Puntos a destacar de los PGE 2023:
-En los PGE 2023 el gasto público y ayudas fiscales destinados a vivienda se incrementa en un 3,7% con respecto a 2022, estimando los PGE 2023 una inflación del 4,1%, lo que en principio supone un contracción del gasto en términos reales
-El 71% de dicho gasto procederá de los fondos europeos.
-Del total del gasto, de 3.742 mill, 1.100 mill (31,7% del total de fondos) se corresponden con avales, por lo tanto no suponen ningún gasto, al menos en el momento presente, sino compromisos futuros que pueden no llegar a materializarse.
-Se van a destinar 500 mill a la construcción de 100.000 viviendas de alquiler social, lo que supone 8,8 mill/vivienda ¿es realista?
-Se destinarán 200 mill al bono de alquiler joven. Unas ayudas que pueden incrementar el precio de los alquileres al transferirse las ayudas a los arrendatarios. Al mismo tiempo que incrementan la inequidad con respecto a los jóvenes que no pueden acceder a las ayudas.
Resultado de que estas ayudas se limitan a los jóvenes con rentas inferiores a 25.200 euros, lo que supone para estos jóvenes una doble imposición, ya que pagan más en función de sus ingresos y no tienen derecho a las ayudas.
En el apartado de ayudas fiscales se incluyen 2.677,6 mill, incluyendo 753 mill por las deducciones en IRPF, una deducción suprimida en 2013; y 29,7 mill correspondientes a la deducción de alquiler por vivienda habitual, también suprimida en 2015. Por lo que ambas se encuentran en régimen transitorio.
Por lo tanto, se trata de un gasto heredado y no de una iniciativa del gobierno. Un gasto en desaparición al sensatamente suprimirlo el PP en cuanto que supone una transferencia de rentas hacia constructores/arrendadores.
Otro apartado lo constituyen las ayudas fiscales a los propietarios que destinan viviendas a alquiler, correspondientes a deducciones en base imponible, y estimadas en 2023 en 716 mill; y la exención por reinversión en vivienda habitual (117 mill)
La primera medida puede connsiderarse incentivadora del incremento de oferta del mercado de alquiler, lo que contribuiría a la reducción de precios. Sin embargo, se ve compensada al ignorar que los arrendamientos de vivienda no pueden deducirse el IVA soportado incrementando sus costes. Al mismo tiempo que presentan ciertas limitaciones a la deducción de gastos financieros y gastos de mantenimiento, lo cual por otra parte podría conculcar el artículo 31 de la Constitución en referencia a contribuir al gasto público en función de la capacidad económica.
Y en cuanto a la reinversión en vivienda habitual, también se obvian los impuestos asociados a la compra de dicha vivienda nueva. Algo un tanto incongruente con el artículo 47 de la Constitución, que promulga el derecho a disfrutar de una vivienda digna, algo dificultado por los impuestos asociados a la adquisición. Siendo en este sentido algo ya sorprendente considerar un beneficio fiscal la rebaja del IVA del 21% al 10% en la adquisición de vivienda nueva, lo que se estima supondrá 1.003 mill.
La cuestión es que el conjunto de ayudas fiscales suponen 2.677 mill de euros y el 77,1% del total de ayudas a la vivienda incluido en los PGE 2023.
Y para finalizar, destacar que el volumen de viviendas de alquiler social en España suponen solo el 0,2% del total, con respecto al 9% que suponen en la UE. Algo que es fruto de la reducida inversión pública, quizá restringida por las crisis y por unos mermados ingresos públicos.
Algo que es necesario atribuir al modelo económico de país, y algo que es necesario separar del mantra ideológico de que la presión fiscal española es muy inferior a la europea sin preguntarse los motivos de porqué esto es así. Cuando además esta diferencia se reduce por momentos contribuyendo a reducir el poder adquisitivo de los ciudadanos.
Por tanto, en España existe un problema de vivienda de alquiler, al menos en ciertas zonas geográficas. Un problema que se intenta paliar a través de la intervención en el mercado, como restringiendo la capacidad de exigir garantías, y últimamente limitando el incremento de los alquileres al 2%.
Un hecho que por otra parte supone una situación de riesgo moral, ya que el gobierno hace recaer su responsabilidad sobre solo parte del sector privado, los propietarios, cuando si se trata de un problema social, debe recaer el coste sobre toda la sociedad.
En cualquier caso, las medidas son contraproducentes, ya que contribuyen a restringir la oferta y a incrementar los precios, tanto desequilibrando demanda y oferta, como induciendo a incrementar los precios iniciales de alquiler al limitar los incrementos anuales de renta, restringiendo la capacidad de los más desfavorecidos al acceso a alquiler.
