En estos tiempos, en España estamos viviendo situaciones que no nos hubiéramos imaginado. La pandemia ha supuesto una revolución, no solo en el ámbito económico, sino también político y democrático. Aprovechándose la coyuntura para conculcar derechos fundamentales.
Y en este escenario. Ahora surge la disputa sobre la utilización del indulto por el gobierno a los independentistas encarcelados. El recurso al indulto constituye un despropósito mayúsculo, vulnerando el estado de derecho al instrumentalizarlo políticamente, degradando la democracia.
No se quiere reconocer, pero el problema no es nuevo y responde a la necesidad de apoyos para formar gobiernos. Problema que deriva de una ley electoral que beneficia desproporcionadamente a las minorías, haciendo a estas clave en la formación de gobiernos.
Problema que no sería tan grave si las negociaciones para formar gobiernos impidieran recoger reivindicaciones para minorías de población a costa de todos. Es decir, las negociaciones deberían implicar toda la población. Lo contrario debería ser declarado anticonstitucional
Situación que ha fragmentado el país y bajo el que subyace, pese a sus defensores, la existencia de las CCAA. Al final, el resultado es que da lugar a la transformación de nuestro sistema político en una de esas mal llamadas democracias iliberales, que realmente esconden tiranías.
En el caso catalán, se apela al miso aduciendo que es un problema político que se debe resolver políticamente. Un gran error de principios. El problema catalán no es político, es de entender lo que significa la democracia, ya que su base se encuentra en la vulneración del estado de derecho.
Precisamente el estado de derecho, y particularmente la Constitución, se establece para evitar la manipulación de la democracia y la sociedad por unos pocos, al mismo tiempo que debe proteger los derechos humanos y las minorías.
El caso catalán se encuentra claramente incluido en el primer caso. Cuando además no existe arrepentimiento y los hechos en que se basan las penas no fueron pacíficos, no existiendo ninguna razón de justicia, equidad o utilidad pública, constituyendo además el indulto un incentivo para volver a actuar de forma similar poniendo en peligro la unidad del país y la convivencia.
Pero el grado de hipocresía sorprende cuando se apela al indulto en base a la convivencia, y que la venganza y revancha no son valores constitucionales. Cuando ha resucitado y utilizado la imagen de Franco para incrementar la tensión social y fragmentar el país.
Quizá esta situación no debería ya sorprendernos. Nuestra democracia adolece de graves defectos, y la situación actual es solo un paso más en la degeneración democrática del país, que se ha agudizado en los últimos años.
Por tanto, los indultos solo se corresponden con un despropósito monstruoso que atenta directamente contra el estado de derecho y la democracia, poniendo de manifiesto que el sistema no se sostiene por sí mismo y necesitamos defenderlo y protegerlo.
