España S.A." donde se detallara la estrategia a seguir
en materia de política económica. Sí, algo así como un programa electoral pero
de verdad. Esto para generar cierta certidumbre a los inversores, y evitar los
bandazos e improvisaciones que han caracterizado a éste y al anterior gobierno.
Eso sí, obviamente, habría que atenerse a ese plan y no desviarse de él.
En tercer lugar, se debe aumentar el atractivo
de invertir en España para captar capitales extranjeros, tanto en forma de
inversiones en cartera como inversiones directas. Aquí hay un gran margen de
mejora, que ha sido puesto de manifiesto recientemente por, al menos, un par de
empresarios de renombre. Uno, Victor
Grifols, quien critica duramente el marco español de hacer negocios,
básicamente por inseguridad jurídica y falta de seriedad de las
Administraciones Públicas. Dos, Martin
Varsavsky (el post no trata sobre ello, pero sí lo menciona en un
paréntesis), quien hizo lo mismo, haciendo referencia al factor cultural de que
en España se mira con desagrado y envidia al empresario, y a la inexistencia de
un marco mínimo en el que desarrollar la actividad empresarial, algo que sí
encuentra en Estados Unidos. También sacó a relucir la cuestión del crédito: “el
poco crédito que hay está metido en el agujero negro de la construcción y los
bancos malos”.
Las mejoras pueden hacerse en muchos frentes:
mercado laboral (Varsavsky ha dicho ya varias veces que la reforma laboral del
PP no supone un abaratamiento de la contratación sino solo del despido),
mercado energético (con el desastre tema de las renovables y una de las
energías más caras de nuestro entorno), impuestos (sociedades y plusvalías),
facilidad para crear nuevos negocios (algo en lo que, como muestra el informe
Doing Business y señalan analistas y emprendedores, España suspende), etc.
Por supuesto, en todo esto la banca también
tiene un papel importante. Pero para que pueda tener un rol positivo sobre la
actividad y el empleo, se debe avanzar en su recapitalización y
desapalancamiento, evitando al máximo posible que sea el contribuyente español,
ya suficientemente castigado, el que pague la factura de su mala gestión.
