La economía española se está viendo sacudida, de forma similar al resto de países del mundo por sucesivas crisis, la de la pandemia y del conflicto de Ucrania. Sin embargo, la economía española se está viendo afectada de forma más intensa, tanto a nivel de PIB como de inflación que muchos otros países de su entorno, y ello presumiblemente debe derivar de factores endógenos.
Y en este escenario, nuestro gobierno se encuentra jugando con la transición energética y el precio del gas, el mercado laboral, y las pensiones. Elementos que están interrelacionados y cuyos efectos condicionarán el futuro de las cuentas públicas y el progreso del país.
Empezando por el tema de la reforma laboral de 2021. Sus efectos sobre el empleo han sido calificados por ciertos políticos de extraordinarios, en función de los datos recogidos en las estadísticas de abril de 2022. Una conclusión un tanto sesgada y precipitada.
Si analizamos los datos del SEPE, si bien previamente a 2022 el porcentaje de contratos indefinidos suponía del orden del 10% del total de los nuevos contratos, a partir de enero de 2022 este porcentaje se ha ido incrementándose hasta llegar en abril a suponer el 48% del total de los contratos.
Este hecho ha permitido declarar que la transición entre empleo temporal e indefinido parece haberse iniciado, y en principio, que está, de momento, cumpliendo su objetivo.
Sin embargo esta apreciación puede ser prematura y suponer solo un espejismo de la realidad. Este resultado podía ser previsible, dado que determinados contratos temporales, como los de obra y servicio, que constituían, en 2021, entre el 35-37% de toda la contratación temporal, se han considerado ilegales y se han transformado. De tal forma que, de los nuevos contratos indefinidos, el 25% eran a tiempo parcial y el 34% fijos discontinuos.
Y en números, en abril, han desaparecido 266.368 contratos de obra y servicio, mientras que los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos han aumentado en 413.914, suponiendo el 59% del total de nuevos contratos indefinidos.
Por tanto, la temporalidad se ha trasladado a los contratos fijos discontinuos y a Los contratos a tiempo parcial. De tal forma que en este último caso podría suponer fragmentar un contrato a tiempo completo en varios a tiempo parcial.
Esperemos que este no haya sido el objetivo del legislador, el reparto de trabajo en un mercado de trabajo escaso, obviando la falacia de la cantidad fija de trabajo, ya que el empleo se crea con la actividad económica y por tanto no es una cantidad fija.
Sin embargo, por el lado positivo, no cabe duda que transformar los contratos en indefinidos conlleva una relación laboral más estable, quedando sometidos a causas objetivas de despido y diferente indemnización, lo que en realidad supone un endurecimiento de las condiciones de contratación. Motivo por el que tendremos que observar cómo responde la demanda de trabajo a este cambio. Una demanda por cierto ya castigada con subidas del SMI y de los precios de la energía.
Y desde el punto de vista macroeconómico, deberemos observar también cómo evolucionarán el número de horas trabajadas y la tasa de desempleo. En el primer caso determinando el grado de actividad real; y en el segundo caso, si lo que ha ocurrido es que los contratos a tiempo completo se han fragmentado, reduciendo desempleo, pero también salarios, al ser a tiempo parcial. Y en el caso de que sea así, puede reducir la intensidad laboral de los hogares e incrementar el riesgo de pobreza y/o exclusión social (AROPE).
En cualquier caso, hay que reconocer que reformar el mercado de trabajo era necesario, dada la elevada tasa de desempleo y precariedad laboral derivada del empleo temporal. El resultado ha sido que desde que se aprobó el uso de la contratación temporal, allá por 1984, entre una cuarta parte y un tercio de los trabajadores españoles han tenido en cada momento un contrato de este tipo.
Una tasa de temporalidad que ya se encontraba previamente 10 puntos por encima de la media europea (figura siguiente), encontrándose el 20% de este tipo de trabajadores en esta situación de forma involuntaria por no poder encontrar un empleo a tiempo completo, situación que ocurre en solo el 7% de la UE-27.
Figura.- EsadeEcPol. ¿Está reduciendo la temporalidad la reforma laboral de 2021? Una primera evaluación
El problema es que este hecho influye sobre el modelo productivo del país, ya que reduce la creación de capital humano y la inversión, lo que se traduce en menor aportación de valor añadido, menor incremento de productividad, reduciendo el crecimiento potencial de la economía y su competitividad.
Este modelo conduce a competir en precio y presionar los salarios a la baja, contribuyendo a generar una pobreza laboral que se extiende a pobreza infantil y energética.
En cualquier caso, la cuestión es que el éxito de la reforma laboral de 2021 lo podremos valorar a lo largo de los años, no por el dato puntual de un mes del mercado de trabajo. E independientemente de valoraciones políticas deberíamos desear que funcione, ya que la estabilidad laboral y empleo se podría traducir, además de en mayor valor añadido, estabilidad laboral, salarios más elevados, mayores tasas de natalidad, y todo ello facilitar la financiación de las pensiones. Hemos topado finalmente con las pensiones, el mayor gasto del estado.
