Recientemente, la Comisión Europea ha lanzado la propuesta de reducir el consumo de gas natural un 15% en los países miembros a partir del 1 de agosto de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023. El Confidencial ha recogido y comentado este tema en un artículo: El 'halcón' español: ¿qué es el ahorro energético que pide la UE y por qué Madrid se opone?
España parece que se niega a ahorrar un 15% del consumo de gas para incrementar los stock europeos de cara al invierno. Una propuesta lógica para hacer frente a una posible reducción o corte total de suministro ruso.
La excusa española, según el artículo, parece ser que es que España es el único país que todavía no ha recuperado su nivel de PIB prepandémico. Un punto a tener en cuanta sería el porqué esto es así. Pero esta es otra historia.
La postura española parece incomprensible, tal como apunta Conde Ruiz en un corto e interesante video , ya que cuando se trata de recibir solidaridad financiera de nuestros vecinos, parece que somos los primeros en apuntarnos, pero cuando nos toca proporcionarla, somos un tanto reticentes.
Eso, según Conde Ruiz, a pesar de que España ha hecho los deberes energéticamente, no como por ejemplo Alemania. Hecho sin embargo del que discrepo profundamente, ya que la política energética es un desastre y caracterizada por un “imprudente” impulso renovable que ha dado lugar a tener una capacidad instalada total peninsular 2,5 veces superior a la demanda instantánea máxima anual.
Hecho ya comentado varias veces, ya que mientras no exista almacenamiento de energía, las renovables no son gestionables, y por tanto dependemos de tecnologías de respaldo. Y dada la situación actual, es “necesario” preservar distintas tecnologías, así como, dada la inestabilidad geopolítica actual, incrementar la diversificación de proveedores e incidir en la eficiencia energética y capacidad de intercinexión. Para quién desee profundizar en el tema dejo un link a un hilo en twitter sobre el tema.
Pero volviendo al origen, hay que matizar los hechos. La ministra ha declarado que no se niega a promover un ahorro del 15% en el consumo de gas, sino que las formas en las que se ha planteado la propuesta no son las correctas.
En cualquier caso, habría que considerar que aunque en España se ahorre un 15%, existen limitaciones de interconexión para transportarlo al resto de la UE. La capacidad a través de Larrau e Irún es de 8bcm (1 bcm: 1.000 millones de m3), y por tanto, la capacidad existente de regasificación española y de proporcionar gas al resto de la UE es más bien escasa.
En este sentido, como alternativa, también se ha comentado la posibilidad de que los buques de GNL con destino España se desplacen directamente a otros puntos europeos de regasificación. Considerando que España presenta el 35% de capacidad de la UE, es dudoso que otros puntos presenten exceso de capacidad para transformar este nuevo GNL cuando en el primer semestre del año ya se han incrementado considerablemente.
En cualquier caso, si llega a producirse ese recorte de consumo del 15%, afectaría principalmente a la industria, preservando el consumo de hogares, servicios esenciales como hospitales e industrias esenciales.
A ello, la industria española ha mostrado su rechazo, alegando que pondría en riesgo toda la cadena de valor de la industria europea, lo que podría ser cierto, pero depende también de si otros países se ven abocados a parar sus industrias, de tal forma que las exportaciones españolas pasarían a formar parte de los stock de bienes intermedios de esas industrias, y eso en el caso de que no se interrumpieran las exportaciones.
Pero la iniciativa presenta otros inconvenientes. Contribuirá a contraer el PIB y posiblemente daría lugar a shock de oferta negativos que incrementarían la inflación. Y si se incrementa la inflación, pueden provocarse nuevos incrementos de tipos de interés que refuercen la contracción económica.
Aunque por otra parte, la Comisión alega que construir stocks reducirá la volatilidad limitando la presión sobre los precios del gas, contribuyendo a dominar la inflación, lo que favorecería a la industria a través de sus costes.
Indudablemente, las medidas adoptadas por la Comisión no solo implican el ahorro en el consumo de gas, sino también incremento de stock, diversificación de proveedores, eficiencia energética, y potenciación de renovables. Aunque varios de estos factores solo pueden constituir soluciones a medio/largo plazo, y los problemas los tenemos a corto plazo.
En lo que se refiere a la diversificación de proveedores, la Comisión considera que ha tenido gran éxito, ya que ha logrado incrementar las importaciones no rusas en el primer semestre de 2022 en 21bcm de GNL y 14bcm por gasoducto. Hecho que sorprende que sea considerado un éxito, cuando las importaciones rusas en 2021 han llegado a 155 bcm.
En cualquier caso, si el ahorro del 15% de ahorro de gas llega a constituirse como una obligación para los países miembros de la UE, tendría que ser aprobado por una mayoría cualificada. El 55% de los Estados miembros (al menos 15), que representen por lo menos al 65% de la población. De tal forma que si cuatro Estados miembros que representen más del 35% de la población vota en contra, se alcanzaría la mayoría de bloqueo.
Sin embargo, me gustaría señalar que, en este contexto, este entramado forma parte de la estrategia de Putin de desestabilizar social y económicamente la UE. Mientras que Putin gobierna una autocracia, y por tanto no existe discusión sobre las decisiones a tomar, los diferentes intereses de los países de la UE abocan a la fragmentación.
Una fragmentación derivada de los diferentes niveles de deuda, de la fragmentación financiera, o los distintos niveles de inflación. Y cuanto más dure el conflicto, aunque daña también a Rusia, más probable es que se produzcan tensiones en los socios de la UE y que se busque un acuerdo para frenar la guerra que beneficie en mayor medida a Rusia que a los intereses de las democracias occidentales.
