En estos momentos España se ha encontrado inmersa en la negociación plasmada en el Acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, cobrando atención los posibles pactos entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Entre los elementos de debate que más han llamado la atención se encuentra la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 900 euros/mes, como una medida que literalmente se define como “una potente herramienta social que puede contribuir a prevenir la pobreza en el trabajo y fomentar un crecimiento salarial general más dinámico” y “garantizar a los trabajadores un nivel de vida digno”.
Indudablemente, sobre el Estado recae la función de redistribución de la riqueza y de proporcionar unos servicios que en las economías desarrolladas se agrupan como “estado de bienestar”. La cuestión es analizar si las medidas empleadas para garantizar estos objetivos son las adecuadas o dan lugar a efectos económicos adversos.
Para paliar la pobreza y la desigualdad se ha recurrido en muchas ocasiones, entre otras medidas, a la implantación de un SMI, para incrementar teóricamente el poder adquisitivo de los trabajadores menos cualificados y reducir la desigualdad, ya que los salarios suponen la mayor parte de los ingresos de los hogares .
En España, el SMI ha experimentado un incremento constante a lo largo del tiempo (figura siguiente). Sin embargo, si se lleva a cabo la subida de hasta 900 euros/mes, supondrá un incremento del 22,3% que puede tener repercusión, además de en la remuneración de los trabajadores, en otros aspectos del mercado laboral.
Figura.- Evolución del SMI en España. Fuente Gobierno . Se muestra también la potencial subida esperada para 2019.
Se producirá el paralelo un incremento de las cotizaciones a la seguridad social al incrementarse la base mínima de cotización hasta los 1050,1 euros , que en principio podría pensarse que contribuiría a paliar el déficit de esta. Sin embargo, este efecto podría verse compensado por una potencial reducción del empleo al incrementarse los costes laborales.
La evolución del empleo dependerá de la elasticidad de la demanda de empleo por las empresas respecto al incremento del coste laboral (salarios y otras contribuciones, principalmente seguridad social). Dicha elasticidad dependerá a su vez de la productividad de los asalariados, siendo importante tener en cuenta que el coste laboral se sitúa aproximadamente en el doble del salario neto del trabajador. De tal forma que a medida que el SMI se sitúe por encima de la productividad marginal del trabajador, se incrementará la tendencia a despedir o no contratar, actuando el SMI como una barrera de entrada al empleo.
Pero además, la empresa tiene una serie de costes fijos que hay que satisfacer, de lo que se deduce que el trabajador tiene que contribuir a unas ventas netas que supongan más del doble de su salario neto. Aunque indudablemente, la subida del SMI no afecta por igual a todos los sectores de actividad ni a todos los trabajadores, ya que dependerá del nivel de cualificación de los trabajadores de cada sector.
JR Rallo indica que en presencia de mercados laborales monopsónicos o cuasi-monopsónicos (con el número de empleadores sea muy reducido y donde, por consiguiente, su poder negociador a la hora de determinar los salarios de mercado sea muy alto), aumentos moderados del SMI podrían contribuir a elevar los salarios e incluso la ocupación. Sin embargo, a nivel global, también se ha especulado con el hecho de que la concentración de mercado en las grandes multinacionales genera un poder de mercado sobre el mercado laboral que ha condicionado la evolución de los salarios, y es de suponer que España no escapará a esta tendencia.
Pero además del posible incremento del desempleo, el incremento de costes puede inducir otros efectos, como un mayor nivel de economía sumergida, o estimular a las empresas a sustituir el factor trabajo por capital. Es decir, el incremento del SMI, al afectar al trabajo poco cualificado, favorece la automatización, ya que las máquinas no se ponen enfermas, aunque si se pueden estropear, no cogen vacaciones, ni tienen permisos por maternidad o paternidad, no hacen huelgas, y de momento no pagan seguridad social.
Además, como se puede apreciar en la figura siguiente, España es uno de los países en que un menor porcentaje de asalariados cobra menos del 105% del SMI, únicamente el 1%, y solo por detrás de Bélgica. De tal forma que la subida del SMI elevará este porcentaje, dando lugar a que un mayor número de trabajadores cobren el SMI .
Figura.- Porcentaje de trabajadores de 21 o más años a tiempo completo en empresas con diez empleados o más. Datos años 2010 y 2014, fuente EUROSTAT .
Se podría pensar que este porcentaje tan reducido de trabajadores que cobran el SMI es consecuencia del reducido SMI español. Sin embargo, el SMI español es el noveno más alto en paridad de poder adquisitivo (PPA) de los 22 países de la UE que tienen SMI (figura siguiente).
Figura.- Datos del SMI en los países de la UE y otros países. Datos EUROSTAT .
Por tanto, el SMI español no es de los inferiores de la UE y solo un pequeño porcentaje de los trabajadores tienen este salario, por lo menos en las grandes empresas, ya que es necesario considerar también que este dato no es extrapolable al conjunto de la economía, ya que el SMI es más frecuente en empresas de nueva creación, pymes y micropymes , que conforman la mayor parte del tejido productivo español .
En cualquier caso, se estima que la subida hasta 900 euros en 2019 daría lugar a que la tasa de cobertura (porcentaje de trabajadores que perciben el SMI) se elevase desde el 3,2-3,8% de 2018 hasta el 7,6-8,9%, y en el caso de llegar el SMI a 1.000 euros en 2020 hasta el 11,9-13%.
Pero además, la elevación del SMI, puede incrementar la tasa de desempleo de los trabajadores menos cualificados y jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo, y de la misma forma incrementar la precariedad laboral, responsable del aumento de la pobreza laboral , definida como personas que no consiguen una retribución anual equivalente al SMI, contribuyendo ambos factores a incrementar, más que reducir, la desigualdad .
De hecho, en la UE-28, seis países no tienen SMI (Dinamarca, Italia, Chipre, Austria, Finlandia y Suecia), y no se observa correlación significativa en los 22 países restantes entre SMI en PPA e índice de Gini (indicador de desigualdad). Se podría argumentar que el índice de Gini abarca toda la población y no solo la población trabajadora, no siendo representativo. Una alternativa sería analizar la correlación del SMI con la reducción del riesgo de pobreza de los trabajadores, no existiendo tampoco en este caso correlación significativa.
Volviendo a España, cuando se analiza la evolución del desempleo juvenil entre los años 1990-2007, podemos observar una correlación negativa de tipo logarítmico de 0,79 (figura siguiente), dato que apoya el hecho de que el incremento del SMI reduciría el desempleo juvenil, de forma contraria a lo inicialmente supuesto.
Figura.- Correlación de la tasa de desempleo juvenil (menores de 25 años como porcentaje de la población activa) con el SMI entre los años 1990 y 2007. Datos de EUROSTAT y gobierno español .
Sin embargo, este resultado tiene cierta trampa. Ya que el desempleo juvenil en España es fuertemente dependiente del crecimiento del PIB, de tal forma que el crecimiento del PIB reduce la tasa de desempleo juvenil y viceversa. Sin embargo, esta relación se modifica ligeramente en fases de recesión o menor crecimiento, como los años 2007-2017, de tal forma que la correlación del PIB con el número de desempleados se incrementa hasta -0,9, mientras que la tasa de desempleo (empleados/población activa) se reduce a -0,59, debido a variaciones en el tamaño de la población activa, ya que en las fases de recesión o menor crecimiento se produce una salida de trabajadores del mercado laboral.
Cuando analizamos los datos de correlación entre el SMI y el desempleo juvenil en el periodo 1996-2017 se aprecia una correlación positiva, (significativa con la tasa de desempleo y no significativa con el número de desempleados), de tal forma que la elevación del SMI aumenta el desempleo juvenil. Sin embargo, cuando analizamos la correlación desglosándola temporalmente en la fase de crecimiento económico (años 1996-2007) y de recesión y menor crecimiento (años 2007-2017) podemos apreciar diferencias significativas. En la fase de crecimiento se observa una correlación negativa del orden de -0,78, de tal forma que a pesar del incremento del SMI la tasa de desempleo juvenil se reduce; al contrario de lo que ocurre entre los años 2007-2017, en los que el SMI guarda una correlación positiva y significativa con la tasa de desempleo juvenil (R=0,6 p<0,05), de tal forma que el incremento del SMI incrementa el desempleo juvenil.
Podemos deducir por tanto, que el crecimiento económico es un factor clave de la evolución del desempleo juvenil, mientras que en el caso del SMI, su influencia dependerá de la fase del ciclo económico, no influyendo en fases de crecimiento, pero si en fases de recesión o menor crecimiento.
Existen numerosos estudios sobre la influencia del SMI sobre el desempleo. Estos hay que analizarlos con cierta cautela, ya que a pesar de que la mayoría de estudios indican cierta consistencia entre la elevación del SMI y sus efectos perniciosos sobre el desempleo, la medición de este efecto es compleja por distintos motivos. Ya que depende por ejemplo de la actualización del SMI con el IPC, ya que si no se produce se desvirtúa el valor del SMI; también con el hecho de que los efectos de elevación del SMI se visualizan a largo plazo; y con que la tasa de desempleo se encuentra condicionada por el ciclo económico.
RESUMEN Y CONCLUSIONES
Una de las preocupaciones de las sociedades modernas es llevar a cabo un justo reparto de la riqueza. Este cometido es llevado a cabo por los gobiernos, además de a través del efecto redistributivo de los impuestos, por otro tipo de medidas como el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Hay abundante literatura sobre los efectos del incremento del SMI sobre el mercado laboral, más concretamente sobre su incidencia en la tasa de desempleo, ya que el incremento de costes laborales puede inducir una menor demanda de trabajo por las empresas en los segmentos de población trabajadora más vulnerable, como son los de baja cualificación y los jóvenes.
La evaluación de los efectos del SMI sobre la tasa de desempleo de estos segmentos de población es compleja, ya que aislar los efectos del SMI de otros factores que afectan a la tasa de desempleo puede ser complicado. A pesar de ello, la mayoría de estudios apoyan una relación entre el incremento del SMI y el incremento de la tasa de desempleo.
Esta situación se puede acentuar en la actualidad, ya que la automatización gana importancia en las empresas a costa del factor trabajo, y el incremento de coste salarial es un incentivo para acentuar el cambio. Cuando además, la economía española se caracteriza en términos generales por competir en precio, y el incremento del coste salarial, incluidas cotizaciones sociales, contribuye a reducir la competitividad.
Este es un efecto pernicioso que puede llegar a ser importante, ya que el desempleo contribuye a incrementar la desigualdad, y en el caso de los jóvenes, impide el acceso a la formación y creación de capital humano, una de las bases de la productividad y competitividad; además de influir sobre la capacidad de formar hogares y contribuir a incrementar la tasa de natalidad. Motivo por el que una solución podría implicar la creación de un SMI específico para jóvenes.
Como conclusión, podríamos decir que la elevación del SMI puede dar lugar a efectos negativos mayores que el beneficio derivado de elevar el salario a este segmento de trabajadores, no siendo el mejor modo de reducir la desigualdad y lograr salarios dignos, pudiendo enfocarse este objetivo más eficientemente a través de un impuesto negativo sobre la renta.
Nuestros políticos deberían ser conscientes de que los salarios deben ser función de la productividad, y que incrementar los salarios se debería lograr a partir de la educación, de la I+D+i, del tamaño empresarial, y de una regulación y fiscalidad adecuada que favorezca la inversión y permita generar valor añadido a la producción.
