Esta entrada tiene su origen en un artículo publicado por C Sánchez en El Confidencial: Cuando el recibo de la luz forma parte del casino eléctrico . Desde mi punto de vista bastante discutible como paso a comentar.
El artículo incide inicialmente en que las medidas políticas tomadas previamente a la pandemia han incidido en la desigualdad. Siendo este el primero motivo controvertido: es realmente la desigualdad el problema o la pobreza?, ya independientemente de si su origen es político.
Entre ellas cabe destacar las medidas que inciden sobre el precio de la electricidad, como la tasa al carbono, regresiva y fuente de pobreza energética. Un impuesto pigouviano encaminado a reducir las externalidades negativas de los gases de efecto invernadero.
Sin embargo, el artículo relaciona el precio de los derechos con el de la materia prima, no con las externalidades negativas, cuando el coste de estas últimas es independiente del precio de la materia prima.
Además, existe el problema de determinar la cuantificación de esas externalidades. Reflejan los precios de las tasas el verdadero valor del daño medioambiental? , cuando el precio se encuentra manipulado a través del número de derechos que se emiten.
En cualquier caso, los ingresos derivados de dicha tasa deberían emplearse en el desarrollo de tecnologías que contribuyesen a la transición energética. Pero al mismo tiempo, el incremento de pobreza energética impulsa a dirigir esos ingresos a reducirla mediante transferencias al segmento de población más afectado por la subida. Lo cual puede parecer lógico, pero reduce los fondos destinados a I+D, y todo ello suponiendo que los gobiernos no utilicen esos fondos para fines más espurios.
El artículo, de forma parcialmente errónea, indica que los ingresos deberían dirigirse a incrementar la eficiencia energética, la cantidad de energía utilizada para generar una unidad de PIB. Si bien es cierto, la eficiencia energética también depende de otros factores, como la composición estructural del PIB, orografía, o distribución de población. Y en cualquier caso, el fin principal de la tasa de carbono no es esa, sino la sustitución de los combustibles fósiles con energías renovables, que no tiene nada que ver con la eficiencia energética.
Se indica además que las medidas han logrado frenar el cambio climático, cuando no es cierto, como lo demuestra el incremento de los niveles de CO2 y elevación de la temperatura global .
Si bien es cierto reconocer que los derechos de emisión de CO2 abarcan solo una pequeña parte de las emisiones globales, implicando del orden de solo 45 países. Aunque China emite el 27% de las emisiones totales, el mayor emisor mundial, se ha incorporado recientemente, lo que probablemente contribuirá a reducir las emisiones. Sin embargo, lo ha hecho bajo un esquema distinto, relacionando los derechos no al volumen total de emisiones, sino a la eficiencia energética.
Indudablemente el objetivo final es sustituir los combustibles fósiles por energías limpias. Un objetivo lógico que pierde su sentido cuando no existen alternativas a esa sustitución. Motivo por el que se debería incidir inicialmente en la I+D para desarrollarlos. Es decir, el problema es querer solucionar problemas científicos con medidas políticas.
Pero volviendo al tema de la generación. Lógicamente, las compañías eléctricas incorporan el precio de los derechos en el precio de generación, de tal forma que el consumidor final es el que soporta la carga del impuesto. Un impuesto que al tratarse de un sistema marginalista de formación de precios genera windfall profits en las energías renovables.
Además, el incremento del precio de la electricidad se traslada indirectamente al de otros bienes y servicios. Aunque Sorprendentemente C Sánchez hace referencia a que se traslada al incremento del precio de la vivienda.
En cualquier caso, el incremento de precios reduce el poder adquisitivo y calidad de vida, en mayor medida en las familias de menos ingresos. En estas, la propensión marginal al consumo es mayor, excusa que se utiliza para indicar que la inflación no afecta a todos igual. Indudablemente, por eso se ha denominado el impuesto de los pobres, pero tampoco cabe culpar de ello a las rentas altas de las decisiones políticas que lo originan.
Se argumenta también que el incremento de precios afecta a la competitividad, pero esto es solo parcialmente cierto, ya que el precio de los derechos es común para todos los países que lo aplican, sin afectar por tanto a la competitividad entre ellos.
Pero si es cierto que los precios afectan a la competitividad en la medida que los precios son condicionados por decisiones políticas de cada país, como por ejemplo los costes regulados, Motivo por el que la pérdida de competitividad hay que buscarla en el país y no en los derechos.
El colmo del despropósito se alcanza al esgrimir el escaso poder de negociación de los empleados para incrementar sus sueldos dado el elevado nivel de desempleo español. Quizá haya que buscar el culpable del elevado nivel de desempleo, una excepcionalidad española dentro de la UE, en la regulación laboral, el SMI, o los impuestos, Es decir, en la política, pero esto no se puede decir muy alto. Y por cierto, olvidando convenientemente que los salarios deben relacionarse con la productividad y no con la inflación.
Y para terminar, se indica que el problema de la transición verde no son los costes sino quien paga estos. Quizá sean las dos cosas, ya que una estrategia imprudente de transición energética puede disparar los costes sin lograr además los objetivos pretendidos.
