Últimamente se han anunciado cierres de una variedad de empresas industriales en España, como Alcoa, Siemens y Vestas , lo que contribuye a la desindustrialización del país. Siendo ello un reflejo del estancamiento económico de ciertos sectores económicos, con empresas que mantienen el empleo y sobreviven gracias a distinto tipo de ayudas públicas.
En ocasiones, estas ayudas son insuficientes para mantener su viabilidad y dan lugar a la movilización de la clase política para tratar de negociar y evitar cierres, debido a su repercusión sobre el empleo y la actividad de determinadas zonas geográficas con pocas alternativas.
Negociaciones que, por otra parte, cada vez se vuelven más complicadas al tratarse de multinacionales con elevado poder de negociación debido a su capacidad de deslocalización.
La situación es complicada, debido a la competencia internacional y la necesidad de generar beneficios, al mismo tiempo que mantener la actividad es importante para el país. Y como es lógico, la actividad permanece si existen beneficios y la rentabilidad no es inferior a los de otras instalaciones de la misma multinacional. A su vez, los beneficios vienen determinados tanto por el precio de sus productos en los mercados internacionales como por la evolución de sus costes.
Y entre los costes, y en el caso de las empresas intensivas en energía en mayor medida, cabe destacar el coste de la electricidad. Siendo este uno de los factores que se ha esgrimido en el cierre de plantas como las de Alcoa en La Coruña y Avilés. Levantando este tipo de situaciones indignación entre la población, al argumentar las ingentes ayudas que reciben estas empresas.
Es indudablemente correcto que las empresas reciben un trato especial desde el punto de vista energético. Siendo la primera evidencia el menor coste del Kwh frente a los hogares. Hecho por otra parte generalizado a través de toda la UE-28 (figura siguiente), salvo en Malta.
Figura.- Coste de la electricidad en los distintos países de la UE-28, para hogares y empresas (escala izquierda) en euros/Kwh, y la diferencia de precios para cada país entre ambos (escala derecha). Datos EUROSTAT correspondientes al segundo semestre de 2017.
Estas diferencias se producen como resultado de distinto tipo de ayudas que los países otorgan a sus empresas para proteger su competitividad. Pero también a que las industrias intensivas en energía tienen menores costes de transporte y distribución, ya que a ellas llegan las redes de alta tensión, por lo que no tienen que pagar distribución ; cuando además, en estas últimas es donde se producen las mayores pérdidas, cargando las empresas de transporte y distribución dichas pérdidas en la factura.
En el caso de España, según datos de EUROSTAT, los hogares pagan la sexta electricidad más cara de la UE-28, situándose en la media del Área Euro (AE) y algo superior a la media de la UE-28. Mientras que el precio del resto (no hogares), es la treceava mayor de la UE-28, situándose por debajo de la media del AE y UE-28.
Este hecho es importante, porque estas diferencias, por lo menos en parte, suponen una subvención cruzada de los hogares a la industria. Situación que por otra parte sucede en muchos otros países, dado que su ausencia supondría una pérdida de competitividad, reflejándose en ventas y empleo.
Sin embargo, aunque el precio de la electricidad para las empresas es en prácticamente todos los países de la UE-28 inferior al de los hogares, la diferencia de precio varía significativamente entre países. En el caso de España, esta es del 74,3%, la quinta mayor de la UE-28, y del orden de un 50% superior a la media del AE y UE-28, pero también lejos de otros países como Suecia y Bélgica, en que la diferencia de precio es de 146% y 119% respectivamente.
Pero además de la diferencia de precio, las empresas intensivas en energía también presentan otras ventajas, beneficiándose de los pagos por interrumpibilidad, mecanismo que no es exclusivo de España y también se emplea en otros países de la UE. Este es un mecanismo de ajuste por el lado de la demanda, de tal forma que cuando la oferta no es suficiente para satisfacer la demanda, o cuando el precio se considera elevado, se corta el suministro a las empresas intensivas en energía reduciéndose la demanda y el precio.
En España, los pagos por interrumpibilidad se han ido reduciendo a lo largo del tiempo, llegando el último año a minorarse un 40%, pasando de 525 a 316 millones de euros (figura siguiente), lo que ha afectado a las cuentas de resultados de estas empresas.
Figura.- Los cierres de Alcoa coinciden con una rebaja del 40% del incentivo eléctrico a la industria .
En el caso concreto de Alcoa, se ha indicado que ha recibido unos 1.000 mill de euros en los últimos diez años a través del sistema de interrumpibilidad, llevándose un 30% del total asignado, a pesar de lo cual, entre este año y el pasado las dos fábricas en cuestión han perdido 100 millones de euros.
Sin embargo, los mecanismos de retribución a través de interrumpibilidad no son los únicos factores que afectan a las cuentas de resultados de la industria, que también se ve favorecida por exenciones fiscales y de cargas (figura siguiente).
Figura.- Precio de la electricidad industrial en euros/Kwh para consumos entre 70.000-150.000 MWh/año, con impuestos y cargas incluidos y excluidos (escala izquierda), y diferencia entre ambos precios en porcentaje (escala derecha). Datos EUROSTAT . Nota: no se ha realizado con empresas de consumos superiores a 150.000 MWh por carencia de datos para todos los países.
Con impuestos y cargas, Reino Unido, Dinamarca y Alemania presentan los precios más altos, y España los novenos más altos, ligeramente inferiores a la media de la UE-28. Sin embargo, después de impuestos y cargas, este ranking cambia de forma significativa, y aunque Reino Unido sigue presentando la electricidad más cara, la danesa pasa a ser la decimosexta y la alemana la tercera más barata de la UE-28, mientras que España pasa a ser la quinta más cara, un 24,9% superior a la media de la UE-28, un 31% más cara que la danesa y francesa, y un 51% superior a la alemana.
Pero además, no debemos olvidar que nos encontramos en un mercado global, y que las empresas intensivas en energía no compiten solo con las empresas del mismo sector de la UE-28, sino también con la de otros países con regulaciones distintas, como por ejemplo sin costes de derechos de emisión de CO2.
Por tanto, estas empresas comercializan sus productos en los mercados internacionales, pero el precio de la electricidad es el doméstico, y este se encuentra condicionado por las características geográficas, medioambientales y regulatorias del país, lo que condiciona de forma importante la competitividad, dada la trascendencia del coste de la energía en los costes totales.
En el caso español, la AEGE, Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía, indica que el coste de la electricidad supone entre el 10-50% de los costes de producción de las industrias intensivas en energía. Encontrándose el coste condicionado por la carencia de interconexiones con el resto de Europa, concretamente Francia, que es únicamente de 2.300MW , muy lejos del 10% de capacidad instalada que se ha marcado la UE como objetivo para 2020 (la capacidad instalada española es de 104.122 MW ; el coste de los derechos de emisión de CO2; la reducción de los pagos por interrumpibilidad, y la ausencia de distintos mecanismos de compensación que existen en otros países, como la financiación de renovables o el pago de los peajes de acceso; además de por el precio de generación.
El coste de generación es función del mix de generación del país y de la evolución del coste de los distintos combustibles fósiles. En este último caso, debido a que las ofertas de los generadores marginales trasladan el incremento del coste de los combustibles a todo el sistema. Y aunque las energías renovables reducen el precio, cuando no son suficientes para satisfacer la demanda entran en el sistema las centrales de respaldo, que trabajan con combustibles fósiles; y dado que el sistema es marginalista, da lugar a que todos los ofertantes perciban el último precio casado.
RESUMEN Y DISCUSIÓN
La evidencia nos muestra como efectivamente el coste de la energía para la industria es inferior al de los hogares, tanto por las características propias de dichas empresas como por distinto tipo de ayudas públicas.
La situación actual de las empresas industriales intensivas en energía en España es resultado de la globalización y de la ausencia de un sistema de regulación global común, lo que da pié a que los estados apoyen la competitividad de sus empresas.
Este apoyo, en ocasiones se ve comprometido y amenaza la viabilidad empresarial por distintas circunstancias, haciendo dificil a la política solucionarlo, dado que, debido a la globalización, que reduce la importancia del factor trabajo, se ha incrementado el poder de negociación de dichas empresas, que presentan capacidad para deslocalizarse en función de costes si geográficamente no se aporta valor añadido.
Esta situación, de ayudas públicas, y resultado de la ausencia de una regulación global, da lugar simultáneamente al establecimiento de un sistema de extracción de rentas de las empresas a costa de la sociedad. Ya que se produce una transferencia de riqueza a partir de los ciudadanos, ya sea a través de subvenciones cruzadas de los hogares a las empresas, o a través de un mayor gasto o reducción de ingresos públicos, con el consiguiente coste de oportunidad, ya sea por ejemplo a través de la reducción de impuestos, o mayores inversiones o gasto social.
Y en todo este contexto, e independientemente de la influencia que puedan ejercer las multinacionales, lo lamentable de la situación es el decepcionante entorno económico español, que se caracteriza por no facilitar la actividad empresarial, obviando el hecho de que esta es la que permite el crecimiento económico y que repercute directamente sobre la calidad de vida y la estabilidad social.
En este sentido, cabe mencionar por ejemplo el anuncio reciente de la subida del SMI , el incremento de impuestos verdes a las empresas, o de forma más genérica, la inseguridad jurídica del país. Esta se ha visto plasmada en hechos como las cláusulas suelo, las primas a las renovables, o más recientemente la sentencia del TSJ (Tribunal Superior de Justicia) sobre el AJD (Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados) de las hipotecas, que no ayudan a mejorar la imagen del país y que desincentivan la inversión exterior.
Hecho importante, ya que en realidad suponen una vulneración del estado de derecho, reflejando simultáneamente la debilidad de nuestra democracia, que debería sustentarse, además de en el estado de derecho, en la separación de poderes.
Pero los problemas no acaban aquí, ya que habría que sumar la decepcionante inversión en I+D, la inestabilidad política generada por los nacionalismos, el elevado coste de la electricidad y el hecho de que gran parte de las grandes empresas sean extranjeras.
Los errores son muchos, y causa estupor por tanto la ineptitud e incapacidad de la política para enfrentarse a la realidad económica que vive el país. Sin percatarse de que el futuro del país, y de las próximas generaciones, depende de un entorno económico y social, que avalado por la política y las instituciones, facilite una actividad económica basada en el incremento de productividad y la competitividad.
