En estos momentos nos encontramos saliendo de una crisis de origen sanitario, existiendo gran incertidumbre sobre la intensidad y duración de sus efectos económicos, motivo por el que hacer predicciones fiables es un tanto arriesgado. A pesar de ello, sabemos que el déficit público se incrementará de forma notable, así como la deuda pública, al mismo tiempo que el PIB sufrirá una caída importante.
La situación, en España, se encuentra agravada como resultado de los desequilibrios presupuestarios acumulados y las políticas económicas llevadas a cabo en años anteriores, que han provocado un reducido margen de maniobra frente a situaciones inesperadas como esta.
La consecuencia es que España parte de una situación frágil caracterizada por importantes déficit y deuda públicos. Independientemente de ello, es innegable que a corto plazo era y es necesario realizar un esfuerzo para reducir los efectos sanitarios y sociales de la pandemia, incluyendo evitar la destrucción del tejido productivo al mismo tiempo que se debía proteger a las familias afectadas.
Esta necesidad, sin embargo, no excluye que se generará un gasto extraordinario que se traducirá en un incremento importante de la deuda pública. Lo que provocará en algún momento un imprescindible saneamiento del presupuesto público, ya que de lo contrario se estarían dando los pasos hacia una crisis de deuda soberana, siendo este, conjuntamente con una crisis financiera, las posibles consecuencias de los efectos económicos de una crisis sanitaria como la actual.
En este sentido, es necesario buscar el equilibrio, garantizando el gasto público necesario para solucionar los problemas de la crisis con la necesidad de asegurar la sostenibilidad de la deuda, entrando en juego para ello las ayudas de la UE y las intervenciones del BCE. Las intervenciones del BCE contribuyen frenando el incremento de la prima de riesgo, al mismo tiempo que disipan las dudas sobre la capacidad de pago de la deuda soberana. Aspecto importante también a nivel europeo, ya que de lo contrario, contribuiría a la inestabilidad política de la propia UE debilitándola.
Pero en el seno de la UE, esta situación hace alumbrar otro problema, que es la diferente capacidad de respuesta entre los países del mercado único como consecuencia de los márgenes fiscales existentes previos a la pandemia. Motivo por el que se hace necesaria una respuesta fiscal a nivel europeo, tratando de equilibrar la respuesta a las necesidades de cada país sin incrementar su deuda. Lo que podría materializarse a través de deuda comunitaria, preferentemente en forma de deuda perpetua o a muy largo plazo aprovechando los reducidos tipos de interés actuales.
En este sentido, Macron y Merkel recientemente proponían un plan de ayudas de 500.000 millones de euros con destino a subvenciones no reembolsables. Importe que se obtendrá a partir de la emisión de deuda y cuyo coste estaría financiado con impuestos que recaerán sobre los ciudadanos europeos.
En cualquier caso, este podría ser un paso importante y adecuado en el proceso de integración europea, pero el consenso entre los distintos países para alcanzarlo puede encontrarse todavía lejos, ya que Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia ya han manifestado su oposición ante la desconfianza sobre el compromiso de países como Italia y España con políticas sensatas de gestión pública.
Ahora solo queda esperar valorar la influencia y capacidad de convicción de los dos grandes países de la UE sobre sus socios de menor tamaño. Siendo probable que las ayudas, ya sea en forma de subvenciones, o más probablemente en forma de préstamos “muy blandos”, no estarán exentas de condiciones y de vigilancia por los socios europeos. Indicando información de última hora que las ayudas podrían ser mixtas, de ayudas directas y préstamos en relaciones que podrían ser del 60/40% o 70/30%, quizá con objeto de convencer a los países reticentes a conceder ayudas a fondo perdido.
Y quizá, la concesión será de ayudas o préstamos en función de la disponibilidad de los gobiernos para llevar a cabo ciertas reformas estructurales, lo que puede brindar a nuestro presidente Sánchez la excusa perfecta para romper cierto tipo de acuerdos con sus socios políticos.
Sin embargo, lo importante de la iniciativa germano-francesa es comenzar a pensar en términos de UE como una entidad con respuestas comunes a problemas comunes. Un momento ideal, ya que se trata de enfrentarse a una crisis exógena y común que ha golpeado a los distintos países de forma asimétrica.
La iniciativa podría traducirse en incrementar el presupuesto conjunto, empezando a plantearse acciones conjuntas de inversión a nivel europeo y controlada no por los gobiernos, sino por las instituciones europeas, lo que supondría un paso más en la integración europea al implicar la pérdida de parte de la soberanía fiscal y complementar la cesión ya efectuada de soberanía monetaria al BCE, reforzando el compromiso de los distintos países con el proyecto europeo.
Sin embargo, en nuestro país, ante la situación en que nos encontramos, sorprende que la necesidad de fondos europeos se acompañe de iniciativas que entorpecen la recuperación, como la reciente elevación del SMI, reforma laboral, o el incremento del gasto estructural, mostrando una cierta incoherencia entre las necesidades del país y las políticas económicas. Los dos primeros encareciendo y reduciendo la flexibilidad laboral en un momento en que esta debería ser máxima, y las segundas incrementando el déficit público estructural, lo que dificulta hacer frente al servicio de la deuda y su reducción para garantizar su sostenibilidad. Cuando además, ambas iniciativas se retroalimentan en el sentido de que menor empleo se traduce en menores ingresos fiscales y mayores ayudas sociales y gasto público. Parece la receta perfecta para hundirnos más en la crisis.
Estrategia que sorprende ante la necesidad de financiación y la resistencia de ciertos socios comunitarios de conceder préstamos y/o ayudas ante una gestión pública que consideran poco responsable. Induciendo por tanto este comportamiento en mayor medida a que se concedan préstamos y se endurezcan las condiciones de concesión de los mismos.
Aún así, esta solución sería bienvenida, ya que se produciría en condiciones más favorables de tipos y plazos que los del mercado, y garantizaría una financiación necesaria. Aunque al mismo tiempo hace surgir otro tipo de incógnitas como ¿sería una ayuda incondicional sobre el tipo de gasto? ¿sin ajuste presupuestario? ¿de quién dependería la inversión?.
En cualquier caso está claro que, antes o después, una vez solucionado el problema sanitario, el saneamiento de las finanzas públicas pasará a ser prioritario con el fin de reforzar la sostenibilidad de la deuda y evitar futuros episodios de crisis de deuda soberana.
La consolidación del presupuesto se hace necesario, ya que el incremento del volumen de deuda reduce su sostenibilidad, lo que contribuye a incrementar la prima de riesgo y por tanto su coste financiero, lo que genera más deuda, generándose un círculo vicioso que se retroalimenta incrementando el riesgo de default.
Cuando además, un elevado nivel de deuda, o una dinámica negativa de deuda, afectan negativamente al crecimiento a través de una menor inversión privada y la distorsión de la política fiscal.
La consolidación puede producirse por el lado de ingresos, gastos, o ambos, pero está claro que reducirá el estado de bienestar y la calidad de vida de los españoles. Esta consolidación debería acompañarse de cambios estructurales del gasto público y de la modernización de la economía, que permitiera su crecimiento futuro a través de medidas que incidan sobre el PIB potencial, es decir, la capacidad de crear riqueza de la economía.
Pero aún siendo la consolidación necesaria, no implica hacerla de forma inmediata, debiendo buscar el momento idóneo para llevarla a cabo, ya que precipitarse podría ahogar la recuperación, y retrasarla más de lo necesario pondría en peligro la sostenibilidad de la deuda pública.
En cualquier caso, conociendo la situación, sorprende que el gobierno siga aprobando imprudentemente medidas que incrementan el déficit estructural. Es cierto que el déficit tiene su origen en medidas sociales que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, haciendo mención la nota de la Moncloa a que el déficit ha sido generado por la imposibilidad de subir impuestos, la piedra filosofal de la gestión socialista, lo único que entienden por gestionar. Viene siendo ya habitual que el socialismo no se plantee cuáles son las condiciones que permitan un crecimiento económico de calidad, que es lo que necesita el país y que verdaderamente permitiría financiar dicho estado de bienestar.
La cuestión es que sin ingresos que financien este gasto, estas medidas sean imposibles de mantener en el medio y largo plazo ante el colapso de las cuentas públicas, por lo que finalmente lograran empeorar las condiciones de vida de aquellos que se dice se pretende favorecer.
Tristemente, al mismo tiempo serán necesarias otro tipo de medidas que recortarán el estado de bienestar, como un recorte de las pensiones, que de una u otra forma se harán inevitables, lo mismo que es previsible un recorte del sueldo de los funcionarios.
Medidas que se harán imprescindibles si se cumplen las previsiones de la AIREF, que apuntan a un déficit público en 2021 en una horquilla entre el 7,5-9,4% del PIB y por tanto a mayores niveles de deuda.
