La medida estrella de un gobierno, que define sus prioridades políticas, son los presupuestos generales del Estado (PGE). Y en el caso actual, parece ser que es ganar las elecciones, al precio que sea, aunque sea a costa del futuro del país.
Si partimos de la situación actual, se prevé que el agujero presupuestario a cierre de este año ronde el 5%, más de 60.000 millones de euros. Previendo el ejecutivo una reducción en 2022, lo que dependerá también de la evolución de la economía , ya que en negativo implicará un incremento del gasto derivado de los estabilizadores automáticos, como las prestaciones por desempleo y menores ingresos fiscales de los estimados, y en este sentido el Banco de España y la AIREF ya estiman un crecimiento 0,7-0,6 décimas por debajo de las estimaciones de los PGE.
Y en este contexto, en que las pensiones suponen la mayor partida de gasto, se defiende un incremento imprudente, no solo por el momento actual que vivimos, sino porque supone su consolidación en los PGE y su carácter estructural, que genera pasivos contingentes para el futuro.
Los PGE estiman que la recaudación se elevará en unos 18.000 millones hasta los 262.000 millones . A esta cifra se le sumarán las cotizaciones sociales y otros recursos. Con ellos tendrá que financiar el incremento del coste de las pensiones por un importe de 19.000 millones de euros.
El gasto social repuntará un 10,5%, hasta rebasar los 266.000 millones de euros, de los 2/3 se destinarán a las pensiones, un gasto que se incrementará un 11,4% entre la revalorización del 8,5% y la incorporación de nuevos pensionistas con derecho a pensiones más elevadas.
La Seguridad Social recaudará 152.075 millones de euros en 2023 vía cotizaciones sociales. Gastará (sin operaciones financieras) 192.102 millones, dando lugar a un desequilibrio equivalente a algo más de 40.000 millones, un 25% del gasto, que será cubierto por las aportaciones del Estado, es decir, a través de impuestos y deuda. Para compensarlo, los ingresos por cotizaciones crecerán un 11,5%. Tanto por el aumento del empleo, como por la actualización de las bases de cotización, que suben un 8,6% hasta 4.495,5 euros mensuales.
Algo un tanto incoherente en un gobierno que pide un pacto de rentas mientras sube las pensiones un 8,5% e incrementa los ingresos públicos a través de la inflación. Como muestra el hecho de que los ingresos por impuestos se han incrementado en 22.000 mill entre enero y julio, un 18% más en términos interanuales
Cuando además, después de subidas del SMI y del incremento del coste de la energía, la medida supone un incremento de los impuestos al trabajo. El resultado, previsiblemente será menos empleo y/o menores salarios. Y menor renta disponible supone menor consumo y menor PIB. No parece el mejor camino.
Pero el derrotero del ajuste presupuestario del sistema no solo implica el incremento de cotizaciones, también supone actuar sobre los gastos impropios. Se insiste en la necesidad de consolidar la separación de fuentes de financiación para restablecer el equilibrio financiero del Sistema. Lo que se traduce en que las cotizaciones sociales, aquellas con las que se financia el Sistema, se destinen exclusivamente a costear las prestaciones contributivas de la Seguridad Social, algo en principio lógico.
Los gastos impropios se definen como aquellos que no tienen que ver con el carácter contributivo del sistema. Entre esos gastos se encuentran parte de las prestaciones no contributivas (de carácter asistencial), políticas de incentivos al empleo a través de reducciones de cuotas, políticas de apoyo a las familias o gastos de funcionamiento que, de acuerdo a las recomendaciones del Pacto de Toledo, deberían ir con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y que servirían para superar el déficit financiero del sistema.
En este sentido, quizá habría que destacar dos cuestiones. Una que me ha sorprendido siempre es que los gastos de gestión del sistema se consideren impropios. Estos en 2019 han supuesto unos 3.911 mill de un total de gastos impropios de 22.871 mill, un 17,1% del total. Y una segunda es que se puede equilibrar el sistema a través de apuntes contables, pero los pasivos del estado siguen ahí y hay que satisfacerlos.
De tal forma que si ahora el déficit de la seguridad se satisface a través de transferencias del estado, y por tanto de impuestos, la eliminación de los gastos impropios de los presupuestos serán financiados de igual modo. Y esto implica que los propios pensionistas contribuirán a financiarlo, y por tanto, de forma indirecta, reduce sus pensiones.
Y en paralelo a este tema de financiación de la seguridad social, cabe destacar las pensiones privadas. Un sistema de capitalización y por tanto distinto al de reparto que caracteriza las pensiones públicas. Un sistema que no afecta directamente a los ingresos de la seguridad social, pero si a los ingresos fiscales y por tanto a los PGE.
La nueva regulación de los planes de pensiones ha dado lugar a unas menores deducciones por aportaciones al reducirse la base de la deducción de 8.000 euros en años previos a 1.500 euros en 2023. Una limitación que reduce la capacidad individual de ahorro en un contexto de insostenibilidad de las pensiones públicas. Lo que contribuye a una menor contributividad y consolidar el mayor carácter asistencial a largo plazo del sistema.
Y en este sentido, cabe destacar un estudio del Instituto de Estudios económicos (IEE) , que con datos de 2018 indicaba que los beneficios fiscales a las aportaciones a los planes de pensiones eran del 16,3% en España, de los menores de la OCDE y la UE, que se situaban respectivamente en el 27,9% y 27%.
Algo que ha contribuido a que el patrimonio en planes de pensiones individuales se haya situado en 81.123 millones en junio. Lo que supone solo un importe algo superior al 50% del gasto anual en pensiones. Como justificación, se ha argumentado que el beneficio fiscal de los planes de pensiones ha supuesto un coste de 9.333 mill en 2021. Cuando además, en cierto modo, el término de beneficio fiscal no es adecuado. Ya que no considera la tributación de estos fondos cuando se recuperan, que por cierto tributan al tipo marginal una vez sumado el importe de la pensión pública.
Aunque naturalmente este impuesto se paga en el futuro, y lo que importa son los ingresos hoy y lo que se deja de percibir por la deducción de la que disfrutan estas aportaciones. Cuando por otra parte, el hecho de que la recuperación de estos planes de pensiones tributen al tipo marginal, supone un incentivo para recuperar antes las rentas del ahorro.
También se argumenta que es un beneficio fiscal regresivo porque se benefician en mayor medida las rentas altas. Lo que es cierto, y lógico, y forma parte de lo que constituye un sistema contributivo en el que más contribuye más cobra.
Un sistema que debería corresponderse con el hecho de quien más cobra, tiene más formación y aporta más al crecimiento económico y al bienestar de la sociedad en su conjunto. De tal forma que este desprecio conduce a una sociedad que valora más la igualdad de resultados que de oportunidades. Una sociedad que al final no valora la cultura del esfuerzo y de la responsabilidad, que no valora el emprendimiento y el riesgo.
Cuando además, nuestros políticos olvidan que el ahorro es importante para la inversión y el progreso del país. Aunque naturalmente, hay gente que piensa que el dinero está mejor en manos públicas que privadas.
Pero independientemente de que este en unas manos u otras, habría que analizar el destino de esos fondos, ya que en manos privadas puede destinarse a inversión, y este destino no es el habitual en los fondos públicos, sino el gasto social, que puede derivar en clientelismo político y no en progreso, degradando de paso la calidad democrática del país.
