Las pensiones es uno de los temas de actualidad que afecta de forma importante a los presupuestos públicos, y que conjuntamente, con la reforma del mercado de trabajo, son esenciales para recibir los fondos europeos.
Los cambios legislativos del gobierno sobre el sistema de pensiones permiten afirmar, en teoría, que se garantiza la sostenibilidad del sistema y se mantendrá su poder adquisitivo elevándolas con el IPC.
Lo que se conseguirá trasladando los gastos considerados impropios del sistema, estimados en 22.000 mill euros, a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Sin embargo, estas afirmaciones tienen trampa, como ya he comentado en un interesante tuit que recomiendo sobre un artículo de JR Rallo
La reforma de las pensiones no saldrá gratis, según J Gorrín , implicará subidas de impuestos importantes, lo que probablemente sea cierto, pero no por el motivo esgrimido, ya que el déficit de la seguridad social ya se cubría con transferencias del Estado incrementando el déficit y deuda públicos.
En cualquier caso, el hecho importante es que la deuda no desaparece a través de meros apuntes contables que cambian de lugar los denominados gastos impropios. Independientemente del hecho de que sea necesario reconocer que estos no deberían figurar entre los gastos de seguridad social.
Entre estos gastos se encuentran las prestaciones no contributivas, o los incentivos al empleo, consistentes en reducciones de cotizaciones. Pero en cualquier caso, también sorprende que se consideren gastos impropios los correspondientes a la gestión del propio sistema de pensiones, y también que se consideren contribuciones propias las realizadas por el SEPE por los desempleados.
Dada la situación, la reforma de las pensiones implicará probablemente más impuestos, pero no por la transferencia de gastos impropios a los PGE, sino por el ya abultado déficit y deuda públicos que ya estaban financiando el déficit del sistema de pensiones.
Según el artículo de J Gorrín, el gobierno no quiere subir el IRPF, por cierto ya bastante elevado , sino los impuestos indirectos, los que pagamos todos independientemente de los ingresos, afectando en mayor medida a las rentas bajas y los jóvenes, ya castigados por una elevada tasa de desempleo al mismo tiempo que presentan el mayor riesgo de pobreza o exclusión social.
Pero si bien es cierto que proporcionalmente estos impuestos afectan en mayor medida a los jóvenes, cuantitativamente, el gasto se centra en los jubilados al consumir más, por lo que cargarán con gran parte de la subida impositiva
Independientemente de ello, es cierto que España presenta el menor tipo implícito sobre el consumo de la UE y es uno de los motivos por los que la presión fiscal es relativamente baja. Pero unos impuestos indirectos mayores se llevan mejor con salarios decentes.
Se indica también que el gobierno quiere subir los impuestos del ahorro, esos que se han conseguido a través de rendimientos que ya han tributado, y que contribuirán a desincentivar la inversión, el capital necesario para incrementar la productividad y competitividad.
Y menor competitividad significa más desempleo y menos ingresos por cotizaciones, ya considerablemente mermados a través de la elevada tasa de paro, consecuencia de la nefasta regulación laboral, y los reducidos salarios derivados de una economía que compite en precio generando poco valor añadido.
Resultado esto último también de decisiones políticas que implican la creación de capital humano, inversión en I+D y regulación empresarial. Todos problemas creados por incompetencia o por clientelismo político, ya que parece que los votos importan más que el futuro del país.
Y no nos podemos olvidar de la otra figura impositiva que tanto ama la izquierda, el impuesto de sociedades. El impuesto de los ricos adicional al impuesto sobre el patrimonio. No se puede generalizar, pero estos son esos que invierten, arriesgan su capital, y crean empleo, y de los que, por ello, depende el futuro del país.
La ideología y la ignorancia no permiten apreciar que el futuro es la empresa privada, y que el estado debe facilitar su actividad, por ejemplo, y entre otras cosas, bajo modelos fiscales como el estonio.
Entre los efectos del incremento del impuesto de sociedades, se ha especulado que puede ser asumido por los márgenes empresariales, o repercutido en precios, lo que depende de varios factores, como por ejemplo si se trata o no de sectores expuestos a competencia internacional. Pero la cuestión es que la reducción de márgenes puede afectar a la supervivencia empresarial, en mayor medida si consideramos adicionalmente las subidas del SMI y la electricidad, que inducen a pensar que lo que realmente se persigue es la destrucción del tejido empresarial.
Y la segunda alternativa, el traslado a precios incrementará el IPC, lo que en principio contribuiría a reducir el poder adquisitivo de los pensionistas, lo que no es totalmente cierto si las pensiones se revalorizan con el IPC. Pero si puede afectar al resto de ciudadanos y puede contribuir a subir salarios generando un efecto de retroalimentación sobre la inflación.
Además, se obvia la posibilidad de que las empresas se deslocalicen con los efectos correspondientes sobre empleo e ingresos fiscales por impuesto de sociedades, IRPF y cotizaciones.
Y ello sin olvidar los desincentivos a la inversión con sus repercusiones sobre la productividad y el hecho de que los jóvenes, es decir los cotizantes que con el sistema actual de reparto sostienen las pensiones, ante la falta de empleo y salarios dignos, voten con los pies y se vayan a otro país. Lo que reduciría igualmente los ingresos fiscales por IRPF y cotizaciones sociales, contribuyendo a poner en peligro el sostenimiento del sistema.
Por tanto, los riesgos son múltiples, y el gobierno incide en sus errores. Es dificil hacer las cosas peor, y las reformas que necesita España son evidentes, además de múltiples y profundas, como ya expliqué en otra ocasión.
