Breve ensayo sobre la democracia española

Se considera, en términos generales, que la democracia es el mejor sistema de gobierno, o por lo menos el menos malo. Pero como todo sistema, presenta sus virtudes y sus defectos, acentuados estos últimos porque su funcionamiento es sensible a las debilidades humanas, lo que da lugar a que algunos países dudosamente puedan llamarse democráticos.

Estos problemas llegan incluso a degradar la calidad de las democracias de países desarrollados, que presentan estructuras democráticas que adolecen de importantes carencias en sus principales pilares: la Constitución, la separación de poderes, las instituciones y el estado de derecho.

Un claro ejemplo de esta realidad es España, en que el control entre los distintos poderes del estado se difumina a través de la infiltración de los políticos en todo tipo de instituciones, hurtando a la democracia su capacidad de autocontrol.

Al mismo tiempo que da lugar a que el gobierno del pueblo se vea deformado por el clientelismo político, que tiene su origen en los votos que se alimentan del pesebre de las instituciones, muchas de las cuales, además de innecesarias, contribuyen a perpetuar los déficits públicos.

Esta visión quizá no sea compartida, pero evidentemente existe una duda razonable al respecto, y en este caso podríamos recordar la histórica frase de Julio Cesar: “La mujer del Cesar no debe solo ser honrada sino también parecerlo”, extrapolable a la presumible dudosa honestidad, buen hacer y competencia de nuestros políticos.

La separación de poderes, como he comentado, es un pilar del sistema y debería estar protegida por la Constitución, que también debería ser la máxima garante de la preservación de la democracia y del mantenimiento de un estado de derecho. Sin embargo, la Constitución puede ser una fuente de problemas cuando existen prisas por su aprobación, dejando un margen amplio de arbitrariedad a los poderes ejecutivo y legislativo que difuminan el carácter de imparcialidad que debe impregnar todo sistema democrático.

Este problema constitucional se eterniza y agrava por la necesidad de requerir mayorías cualificadas para modificarla, con objeto de evitar modificaciones constitucionales interesadas por mayorías simples o minorías mayoritarias, hecho por otra parte lógico, ya que lo contrario supondría una debilidad del sistema. Siendo este el motivo por el que habría sido importante partir de una Constitución robusta e imparcial que estuviera sujeta a las menores arbitrariedades posibles.

En este sentido llama la atención, en la historia reciente, los pactos de gobierno entre distintos partidos con el objeto de formar gobierno, beneficiando a una comunidad autónoma en particular, que pienso debían ser anticonstitucionales, ya que ello incrementa la diferencia entre los españoles, incluso en algunos casos beneficiando a unos pocos a costa de los demás, cuando presumiblemente el objetivo es la igualdad entre todos los españoles.

Asimismo, la Constitución debe contemplar una separación de poderes efectiva, ya que esta es la herramienta que mantiene viva la democracia. Estos poderes, ya enunciados por Montesquieu, hacen referencia al poder legislativo, ejecutivo y judicial, que podrían ampliarse en nuestro país al Tribunal Constitucional. Todos ellos, y muchas más instituciones , infiltrados por la telaraña de los partidos políticos.

Pero como comentaba anteriormente, además de las serias dudas sobre la existencia de una separación de poderes efectiva , también existen dudas sobre la existencia real de un estado de derecho, definido este no solo por el hecho de que todos los ciudadanos sean iguales ante la Ley, sino también por la calidad de dicho estado de derecho. Es decir, por la capacidad de aplicación de la legislación, que depende de la fortaleza de las instituciones, y el hecho de que las leyes sean justas y reconozcan los derechos y libertades de los ciudadanos en distintos ámbitos esenciales: social (formación y desarrollo humano y libertad de asociación y expresión), económico (libertad de contratación y propiedad privada) y político (derecho y libertad de elección de representantes).

Sin embargo, y en este contexto, reconociendo que la existencia de un estado de derecho es esencial para un desarrollo democrático, y siendo necesarias una serie de normas que regulen la convivencia, respeten la libertad individual y defiendan a los ciudadanos de los abusos del estado, también es necesario reconocer que las leyes restringen en cierto modo la libertad individual.

Y precisamente por este carácter restrictivo, es necesario huir de su profusión, ya que caemos en el riesgo de legislar sin efectos positivos para la colectividad al mismo tiempo que se limita la libertad individual, por lo que desde este punto de vista, podríamos indicar que la mejor ley es la que no existe por innecesaria.

Y en el ámbito del respeto a las leyes, es cuando menos sorprendente en nuestro país, la visión deformada que determinados políticos, generalmente de izquierdas o nacionalistas, tienen de la democracia y las leyes, ya que en ciertas ocasiones, tal como indica Álvaro Delgado en un interesante post, justifican evitar la aplicación de las leyes en situaciones específicas bajo argumentos como “atentado a la democracia”, “dirigirse contra el derecho de determinados ciudadanos en cuanto a su capacidad de decidir” o incluso a través de la calificación de “terrorismo de Estado”, cuando la realidad se encuentra precisamente en las antípodas, es decir, no aplicar las leyes en determinados supuestos a voluntad es lo que constituye un atentado contra la democracia o terrorismo de estado.

Pero volviendo al concepto de democracia y a su significado etimológico: “el gobierno del pueblo”, es necesario incidir en el principio fundamental del sistema, la libertad de elegir. En este caso, nuestra realidad es triste. El carácter democrático del estado queda restringido a votar cada cuatro años a personajes impuestos por unos partidos políticos que adolecen de escasa democracia interna y que se perpetúan en el sistema a través de la financiación pública, dando lugar este conjunto de hechos a que los ciudadanos seamos siervos de nuestra propia democracia.

Es por tanto imprescindible una regeneración democrática que elimine los factores que la distorsionan. Entre ellos, los fundamentales, aquellos que condicionan la libertad del individuo, como es la manipulación de las masas, la ignorancia, o incluso, como decía John Stuart Mill, el condicionamiento individual a través de los sentimientos sociales prevalecientes, ya que todos ellos envilecen el sistema en su propio origen y su existencia puede conducir a la tiranía del pueblo por el propio pueblo.

Pero el conocimiento para adquirir la libertad de pensamiento no es suficiente. La libertad de elegir del individuo también está condicionada por su libertad económica, es decir, por la no dependencia económica de terceros, evitando que las personas actúen por coacción o vendan su voluntad.

Cabe deducir de este hecho que la economía y política están íntimamente relacionadas, y no ya en cuanto a lo tan manido y referente a manipulaciones de mercado entre los poderes político y económico, exponente de las ineficiencias de mercado, sino al hecho de que la libertad económica permite la existencia de la libertad política.

Pero al mismo tiempo, la libertad económica se encuentra en gran parte condicionada por los poderes e instituciones públicos, que determinan la educación y la estructura económica del país, facilitando o no el grado de independencia económica individual que permita que la democracia alcance su máximo desarrollo.

Por tanto, la democracia puede ser el mejor sistema de gobierno, pero requiere unas condiciones básicas para ello, como son una Constitución justa, apoyada en fuertes instituciones que mantengan la separación de poderes y un estado de derecho profundo y amplio. Pero las instituciones y las leyes tienen un soporte humano, por lo que la formación y libertad económica, unida a la honestidad, deben ser pilares básicos que cimenten las estructuras democráticas.