La Gran Pandemia es una crisis global originada en China y provocada por un virus, el SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad de la COVID-19. La cuestión es que las medidas tomadas para frenar la expansión de la pandemia han contribuido a frenar la actividad económica. Siendo de destacar que, aunque global, esta crisis está golpeando a España de forma especialmente dura, dando lugar a una caída del PIB sin precedentes en décadas.
Según la actualización de enero del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el año 2020 el PIB mundial se contraerá un 3,5%, mejorando las previsiones realizadas en octubre de 2020 (tabla siguiente). Pero en estas predicciones cabe destacar la de España, la mayor caída de todos los países analizados, llegando a un -11,1%.
Tabla.- Previsiones de crecimiento del FMI de octubre de 2020 y enero de 2021.
Aunque no todo son malas noticias, ya que también la misma institución prevé un crecimiento de 5,9% y 4,7% respectivamente para 2021 y 2022, por encima de las previsiones de crecimiento mundial (5,5% y 4,2% respectivamente). Datos que se pueden explicar debido a la caída mucho mayor del PIB en España en el año 2020 que facilita un mayor rebote posterior.
Indudablemente, estas previsiones pueden cambiar en función de distintos factores, como la persistencia de los estímulos fiscales, existencia de efectos spillover globales, características estructurales de cada país previas a la crisis, o la evolución del control de la pandemia , que recaerá de forma significativa sobre la capacidad logística y eficacia de las vacunas, encontrándose ésta condicionada por la aparición de nuevas variantes del virus más contagiosas o patogénicas ( más información aquí y aquí).
Y como en todas las crisis, uno de los efectos más visibles es la evolución de la tasa de desempleo. En todos los países de la UE salvo Italia y Portugal, las tasas de desempleo se incrementaron, siendo significativos el 57,8% de Lituania y 55% de Chequia. Si bien estos datos pueden inducir a confusión, ya que si se parte de una tasa de desempleo muy baja (6,4% y 2% respectivamente para ambos países), estos incrementos son más aparatosos que reales. Cuando además, debemos tener en cuenta que muchos países han adoptado medidas semejantes a los ERTEs españoles maquillando y desvirtuando el efecto real de la crisis sobre el desempleo.
Siendo uno de los ejemplos España, en que el desempleo se incrementó un 18,25% en el 4T de 2020 en términos interanuales, desde el 13,7% al 16,2%, aunque a final de año el número de trabajadores en ERTE aún era de 755.613, habiéndose alcanzado un máximo de 3,6 millones en abril.
En cualquier caso, como mostraban los datos del FMI, es un hecho incontestable que la crisis ha golpeado profundamente a la economía española. Situación que se ha justificado en base a dos factores principales. La estructura económica del país en la que los servicios que implican contacto físico con los clientes constituyen una parte importante del PIB; y en segundo lugar, la estructura empresarial, caracterizada por el pequeño tamaño de la empresa española (figura siguiente).
Figura. Estructura empresarial por países en función del número de empleados. Datos EUROSTAT
El tamaño empresarial es importante porque las empresas pequeñas presentan mayores dificultades para obtener financiación, siendo esta mayoritariamente bancaria, y por tanto estando sometidas al análisis de riesgo financiero y a la necesidad de aportar garantías personales. Cuando además, generan menores economías de escala y crean menor valor añadido que las grandes.
Ello no implica sin embargo que no se deba preservar, en la medida de lo posible, la estructura empresarial. En este sentido, el ejecutivo ha proporcionado a las empresas ayudas públicas para paliar potenciales problemas de liquidez a través de créditos ICO. Sin embargo, la persistencia de la crisis hace que las deudas se acumulen afectando a la solvencia empresarial. Motivo por el que las ayudas deberían ir más lejos e incidir sobre este problema.
Pero también, al valorar las ayudas a las pequeñas empresas tenemos que considerar distintos aspectos. Muchas actividades han estado cerradas por orden gubernativa, no por voluntad empresarial, bajo el principio de que se trata de un problema de salud pública y esta medida contribuiría a solucionar la dispersión del virus, aunque simultáneamente atente contra un derecho fundamental.
En cualquier caso, e independientemente de la ya necesidad de cambiar el modelo productivo del país , en estos momentos preservar el tejido productivo debe ser una prioridad; ya que facilita la recuperación de la crisis. Sin embargo, la concesión de ayudas a las empresas debe tener en cuenta dos factores:
1.-Cualitativos: que las empresas sean viables, para no contribuir a crear empresas zombie, lo que implicaría un coste de oportunidad, además de lastrar la productividad del país.
Situación que podría estar creándose, ya que en un periodo de crisis importante, los datos del INE nos muestran como en el año 2020 se han disuelto un número de empresas incluso inferior a años anteriores.
Figura.- Nota de prensa del INE.- Estadística de Sociedades Mercantiles
Por tanto, ser eficiente en las ayudas proporcionadas a las empresas es importante, motivo por el que se ha encargado un estudio a la consultora Oliver Wyman para que determine que empresas serán salvadas y cuáles no, objetivo adecuado pero que encierra el deseo del ejecutivo de evadir el coste político de la decisión.
2.-Cuantitativos: en qué medida ayudar a las empresas, siendo por ejemplo una posibilidad financiar los costes fijos (a pesar de los ERTE) de periodos en que han estado cerradas, o alternativamente ayudas proporcionales en los casos en que se han restringido los horarios de apertura, sobre todo teniendo en cuenta que ello se produce por decisión gubernativa.
Debemos recordar sin embargo, que estas ayudas, aunque necesarias, las pagaremos entre todos, ya que se trata de una socialización de los efectos económicos de la pandemia. Y su cuantía será mayor de la debida tanto por la mala gestión pública de la crisis, como la ausencia de políticas contracíclicas previas del gobierno, pero también de las empresas, con matices:
Si le pedimos políticas contracíclias al gobierno, también se le pueden pedir a las empresas, ya que una buena gestión debería implicar un cierto ahorro precautorio. Si bien, es cierto que este nivel de ahorro es limitado, y el alargamiento de la crisis condiciona su eficacia.
Por tanto, el mantenimiento de la estructura empresarial es importante, tanto para impulsar la recuperación económica como para evitar que el desempleo se dispare, ya que el cierre empresarial conlleva paro además de menores ingresos fiscales. Y el mayor desempleo adicionalmente implica mayor déficit y deuda públicos al entrar en funcionamiento los estabilizadores automáticos, afectando todo ello a la solvencia del país. Sin excluir tampoco la posibilidad de contribuir a que la crisis sanitaria se transforme en una crisis financiera que desemboque en un rescate bancario.
En 2020, el ejecutivo, a través de dos RDL, aprobó la concesión de dos líneas de avales por importe de 140.000 mill de euros . Habiéndose concedido, a 31 de enero de 2021, avales a empresas por un importe del orden de 88.000 mill para financiar créditos por importe de 115.876 mill, cuya finalidad era solventar los problemas de liquidez.
Sin embargo, la liquidez no impide que los costes y deudas se acumulen pudiendo dar lugar a impagos de los créditos avalados por el ICO. Y ante este riesgo, ya se han apuntado algunas medidas para evitar la insolvencia empresarial, como la reestructuración y condonación de deuda. Sin embargo, el hecho de que las entidades financieras sean corresponsables no facilita esta solución, ya que las propias entidades han estado castigadas por los bajos tipos de interés; y la crisis puede influir en incremento de la morosidad del sector privado, tanto de empresas como hogares, lo que podría contribuir a que la crisis sanitaria se convirtiera en crisis financiera.
Y en cuanto a las cuentas públicas, debemos recordar que los avales no suponen ningún gasto mientras no se ejecutan. Si los préstamos son fallidos implica la asunción de responsabilidades del ejecutivo, haciéndose responsable de aproximadamente el 75% del importe de los impagos, incrementando el déficit y deuda públicos, lo que no interesa al gobierno.
Como alternativa, se han barajado opciones como bajadas de impuestos o facilitar los préstamos participativos. El primero será limitado, ya que al reducirse la actividad los impuestos a pagar serán menores, y en cualquier caso también repercutirán sobre el equilibrio presupuestario. Y los préstamos participativos, no reducen las pérdidas, pero si incrementan la solvencia al considerarse capital, pudiendo considerarse una alternativa eficaz.
Pero como hemos visto, los efectos de la crisis no se restringen al ámbito de la solvencia empresarial, sino también al mercado de trabajo, tanto por el desempleo con origen en la quiebra empresarial, como la reestructuración de plantillas para adaptarse a la crisis, además del posible incremento del desempleo a partir de los ERTE actuales.
Pero este desempleo no se distribuye homogéneamente entre los trabajadores, siendo un factor importante el nivel de cualificación y la edad. Las estadísticas nos muestran cómo el nivel de formación se correlaciona inversamente con la tasa de desempleo.
Por tanto, mejorar la cualificación y la formación, y adaptarla a las necesidades empresariales y del mercado debería ser prioritario, presentando en este sentido España un desfase con Europa. Los datos de EUROSTAT nos muestran como el nivel de formación de los ocupados españoles es manifiestamente mejorable. España presenta el tercer mayor porcentaje de ocupados con estudios de formación secundaria o inferior con respecto al total de trabajadores, el menor porcentaje de ocupados con estudios intermedios (secundaria) y el octavo mayor porcentaje con estudios superiores (figura siguiente), un 21% superior a la media europea.
Figura.- Grado de formación de los ocupados por país. Datos EUROSTAT. Formación secundaria o inferior (0-2), formación secundaria (3-4) y estudios superiores (5-8).
Distribución que también contribuye a la desigualdad de ingresos, ya que mayor formación implica mayor salario. Por tanto, una medida para reducir la tan manipulada desigualdad social y elevar los ingresos de las familias con menos recursos es incrementar el nivel de formación. Una medida mucho más apropiada que dar subvenciones, elevar el salario mínimo interprofesional (SMI), o crear el ingreso mínimo vital (IMV).
Y en lo que se refiere a la edad, el desempleo juvenil es un grave problema. Entre la población activa de entre 20-24 años la tasa de desempleo es más del doble de la media nacional, y entre 25-29 años un 46% superior (figura siguiente).
Figura.- Tasa de desempleo por edad correspondiente al 4T de 2020. Datos INE
Y en cuanto a la formación de los jóvenes, los datos de EUROSTAT nos indican que en España, el 36,6% de los jóvenes entre 20 y 29 años posee formación terciaria, el sexto porcentaje más alto de la UE (figura siguiente).
Figura.- Desempleo juvenil (<25 años), datos de diciembre de 2020 (salvo Estonia, Grecia, Hungría y Eslovaquia, en estos último dato disponible); y porcentaje de jóvenes con educación terciaria con edades comprendidas entre 20 y 29 años. Datos EUROSTAT.
La tasa de desempleo española en diciembre de 2020 era del 16,2%, la mayor de la Unión Europea (UE) y más del doble de la media de esta. Y la tasa de desempleo juvenil español a final de 2020 era del 40,7%%, la mayor de la UE y un 129% superior a la media de esta.
Por tanto, los datos de desempleo juvenil son un tanto sorprendentes ya que si la tasa de desempleo se correlaciona inversamente con el grado de formación, no deberíamos observar tasas de desempleo juvenil tan elevadas. Lo que permite deducir sin lugar a dudas que la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo español adolece de problemas graves.
La dualidad del mercado laboral y el SMI pueden ser frenos a la contratación que retrasan la incorporación al mercado de trabajo, traduciéndose este hecho en lastrar la creación de capital humano y la productividad, afectando por tanto a la competitividad. Presentando los efectos de estas políticas efectos sobre el desarrollo de carrera profesional, incremento de poder adquisitivo, acceso a vivienda, capacidad para formar una familia, y repercusiones sobre el índice de natalidad.
La cuestión por tanto es que el país está desaprovechando el talento existente, teniendo gran responsabilidad en este hecho las regulaciones que dificultan la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo. Aspecto importante para mejorar la competitividad del país si tenemos en cuenta el desarrollo tecnológico global.
