En la entrada anterior hacía referencia a que la crisis ha provocado incertidumbre y contribuido a incrementar las tasas de ahorro, lo que a su vez, conjuntamente con las intervenciones del banco central, han presionado a la baja los tipos de interés.
Ante la situación, los ahorradores pueden adoptar distintas estrategias: guardar el dinero en el calcetín, gastar y no ahorrar, ahorrar más para compensar los tipos tan reducidos, o adoptar inversiones con más riesgo y más rentabilidad.
Dada la reducida inflación (mínimo coste de oportunidad), una opción es el ahorro en efectivo. Pero la intención de los bancos centrales es estimular la demanda agregada, para que ello repercuta en el PIB al mismo tiempo que se reducen los riesgos de desinflación o incluso deflación.
Y para facilitar las acciones de los bancos centrales ya se ha propuesto la desaparición del dinero en efectivo. De esa forma las transacciones se encontrarían controladas y se haría más efectiva la política monetaria, ya que el mercado estaría cautivo en manos del sistema financiero y los tipos negativos se trasladarían a los depósitos, obligando a mover el dinero o a pagar por él. Situación que por otra parte, constituye un atentado contra la propiedad privada (libertad de movimiento de capitales) y la libertad individual.
Y esta es una amenaza real, ya que aunque muy poco probable en el corto plazo, no se puede descartar a largo plazo. El gobierno influye en este sentido al prohibir los pagos en efectivo por encima de cierta cantidad bajo el pretexto de la lucha contra el fraude fiscal, lo que sumado a los efectos de la COVID, que ha incrementado los pagos con dinero de plástico, contribuyen a acelerar este cambio.
Siendo lamentable en este sentido que la propia población contribuya al cambio, ya que a medida que se deje de utilizar el efectivo, se pone en bandeja la justificación política para eliminarlo.
Eliminarlo no sería una alternativa nefasta si los ingresos fiscales fueran utilizados eficientemente y si no existiera corrupción, pero esa situación, y más en España, se aleja mucho de la realidad.
Y esta situación también podría tener su repercusión a nivel de mercados, ya que bajo la tergiversación del objeto de la tasa Tobin, inicialmente ideada para estabilizar los tipos de cambio, se puede implantar un impuesto a las transacciones financieras con un objetivo recaudatorio que reduciría la rentabilidad, pero también con otro más sibilino: Debido a los costes, desplazar el capital de los mercados hacia el consumo o la inversión.
En cualquier caso, y en la situación actual, los reducidos tipos de interés contribuyen a la adquisición de activos de riesgo pudiendo generar burbujas especulativas. Y en este sentido, se ha Indicado que el incremento de precios de los activos contribuye a incrementar la desigualdad. Efecto potenciado por el hecho de que la crisis incrementa los niveles de desempleo, el factor que contribuye en mayor medida a generar desigualdad.
Esto en principio podría pensarse que no tiene efectos sobre los mercados, pero potencialmente si los tiene. El incremento de desigualdad, a largo plazo, puede generar inestabilidad social impulsando medidas redistributivas, e incremento de extremismos y populismos que generen inestabilidad política pudiendo repercutir sobre los mercados.
Y en este sentido, una cuestión que me gustaría puntualizar es que dicha desigualdad es un resultado colateral de la interferencia del banco central en los mercados alternado el precio del dinero, lo que supone un incentivo a asumir riesgo y contribuye a incrementar el precio de los activos, lo que además de contribuir a incrementar la desigualdad, también contribuye a la generación de burbujas bursátiles.
Dada la situación actual, y como ha ocurrido en anteriores pandemias, se prevé que los tipos permanezcan reducidos soportando las cotizaciones bursátiles. Pero estas también se sostienen por los beneficios empresariales, y los tipos de interés reducidos dan lugar a distorsiones en el mercado de dinero, generando ineficiencias en la asignación de recursos que se acaban traduciendo en menor crecimiento económico y menores beneficios empresariales.
Este hecho parte de la base de que la represión financiera del BCE se acompaña de otro tipo de problemas. La interferencia del BCE reduce el coste financiero, tanto para el sector público como privado, pero también reduce la remuneración del capital. Por tanto favoreciendo a deudores y perjudicando a acreedores. Y como consecuencia, contribuye a reducir la tasa de ahorro y por tanto el volumen de fondos prestables.
Situación que se produce porque sus intervenciones distorsionan el precio del dinero situándolo por debajo del punto de equilibrio, contribuyendo a una ineficiente asignación de recursos, al mismo tiempo que incentiva procesos de extracción de rentas (rent seeking) y corrupción al favorecer a ciertos grupos en la asignación de dichos recursos.
Es decir, la menor oferta de dinero afecta a la asignación de este, pudiendo los intermediarios financiar los préstamos menos arriesgados, contribuyendo a la supervivencia de empresas zombie al mismo tiempo que puede dificultar la financiación de empresas innovadoras y suponer una barrera de entrada a nuevas empresas, que si serían financiadas en un mercado de dinero en equilibrio.
Esta situación dificulta la innovación y la competencia, lo que entorpece el crecimiento económico, sin contribuir tampoco a reducir el ratio deuda/PIB, que es uno de los motivos principales, sino el principal, del mantenimiento de los tipos reducidos.
