Nuestros políticos se enorgullecen al describir a España como una democracia plena, a lo que ha contribuido el diario The Economist, que recientemente ha calificado a España como una democracia plena y en la posición 22 del ranking, por delante de países como Francia y USA.
Figura.- The Economist. Democracy Index 2020
No se puede negar que hay países cuya calidad democrática es muy inferior a la española, pero ello no excluye que nuestra democracia no presente un amplio margen de mejora, lo cual no es nuevo, tal como me he referido hace algunos años en otra entrada que recomiendo: “La Democracia Corrupta de España”.
La democracia se caracteriza, en teoría, porque la soberanía pertenece al pueblo y este tiene el derecho a elegir y controlar a sus gobernantes. Entre los principios básicos que definen una democracia se encuentra la separación de poderes, ya enunciada por Montesquieu: ejecutivo, legislativo y judicial. Cuyo fin es evitar una concentración de poder que pudiera derivar del gobierno del pueblo hacia la tiranía.
Y en cuanto a este principio básico de separación de poderes, España ya constituye una anomalía, al formar parte el poder ejecutivo del legislativo. Sin embargo, esta puede considerarse menor en el sentido de que el predominio de los partidos políticos en nuestro sistema implicaría que los miembros del legislativo pertenecientes al gobierno serían sustituidos por otros diputados del mismo partido sin implicar ningún cambio a efectos de las votaciones.
Es mucho más grave la infiltración política en el poder judicial. Tanto la designación del fiscal general del estado por el gobierno, como la del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el parlamento. Cuando además, el CGPJ nombra a los miembros del Tribunal Supremo y contribuye, conjuntamente con Congreso, Senado y Gobierno, al nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional (artículo 159 CE) . Lo que constituye una clara vulneración de la separación de poderes, ya que no permite excluir la connivencia del poder judicial con el poder político.
Pero la infiltración política no queda restringida a las instituciones judiciales, sino que nombra al Consejo de RTVE; y a nivel económico, el Congreso y Senado eligen los miembros del Tribunal de Cuentas , cuya función es fiscalizar las cuentas y gestión económica del gobierno. Cuando además, el presidente del gobierno propone al presidente del Banco de España y el gobierno nombra a los miembros de la CNMC.
Los datos muestran claramente la infiltración política en distintas instituciones públicas. Sin embargo, la separación de poderes no es el único elemento por el que debe caracterizarse una democracia, otro fundamental es el respeto al estado de derecho.
Primero hay que entender lo que se entiende por estado de derecho, ya que este no comprende solo la igualdad de todos los ciudadanos e instituciones ante la ley, sino que también implica el respeto a los derechos humanos, y transparencia procesal y legal .
Por tanto, un elemento esencial de la democracia es la igualdad ante la ley. Como la Constitución Española (CE), en su artículo 14 expresamente reconoce que todos los españoles serán iguales ante la ley independientemente de cualquier circunstancia personal o social. Artículo también vulnerado en nuestro país a través del aforamiento, un privilegio al que se encuentran sujetos gran cantidad de cargos públicos.
Artículo 14 CE:
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
El aforamiento consiste en un conjunto de privilegios procesales-penales que consiste en que los ciudadanos sujetos al mismo deben ser encausados y juzgados por determinados tribunales. En concreto, los diputados y senadores, conforme al artículo 71 de la CE serán juzgados por la sala de lo penal del Tribunal Supremo (TS).
Sin embargo, el aforamiento no se restringe a diputados y senadores, ya que se ha extendido a los parlamentarios autonómicos, a altos cargos de la Judicatura, de la Fiscalía, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Estado, del Defensor del Pueblo y a los altos cargos políticos de las CCAA , que deben ser juzgados por determinados tribunales.
Encontrándose esta anomalía democrática relacionada con la infiltración de los poderes ejecutivo y legislativo en el judicial, ya que el CGPJ elige los tribunales que van a juzgar a los políticos, de tal forma que, indirectamente, los políticos eligen quién les juzgará.
El aforamiento es indudablemente una anomalía democrática característica de nuestro país, sobre todo desde el punto de vista cuantitativo más que cualitativo, habiéndose estimado que este privilegio beneficia a más de 17.000 ciudadanos, de los que unos 2.000 son políticos.
Y si ya de por si el aforamiento constituye una vulneración de la igualdad ante la ley. Esta vulnerabilidad se extiende más lejos de lo que se podría pensar en un principio, ya que no supone solo el privilegio de estos ciudadanos a ser juzgados por tribunales especiales, sino que también, puede arrastrar a ciudadanos no aforados a este proceso perdiendo su derecho a la revisión de su caso en una segunda instancia en el supuesto de sentencia condenatoria, generándose una discriminación con respecto al resto de ciudadanos.
Por tanto, el aforamiento vulnera el principio de igualdad entre españoles, pero nuestra propia CE profundiza todavía más en esta situación. El artículo 14 de la CE también se pone en entredicho cuando la propia CE reconoce la autonomía de las CCAA, constituyendo estas la mayor fuente de desigualdad entre españoles bajo el absurdo pretexto de la defensa de las identidades culturales, sin considerar que la defensa de dichas identidades no necesita de las CCAA; y que por otra parte, constituyen un modo de despilfarro de los impuestos de todos los españoles.
Pero prosigamos. Otra característica fundamental de una sociedad democrática es la elección de los representantes por sufragio. Constituyendo los procesos electorales otra forma de degradar la democracia, ya que la ley electoral debe dar lugar a una representación equitativa y proporcional de la ciudadanía, de tal forma que las minorías estén representadas, y que al mismo tiempo se evite la manipulación de la sociedad por unos pocos. Y en cuanto a esto, la ley electoral sesga excesivamente la elección de diputados hacia la protección de las minorías, que llegan a condicionar los gobiernos.
Y de este hecho se deriva que en ciertos casos los gobiernos se compren a costa de todos a cambio de privilegios para unos pocos, hecho que debería ser anticonstitucional. Y en este sentido, cabe matizar que esas minorías tienen todo el derecho a negociar, pero no en base a lograr privilegios para ellos, sino para mejorar el conjunto de la sociedad.
Pero la degradación del sistema electoral no acaba ahí. Cabe mencionar el artículo 67.2 de la CE, que determina que diputados y senadores “no están sujetos a mandato imperativo”. Pero, ¿Qué quiere decir esto?. Pues sencillamente que los diputados y senadores no se ven comprometidos por sus promesas y programas electorales, y por tanto, que no tienen porque respetar las decisiones de sus votantes, es decir, los motivos por los que fueron elegidos, lo que podría interpretarse como una estafa legal a los ciudadanos y a la democracia.
Sin embargo, estas afirmaciones también requieren las matizaciones correspondientes. Por ejemplo, sería lógica la no sujeción si surgen situaciones sobrevenidas que cambian el escenario para el que fueron diseñados esos programas.
Pero en una situación de normalidad, tal como indica M Conthe: la creencia popular entiende que los programas y anuncios pre-electorales son "promesas" que deben cumplirse a rajatabla, y no una mera expresión de "preferencias políticas".
Indudablemente esto es cierto desde la perspectiva de que la democracia debe basarse en el diálogo, lo que implica realizar determinadas concesiones para llegar a acuerdos, siendo ello imprescindible para lograr la gobernabilidad y el interés general, para lo cual es necesario dotar al sistema de cierta flexibilidad. Ya que como indica Elisa de la Nuez el concepto de democracia implica que los representantes del pueblo representan a todo el pueblo, y no solo a los que les han votado, velando por los intereses generales de la nación. Implicando que esta concepción teórica conlleva la desaparición del mandato imperativo, que es sustituido por el mandato representativo característico de las democracias actuales.
El problema surge cuando los programas electorales son obviados impunemente sin ninguna razón ante precisamente la ausencia de responsabilidad ante dichos incumplimientos, lo que finalmente constituye un fallo democrático.
Por otra parte, este mismo proceso facilita que los partidos adapten sus programas a lo que los ciudadanos quieren oir, independientemente de que vayan a cumplir esos programas, o que dichos programas sean los que necesita la sociedad para progresar, lo que se traduce en que los programas acaban siendo puro populismo.
Algunos ejemplos de estas propuestas las encontramos en la reforma de las pensiones, o a través de distinto tipo de ayudas, como las peonadas o el ingreso mínimo vital, que los políticos venden como la garantía pública del estado de bienestar pero que no es más que la constatación del fracaso de sus propias políticas económicas, incapaces de crear empleo digno.
Cuando además, ante la falta de ingresos derivada del modelo económico del país, dicho gasto social implica emisión de deuda con sus correspondientes costes financieros, constituyendo un coste de oportunidad al reducir los fondos destinados a crear PIB potencial y crecimiento económico, y con él, empleo y salarios dignos.
El resultado final es que este tipo de políticas contribuyen a la compra de votos, a alimentar el pesebre del clientelismo político y a profundizar en el estancamiento económico. Pero el problema del clientelismo político es más amplio.
Muchos han construido su vida en base a la política, y los partidos tienen que proporcionar el pesebre correspondiente a sus lacayos, lo que se lleva a cabo mediante la creación de cargos públicos que la sociedad no necesita, no quedando esta compra de votos limitada a los propios cargos políticos, sino a todos los que dependen de ellos para vivir.
Pero la sombra de la importancia de la no sujeción a mandato imperativo se alarga más lejos de las elecciones llegando al interior de los partidos políticos, afectando de forma específica a la disciplina de voto.
La disciplina de voto es resultado de la existencia de listas electorales cerradas y de la designación a dedo de sus componentes, de tal forma que a estos no les conviene discrepar ante las potenciales represalias que pudieran producirse. Motivo por el que la designación política y directa de las listas en las elecciones implica someterse a la tiranía interna del partido.
A pesar de ello, podría pensarse en un principio que esto tampoco importaría demasiado, ya que los partidos se deben a sus programas, y siendo consecuente con ellos, se supone que pertenecer a un partido implica tener unos principios básicamente comunes que limarían las potenciales discrepancias facilitando la unificación del voto. Sin embargo, ya sabemos todos que en determinados momentos surgen cuestiones polémicas que pueden suscitar diferencias de opinión dentro de un mismo partido.
La consecuencia de la disciplina de voto es que la población se encuentra desamparada y en manos de los líderes políticos, implicando incapacidad de reacción ante promesas incumplidas, siendo la única posibilidad de cambiar las cosas el voto cada cuatro años, lo que en realidad implica que somos demócratas únicamente un día cada cuatro años.
El resultado, como indica Elisa de la Nuez es que la realidad es, sencillamente, que los electores no están en condiciones de exigir un mandato imperativo a sus representantes, pero las cúpulas de los partidos sí, prevaleciendo la realidad impuesta por la partitocracia sobre la ley. Motivo por el que debería exigirse que el funcionamiento interno de los partidos y la disciplina de voto estuviera sujeto a la misma norma que se aplica a los representantes del pueblo en el parlamento.
En cualquier caso, este problema podría tener fácil solución, ya que las listas podrían ser elegidas interna y democráticamente en el partido, y el sistema electoral podría permitir listas desbloqueadas (pudiendo variar el orden), o mejor aún abiertas (pudiendo elegir a candidatos de diferentes partidos).
Pero la separación de poderes, el estado de derecho y la ley electoral no son los únicos desatinos de nuestro sistema democrático, ya que existen otros muchos, que aunque se pueden atribuir al sistema democrático en sí mismo, en nuestro país se encuentran agudizados.
En otras ocasiones ya he mencionado la importancia de la educación para lograr una democracia plena, ya que la ignorancia facilita la manipulación de los ciudadanos por los partidos, pudiendo esta situación desembocar en oclocracia, definida como el gobierno de la muchedumbre, también equiparable a la tiranía de la mayoría, lo que constituye una forma evidente de degeneración democrática.
Por tanto, es esencial e imprescindible incidir en los esfuerzos por lograr una educación independiente que permita crear un espíritu crítico para poder valorar los programas electorales y sus resultados. En mayor medida en cuanto que la educación permite la creación de capital humano; y este permite lograr trabajos dignos y una independencia económica que contribuye a evitar la compra de votos con dinero público.
Cuando además, profundizar es esta dirección presentaría otros beneficios colaterales, ya que la dependencia de lo público tiende a sesgar el voto buscando el beneficio personal y no el de la sociedad en su conjunto, por lo que la independencia económica contribuiría a lograr un voto más social y solidario.
Y por último, quería incidir en otro aspecto clave del estado de derecho, como es la protección de la propiedad privada. En este sentido, la CE es muy clara, recogiéndolo claramente en su artículo 33.
Artículo 33 de la Constitución Española:
1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.
Sin embargo, como es habitual, la indefinición y subjetividad de la interpretación de utilidad pública deja el margen necesario para que la política manipule la lectura de dicho artículo, siendo fruto de ello impuestos confiscatorios como el de patrimonio o la renta presunta sobre inmuebles, dando lugar a que se vulnere simultáneamente el artículo 31 de la CE, que indica que todos contribuirán a los gastos públicos en función de su capacidad económica.
Y para finalizar, me gustaría recoger unas recientes declaraciones de Felipe González: “La falta de proyecto de país es el primer paso para que no haya país”, y a esto contribuye al propia democracia, ya que el horizonte político se limita al plazo de cuatro años y hacer lo posible por mantener el sillón, independientemente de lo que necesita el país. Cuando además, la política, al erosionar la separación de poderes y el estado de derecho, degrada simultáneamente el propio sistema democrático.
