La electricidad es un bien básico, y las
economías tienden a su electrificación, lo que induce a constituirse como una
fuente de extracción de rentas privadas por el sector público. Hecho realmente contradictorio,
ya que si la lucha contra el cambio climático es considerada una prioridad, se debería
incentivar el cambio hacia el consumo eléctrico a través del precio.
Sin embargo ocurre lo contrario al incrementar el
coste de los derechos de CO2 artificialmente sin existir tecnologías
alternativas al gas natural. Commodity que también ha incrementado de precio, y
que sigue siendo necesario ante la ausencia de tecnologías de respaldo
alternativas o sistemas de almacenamiento
baratos, de gran capacidad y flexibles.
La UE pretende erigirse en líder mundial en la
lucha contra el cambio climático, lo que implica que los costes no importan
mientras se reduzcan las emisiones de CO2. Pero ello implica menor competitividad
empresarial, más desempleo y mayores déficits fiscales, pudiendo suponer un
despropósito añadido la creación de una tasa a las importaciones de bienes cuya fabricación implique la emisión de CO2.
Ya que si bien esta iniciativa pretende igualar
precios para evitar la contracción económica doméstica, supondrá solo un impuesto
más sobre el consumidor europeo, sin excluir la posibilidad de que los países
afectados impongan sanciones recíprocas reduciendo las exportaciones europeas.
Estos hechos, lo que hace suponer es que el
esfuerzo europeo puede ser aprovechado por terceros países. Una especie de riesgo
moral voluntario, ya que la solución a un problema global debe ser también
global.
Se compara en este sentido las emisiones de
distintos países, especialmente China, el principal emisor. Sin embargo esta
también es una sesgada comparación, ya que las emisiones deben evaluarse per
cápita, y también considerar el mayor volumen de emisiones fruto de la
deslocalización. Lo que no excluye de
culpa totalmente al gobierno chino, ya que este es responsable de la estructura
de su mix de generación, en que el carbón, el combustible fósil más
contaminante, supone una parte importante.
Y en este escenario, el caso español es
particularmente sorprendente, ya que el buenismo derivado de la lucha contra el
cambio climático, cuando solo emitimos menos del 0,8% de las emisiones de CO2
globales, es un tanto absurdo. Buenismo al que subyace una ideología poco
pragmática.
El desastre español comenzó con Zapatero, a
través de una imprudente incentivación al incremento de capacidad renovable,
que ha dado lugar a que el déficit de tarifa se haya elevado a más de 92.000
mill (figura siguiente) contribuyendo a alimentar la pobreza energética, esa
contra la que el progresismo dice luchar.
Figura.- Desnudando la tarifa de la luz o por qué España tiene una de las facturas más caras de Europa
Y actualmente, además de la reciente reforma de la estructura del precio de la electricidad. En este batiburrillo de ideas surge la creación del “fondo de sostenibilidad del sistema eléctrico”. Un invento diseñado para engañar al personal diciendo que reducirá la factura eléctrica de los hogares bajo la presunción de que lo pagarán las empresas comercializadoras de combustibles fósiles.
Naturalmente, no se indica que esto solo supone un traspaso de costes, un mero apunte contable dado que los consumidores lo seguirán pagando, pero de otra manera, incidiendo de nuevo en la inflación. No siendo tampoco la alternativa el traslado de costes a PGE, otro medio de que paguen los mismos de otra forma.
Al mismo tiempo surge la brillante idea de reducir, para minorar el precio de la electricidad, actuar sobre los denominados windfall profits de la hidráulica y nuclear en base a que ya están amortizadas y se aprovechan del precio marginalista del sistema, incrementado ahora artificialmente a través del precio de los derechos de CO2. Por cierto, sistema impuesto políticamente y no por las empresas generadoras.
Obviando por cierto que en un sistema no marginalista, el precio de la oferta de estas tecnologías sería distinto. Por tanto, bajar el precio se logra a través de la competencia, aunque el sistema eléctrico tiende al oligopolio dadas las importantes barreras de entrada (inversiones) necesarias.
Otro argumento esgrimido implica la manipulación interesada de los resultados de la eléctricas, haciendo referencia a los miles de millones de euros de beneficio, cuando los resultados hay que evaluarlos en términos de rentabilidad, es decir, en función del capital aportado. Cuando además, al ser multinacionales, gran parte de los ingresos proceden del exterior.
Pero volviendo al tema de los windfall profits. ¿Realmente existen dichos windfall profits después de todos los impuestazos a que se ven sometidos estas tecnologías? . Tecnologías que además forman parte de la carga base del sistema y no emiten CO2.
Concretamente, en el caso de la energía nuclear, las instalaciones han funcionado con flujos de caja negativos en 2020, habiéndose incrementado la presión fiscal un 430% desde 2008 (figura siguiente) habiendo proporcionado el 22,18% de la electricidad total mientras supone solo el 6,5% de la capacidad instalada.
Figura,-Energía y Sociedad. Boletín 194.
Cuando la energía renovable ha contribuido al 44% de la generación constituyendo casi el 59% de la capacidad instalada, lo que es resultado de la no gestionabilidad de la energía eólica y fotovoltaica, suponiendo estas respectivamente el 25,5% y 10,7% de la capacidad total instalada (figura siguiente).
Figura.-REE, avance informe 2020.
El resultado de esta estrategia es que el máximo consumo horario anual ha supuesto casi 40.000MWh, y como la capacidad instalada total es de 105.224MW, supone que en el momento de máxima demanda solo se utiliza el 38% de la capacidad instalada total. Situación más sangrante al comprobar que a pesar del exceso de capacidad instalada presentamos un saldo exterior deficitario.
Por tanto, los partidos progresistas, que dicen luchar contra la pobreza, son los que la alimentan, ya que una decisión tan sencilla como eliminar el impuesto a la electricidad, sobre el que incongruentemente se aplica IVA, cuando un impuesto no genera ningún valor añadido
Tampoco entra en los planes del ejecutivo reducir el IVA de un bien esencial como la electricidad, siendo España el cuarto país de la UE-27 con los impuestos sobre la electricidad más altos, alcanzando el 45% del precio final en el segundo semestre de 2020 (figura siguiente).
Figura.- Impuestos sobre el precio final de la
electricidad en la UE-27. Datos
EUROSTAT
En definitiva, la estrategia energética europea y
española puede salirnos muy cara, ya que poner la ideología por encima del
pragmatismo puede afectar a los costes, la competitividad, el empleo y el
déficit público, repercutiendo todo ello sobre la pobreza energética y la calidad
de vida.
