Este artículo se ha basado en otro publicado en el confidencial por JR Rallo tratando en la modificación del tipo del IVA para los servicios educativos y sanitarios privados. Rejonazo fiscal contra la libertad de elección .
Se inicia el artículo indicando en que en una situación ideal debería existir un tipo único del IVA. Se supone que se entiende como situación ideal una en que no existen carencias y la calidad de vida es más que aceptable.
Indudablemente la realidad es distinta, y existen familias de ingresos bajos. Justificándose la existencia de tipos reducidos para favorecer el consumo de bienes básicos por dichas familias.
La otra cara de la moneda es que si bien en términos relativos es mayor el porcentaje de renta destinada a esas compras en familias de escasos recursos. En términos cuantitativos se ven más favorecidas las familias de mayores recursos. Considerándose por tanto el impuesto regresivo.
Profundizando más en el impuesto, debemos diferenciar el tipo de bienes y servicios beneficiados por las reducciones/exenciones de IVA, ya que si bien en ciertos casos siguen la premisa anterior, en otros se trata de beneficiar la actividad de ciertos sectores.
Esto ha dado lugar a la aparición de incongruencias, como por ejemplo que los restaurantes presenten un IVA del 10%; y la electricidad, un bien básico esencial, del 21%, al que además se le suma un impuesto especial sobre la electricidad, sobre el que se aplica también IVA.
Además del efecto redistributivo, en ciertos casos, se busca potenciar ciertas actividades. Por ejemplo el artístico, lo que puede implicar alimentar sectores ideológicamente afines y el clientelismo político.
Pero volviendo al tema de las rentas bajas. Una solución para evitar la regresividad del impuesto podría ser unificar el tipo impositivo y repartir el exceso de ingresos fiscales entre las familias de menos ingresos y más desfavorecidas.
Si bien esto parece lógico y equitativo en un principio, cabe también plantearse hasta qué punto esta transformación en una subvención no incentiva la economía sumergida, desincentiva la búsqueda de empleo y la formación, de forma similar a otras ayudas como IMV y PER. Todo depende de cómo se articule.
Pero el artículo de Rallo pretende centrarse en las pretendidas modificaciones del tipo del IVA para la educación y sanidad privadas bajo el pretexto de que favorece a las rentas medias y altas y de que es necesario paliar el déficit público y por tanto se necesitan más ingresos fiscales de esas rentas.
En este punto hay que plantearse que es una renta media y alta. Los datos de INE correspondientes a 2015 (últimos disponibles) nos indican que entre el 38,5 y 70,1% de la población presenta unos ingresos netos de entre 1000-2499 euros.
Continúa el artículo diciendo que no está claro que la medida de incrementar el IVA suponga mayores ingresos netos para el Estado. Todo dependerá del trasvase cuantitativo de los servicios privados a los públicos.
La cuestión es que la medida atenta contra la libertad de elegir de los ciudadanos y parece perseguir acabar con el sector privado incrementando el tamaño del sector público, ya que lograr el objetivo financiero indicado presenta muchas dudas. Es decir, la finalidad de la medida es ideológica.
Cuando por otra parte parece que olvidamos que la educación y sanidad públicos se financian con impuestos, que son pagados también por las clases medias y altas. Y que la utilización de los servicios privados supone un ahorro para el sistema público.
Motivo por el cual se justifica que la sanidad y educación privadas reciban ayudas correspondientes al coste que supondría esos mismos servicios públicos. Algo ya enunciado por M Friedman en su momento bajo la estructura de cheques, lo que además favorecería la competencia y mejora de los servicios.
Dice Rallo en el artículo que la medida no será redistributiva porque implicará el trasvase de fondos provenientes de la clase media por los servicios privados a la misma clase media para financiar los mismos servicios públicos. Es un error, ya que el trasvase implicará que no existirán esos ingresos implicando el resultado únicamente mayor gasto y déficit público.
Acertadamente indica Rallo que la propuesta de subida del IVA debería acompañarse de un estudio financiero para estimar como afectaría la medida a las cuentas públicas. Pero suponemos que esto no ha pasado siquiera por la cabeza de nuestro gobierno.
En definitiva, se trata de una medida puramente ideológica que puede incluso perjudicar a las cuentas públicas profundizando en la crisis existente.