Uno de los problemas importantes en España es la evolución de la inflación. Los últimos datos del INE muestran como el indicador adelantado del IPC en agosto presenta un incremento anual del 3,3%, por encima del 2,9% de julio, y este último por encima del 2,2% del área euro. Mientras que el IPC subyacente español se queda rezagado en el 0,7%.
Figura.- Nota de prensa del INE de 30 de agosto de 2021
Aunque el diferencial de inflación con el área euro también cabe ser atribuido en parte a que la electricidad presenta un mayor peso en la cesta de la compra española, un 3.5% frente a un 2,9%, y que el sistema de fijación de precios es distinto, trasladándose antes los incrementos de precio al mercado minorista que en otros países europeos.
Se puede pensar, en función de la figura precedente, que los datos no son preocupantes dado que le IPC subyacente es bajo. Sin embargo podemos apreciar como su tendencia es creciente comenzando en abril de este año, mientras que el IPC general comienza a elevarse en febrero.
Algo que puede interpretarse como lógico si el incremento del IPC subyacente se produce como consecuencia de efectos de segunda ronda, secundarios a otros incrementos de precio, en este caso los energéticos fundamentalmente.
La nota del INE es muy clara al respecto, indicando que en julio, en términos interanuales, los productos energéticos se incrementaron un 20,7% y los carburantes y combustibles un 17,9%, seguidos de cerca por alimentos sin elaboración y productos energéticos, que se incrementaron un 12,3%.
A nivel macro, los optimistas indican que no cabe excesiva preocupación, ya que el incremento es temporal, debido al efecto base de la pandemia, y el desequilibrio temporal derivado de un shock positivo de demanda y negativo de oferta que desequilibra el mercado presionando los precios.
Pero como he indicado, presentamos un gap relativamente importante con la inflación del área euro, y eso se puede traducir en pérdida de competitividad. En mayor medida si esta inflación se traslada a salarios.
Pero quizá el problema importante recae a nivel micro, sobre hogares, autónomos y pequeñas empresas. A este nivel debemos recordar que la energía se caracteriza por su demanda inelástica, de tal forma que su demanda no variará excesivamente con el precio.
Esto implica un incremento de costes y menor consumo por las familias, en mayor medida las que tienen una mayor propensión marginal al consumo, que son las de menor renta y deben destinar una mayor parte de sus ingresos a servicios/bienes esenciales.
La subida de precios de la luz puede tener un efecto muy diferente en función del nivel de ingresos de las familias, siendo una consecuencia importante del incremento una mayor pobreza energética.
Según el informa sobre pobreza energética en España 2018 https://niunhogarsinenergia.org/panel/uploads/documentos/informe%20pobreza%20energ%C3%A9tica%202018.pdf , los hogares en el primer decil de renta de ingresos gastan menos en energía, unos 5,6 euros por persona y m2 que los del décimo decil, y ese gasto representa del orden del 9% de los ingresos, los del décimo decil gastan unos 8 euros pero esta cantidad solo supone el 3% de sus ingresos (datos 2016)
Figura.- Informe sobre pobreza energética en España 2018.
Además, de la misma forma que se argumenta que la elevada inflación se debe en gran parte al efecto base, no debemos olvidar que este mismo efecto, si no se reducen los precios, puede conducirnos a convivir con precios altos e inflación baja a más largo plazo.
Esta situación, en el caso de actividades económicas, implica que la inflación se traduce en una reducción de los beneficios o subidas de precios, lo que puede contribuir a ahogar la actividad y a la desaparición del tejido empresarial.
En mayor medida si sumamos los incrementos recientes y futuros del salario mínimo interprofesional (SMI), ya que el objetivo del gobierno es elevarlo hasta que suponga el 60% del salario medio. Pero curiosamente, no sabemos si el gobierno se ha planteado si los autónomos, por ejemplo, llegan o no llegan a ese nivel de ingresos.
La cuestión es que el incremento de costes se traduce en una menor viabilidad empresarial, sobre todo de pequeñas empresas, que son aquellas que presentan más empleados con salarios bajos, deduciendose lógicamente que la desaparición del pequeño empresario se acompañará de una destrucción de empleo de precisamente aquellos trabajadores de menor remuneración.
Quizá la intención del gobierno sea promover una destrucción creativa estilo Schumpeter, que por cierto podría ser beneficiosa para modernizar la estructura económica del país. Pero esta iniciativa se debería hacer en un principio facilitando el emprendimiento y el crecimiento empresarial, también de los pequeños.
Sin embargo, quizá, el propósito del gobierno se quede en la primera fase del proyecto, es decir, la destrucción, quedando la parte creativa relegada a nuevas generaciones y por supuesto, gobiernos más competentes.
Se podría argumentar que la parte creativa podría tener su origen en los fondos europeos NGEU, aunque destinar un porcentaje elevado de los mismos a la transición energética no parece una buena idea, y mucho menos destinarlos a la lucha contra la violencia machista, desigualdad de género o promocionar películas.
Debemos huir de la utilización ideológica de fondos en el sentido de no utilizar las posibles desigualdades o violencia contra la mujer como excusas para comprar clientelismo político, ya que si bien hay que luchar contra este tipo de lacras, como por otra parte recoge la Constitución y el derecho penal; se debe huir de la publicidad partidista y centrarse hacer lo que debe hacer un gobierno: hacer cumplir la ley.
Por tanto, y a pesar de la subida del SMI, el desempleo puede incrementarse, y con el él gasto público, derivado de la entrada en funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Gasto que puede sumarse al derivado de una imprudente subida de pensiones y/o salarios públicos con la inflación.
Indiciar las subidas de pensiones y salarios públicos a la inflación convierte el incremento de gasto de estas partidas en estructural, consolidándose para el futuro. En un momento además en que la deuda pública ya ha alcanzado cotas impensables hace unos años situándose en el 125% del PIB en marzo y la estabilidad de los presupuestos depende de la intervención del Banco Central Europeo en los mercados.
De hecho, según El Confidencial , basándose en datos de FUNCAS , cada punto de IPC aumenta el coste de las pensiones en 1.300 millones y el del salario de los funcionarios en 1.400 millones.
Quizá esto suponga una cortina de humo transitoria que solo implicará que aterrizar en la realidad sea más doloroso, quizá con un ajuste en el sueldo de funcionarios como en la época de Zapatero, y/o un ajuste en las pensiones a la griega.
Y llegado a este punto, cabe mencionar un reciente artículo de M Hidalgo en vozpópuli sobre la inflación y situación actual de España. Indicando que cualquier política que permita distribuir más y mejor los costes de la subida de precios y que a medio plazo suponga una menor carga energética para todos, será en buena parte una política económica y social.
Llama la tención, lo mismo por cierto que muchas otras opiniones, en la incidencia en la solución del problema a través del reparto de la carga que supone dicho incremento. Pero sin mirar más lejos, sobre los orígenes del problema que recaen en la pobreza derivada del modelo productivo español.
Un modelo productivo ahogado por la regulación y los impuestos, donde se penaliza el emprendimiento y la creación y retención de capital humano, factores todos que contribuirían a dotar de mayor valor añadido a la economía y arrastraría los salarios.
