Es motivo de discusión si la reciente reforma del mercado laboral, que ha reducido la temporalidad de forma importante, incrementando como contrapartida el número de contratos fijos discontinuos, supone una mejora del mercado laboral, y si distorsiona o no las cifras de ocupación y desempleo.
Para empezar, es importante desligar las cifras de desempleo de las de ocupación por varios motivos:
1. Lo importante no es el paro sino la ocupación, dado que el primero está condicionado por el volumen de población en edad activa y la tasa de actividad.
2. La ocupación se debe evaluar en el sector privado, cuya variación se encuentra más condicionada por la actividad económica que el sector público.
3. Las comparaciones hay que hacerlas con respecto a 2019, la situación prepandemia, ya que esta ha distorsionado los valores de los distintos tipos de indicadores.
En lo que refiere a los datos, efectivamente hay más gente trabajando en el 3T2022 con respecto al 4T2019, debido a un incremento del empleo del 7,8% en el sector público y un 1,9% en el sector privado. Lo que equivale a la creación de 252.900 empleos públicos frente a 326.000 en el sector privado. Es decir, el 43,7% del empleo creado ha sido público. Y ello a pesar de que el empleo público supone solo el 17% del empleo total (datos 3T2022).
Esto podría suponer que la contratación pública es una forma de distorsionar la realidad del mercado de trabajo, que contribuiría a maquillar los datos de desempleo. Si bien esto podría ser cierto, la pandemia también ha implicado la contratación de mayor personal, principalmente en el sector sanitario.
En cualquier caso, la evolución del incremento del empleo en el sector privado, a pesar de la caída del PIB desde el 4T2019, se podría explicar por dos factores.
1.-El incremento de PIB, un rebote después de la caída derivada de la pandemia, sin haber recuperado todavía el PIB precovid, recordando que España es el país cuya economía ha presentado el peor comportamiento de toda la UE.
El hecho de que el crecimiento de la economía impulsa el empleo debe ser obvio. Pero otra cuestión es cómo cuantificarlo. La Ley de Okun, relaciona el crecimiento del PIB con la variación en la tasa de desempleo.
En este sentido, me he permitido realizar una modificación de la misma, analizando la variación del incremento de la ocupación en el sector privado en función del incremento del PIB. Esta relación muestra una correlación de 0,86 (figura siguiente), mientras que la correlación de la ocupación en el sector público con el PIB presenta una correlación del 0,21, dado que la contratación pública se ve mucho menos afectada que la privada por la actividad económica.
Figura.- Estudio de correlación de la ocupación del sector privado con respecto al PIB. Datos trimestrales de incremento interanual no desestacionalizados, fuente INE: ocupación y PIB (volumen encadenado). Nota, se ha excluido para el cálculo los datos del PIB del 2T2020 y 2T2021, que eran del -21,76% y+17,88% respectivamente para evitar distorsiones en la serie.
De la figura anterior se deduce que el incremento del empleo en el sector privado se produce a partir de un crecimiento del 0.33% del PIB, y que por cada 1% de incremento del PIB se produce un incremento de la ocupación en el sector privado del 0,0069%.
Sin embargo, los datos de empleo y PIB son un tanto contradictorios, ya que el PIB no se ha recuperado y el empleo se ha incrementado. Caben dos explicaciones al respecto.
La primera es que el empleo se ha distorsionado por el número de horas trabajadas, ya que mientras el primero se ha incrementado, las segundas se han reducido, y en mayor medida de lo que se ha incrementado la ocupación.
Mostrando el INE que el número de horas totales trabajadas se han reducido un 7,2%, mientras que en exclusivamente el sector privado, estas se han un 6,5%, lo que implica que hay más trabajadores empleados pero trabajando menos horas, es decir, la intensidad laboral se ha reducido.
Y la segunda, es que el PIB se encuentra infravalorado, tal como se ha especulado en ciertos medios en base a la evolución del empleo, cuya explicación derivaría del número de horas trabajadas, y de la recaudación fiscal, cuando esta también depende de la inflación.
2. La reducción de la economía sumergida, que podría interpretarse como una buena noticia si no fuera porque parece que responde a la legalización de la actividad que surge al calor de las subvenciones, habiéndose estimado en unos 285.000 empleos desde septiembre de 2019 Y en este sentido, dado que el incremento de la ocupación en el sector privado entre el 4T2019 y 3T2022 ha sido de 326.000 personas, implicaría que la reducción de la economía sumergida ha supuesto al menos el 87,4% de este incremento.
Y otro indicador al que se le presta gran atención, es la evolución de la tasa de desempleo, que se ha reducido desde el 13,78% del 4T2019 hasta el 12,67% en el 3T2022 (figura siguiente).
Figura.- Evolución de la tasa de desempleo. Datos trimestrales, fuente INE
Sin embargo, la reforma laboral ha supuesto una alteración en las cifras. Hecho negado por algunos sectores en base a que el sistema estadístico de determinación de desempleados no ha cambiado desde 1985.
Evidentemente no se ha cambiado su contabilización, pero la ley ha generado un efecto composición que relativiza la comparación con periodos anteriores a 2022, fecha de entrada en vigor de la ley.
Problema recogido por FEDEA , indicando que la reforma ha supuesto la ilegalización de ciertos contratos temporales transformándolos en fijos discontinuos, que cuando no trabajan no engrosan las estadísticas del paro denominándose “demandantes de empleo no ocupados” (DENOS).
Según FEDEA, entre enero-octubre de 2022 se han registrado 2 mill de este tipo de contratos, 8 veces más que en el mismo periodo de 2019, pasando de constituir el 1,2% del total de contratos al 13%.
En este sentido, FEDEA también distingue entre paro registrado y paro efectivo. Identificando le paro efectivo como la suma del paro registrado y los demandantes de empleo con relación laboral, concluyendo que mientras el paro registrado se mantiene constante entre mayo y octubre, el paro efectivo se ha incrementado en 200.000 personas.
Por tanto, cabe deducir que España sigue presentando un problema en el mercado de trabajo. Tratando los maquillajes de esconder los problemas subyacentes del mercado laboral.
De hecho, no debemos olvidar que el INE considera ocupado a todo aquel que trabaja al menos una hora a la semana. Y que tanto la tasa de desempleo total como juvenil siguen siendo las mayores de la UE y más del doble de la media de esta.
En octubre, el desempleo total en España era del 12,5% frente al 6% de la UE, y el desempleo juvenil del 32,3% frente al 15,1% de media en la UE, y eso a pesar del incremento del número de ocupados.
Existen muchos factores que pueden explicar esta diferencia, desde el nivel educativo, las políticas activas de empleo, la regulación laboral, o las ayudas sociales. De hecho, aunque la tasa de actividad española (ciudadanos incorporados al mercado de trabajo de aquellos comprendidos en edad activa) es del 73,7% y se sitúa en la media de la UE ; las elevadas tasas de desempleo dan lugar a que la tasa de empleo (ocupados/ciudadanos en edad activa) se reduzca. Y de hecho, esta es del 67,7%, y la cuarta menor de la UE después de Grecia, Italia y Rumanía.
Dando lugar a que los no ocupados, considerando fuerza laboral la comprendida entre 20-64 años, constituyan el 30% de dicha fuerza laboral, encontrándonos entre estos con 2,8 mill de parados y 5,8 mill de inactivos. .
Y el problema de la fuerza laboral se asocia directamente a las pensiones, el pilar del estado de bienestar que consume más recursos. De tal forma que un incremento del empleo, y mayores salarios, contribuirían a hacer más sostenibles las pensiones.
Y entre el incremento del empleo se incluiría el juvenil. Aunque sorprendentemente, Raymond Torres argumenta en un artículo de El País que los jóvenes no son suficientes para cubrir a los trabajadores que se jubilan, y por tanto todavía menos para incrementar la fuerza laboral. Y ello a pesar de presentar España una tasa de desempleo juvenil del 32,3%, que implica 530.000 jóvenes, y que el incremento anual de pensiones de jubilación no ha llegado el último año a las 75.000 (figura siguiente).
Figura.- Incremento anual del número de pensiones de jubilación y pensiones totales. Datos Seguridad Social
Por tanto, la sostenibilidad de las pensiones debería pasar inicialmente por mayor empleo y de mayor calidad. Sin excluir, si fuera necesario, recurrir a la inmigración, como ya ha apuntado el premio nobel Richard Thaler, aunque sin despreciar tampoco reducir la emigración, ya que en 2021 emigraron del país 381.724 personas.
El problema es que la imprudente revalorización de las pensiones con el IPC eleva el gasto estructural y complica su sostenibilidad, por lo que el mantenimiento del sistema debería pasar por enfrentarse tanto al incremento de ingresos como a la reducción del gasto.
