Más vale tarde que nunca

Trece países con una inflación por debajo del 1%; once países con una tasa de inflación entre el 1% y el 2%; por encima del 2% solo encontramos tres países, y en ningún caso supera el 3%. Con todas estas cifras llegamos al IPC del conjunto del Área euro que se sitúa en el 1,1% (septiembre) y con una acusada tendencia descendente desde los máximos de 2011 (cerca del 3%). Estos son algunos de los datos del monitor de inflación que publica el BCE en su página web y que mostramos en los gráficos inferiores.

Si a este monitor de inflación sumamos unas tasas de crecimiento en el conjunto del PIB Área euro que apenas supera el 0,1% en el último trimestre obtenemos el resultado del último Consejo de Gobierno del BCE: recorte de 25 puntos básicos en el tipo repo hasta el 0,25%. Si bien ha sido el último de los principales bancos centrales en acercar la política monetaria tradicional al terreno de “política de tipos de interés cero” (ZIRP por sus siglas en inglés) esta parece más que justificada atendiendo a la combinación de crecimiento (débil) e inflación (sin presión alguna sobre la estabilidad de precios) que amenaza actualmente al conjunto del Área euro.

La política monetaria tiene sus limitaciones, sobre todo cuando lo que se intenta gestionar son las consecuencias de una crisis de deuda, de un excesivo apalancamiento del conjunto de agentes económicos. Pero ello no debería ser argumento para discutir el signo expansivo de la política monetaria de los principales bloques económicos, sino una motivación para que esta mantenga ese signo expansivo el tiempo que sea necesario. Además, en el caso del Área euro, la tendencia deflacionista que genera todo proceso de desapalancamiento se está acelerando por la consolidación fiscal que están implementando muchos países.

Ante esta tendencia en precios, en crecimiento y sin margen para aplicar políticas fiscales expansivas, al menos en el sur de Europa, lo mínimo que se puede esperar de un banco central es que mantenga unas condiciones de financiación que faciliten lo máximo posible el desapalancamiento de sector privado y sector público.