En respuesta a la caída de la actividad derivada de los esfuerzos para frenar la propagación del coronavirus, todos los gobiernos han prometido ingentes cantidades de dinero –en forma de rebajas de impuestos y aumento del gasto–, reunidas bajo la rúbrica de estímulos fiscales, con el propósito de apuntalar sus economías. Ante la avalancha de grandes cifras en torno a estas medidas, pensamos que los inversores agradecerán un poco de contexto. A continuación le explicamos nuestro punto de vista sobre qué parece razonable esperar y qué no.
Si bien puede variar la forma exacta en que se aplican, los estímulos fiscales sirven para que los gobiernos inyecten o mantengan en circulación más dinero en una economía, ya sea mediante el aumento del gasto y la inversión o el recorte de impuestos y la creación de incentivos –o una combinación de ellos–. Su eficacia se revela cuando los consumidores y las empresas se muestran cautos en sus decisiones de gasto o tienen dificultades para acceder al capital: rasgos típicos de las recesiones económicas, es decir, caídas generales y sostenidas de la actividad de un país.
Pese a que aún no puede darse por hecha la crisis en el mundo desarrollado, fruto del cierre de negocios y las restricciones a la actividad por el coronavirus, el frenazo a corto plazo está asegurado. Los gobiernos han decretado la limitación de la movilidad frente a la propagación del virus, lo cual está incidiendo en las decisiones de gasto de las personas y las empresas que, a su vez, pueden repercutir en otros lugares. Cabe considerar que, si los consumidores de un determinado país no compran en un comercio debido a la vigencia de la cuarentena, esa empresa no podrá remunerar a sus trabajadores. Estos, por su parte, en la medida que dejen de recibir un salario, pueden acusar dificultades para afrontar sus gastos y, por consiguiente, recortarlos, perjudicando así a otras empresas en un ciclo que no cesa. Extrapolando este ejemplo al conjunto de la economía y durante un dilatado periodo de tiempo, la llegada de una recesión se convierte en algo muy posible.
Cuando las administraciones anuncian sus planes de estímulos, automáticamente generan debates sobre el destino del dinero para que este sea más eficaz. Entre 2008 y 2009, durante la crisis financiera, pero también tiempo después, las potencias principales anunciaron todo tipo de paquetes de incentivos, señalando en muchos de los cuales a sus supuestos beneficiarios. Por ejemplo, las autoridades estadounidenses sostenían que la American Recovery and Reinvestment Act (‘Ley para la Recuperación y Reinversión Estadounidense’) contribuiría a la generación de empleo y a la reparación de las infraestructuras nacionales; el Gobierno del Reino Unido argumentaba que el recorte del IVA ayudaría a los consumidores, muy castigados por la crisis; en Francia, el paquete fiscal de 26.000 millones de euros se orientaba a la vivienda social; por su parte, el plan alemán de 50.000 millones de euros tenía como objetivo reforzar el sector de la automoción. Estos propósitos copan los titulares y tal vez les permitan a los políticos vender sus iniciativas ante la sociedad y su electorado, pero, a nuestro juicio, este “primer gasto” importa menos que el mero hecho de inyectar dinero a la economía.
Examinemos el siguiente ejemplo. A raíz de un programa público de infraestructuras, una constructora gana una licitación para reparar el firme, lleno de baches, de la carretera principal de una localidad. A tal fin gasta parte de lo recibido en contratar personal y adquirir equipos. El dinero, pues, no queda ocioso, sino que empieza a circular hacia nuevos lugares. Así, la empresa que ha vendido el equipamiento ahora tiene fondos para financiar su proyecto de investigación y desarrollo y los trabajadores de la constructora pueden consumir en una cafetería de la zona. Asimismo, los beneficiarios de este estipendio pueden optar por gastar, invertir o ahorrar. Este fenómeno, según el cual los euros públicos gastados en primer lugar van cambiando de manos varias veces, se conoce en economía como el factor multiplicador. Significa, en esencia, lo contrario al impacto de las cuarentenas impuestas por la COVID-19: el movimiento del dinero reactiva la economía, fomentando así su expansión.
A pesar de que aporten un beneficio neto, dudamos que los estímulos fiscales sean la solución para todos los problemas económicos que afligen hoy al mundo. Por definición, se relacionan básicamente con el impulso de la demanda, es decir, persiguen animar a los consumidores y a las empresas a gastar. Aun así, el impacto de la COVID-19 no recae tanto en la demanda como en la oferta, o sea, que una rebaja fiscal no conseguirá que los consumidores compren en negocios cerrados por las restricciones vigentes.
Además, por más que aumente el gasto público en carreteras o se bajen impuestos para estimular el consumo, el dinero no circula muy rápido. La hipotética constructora del ejemplo anterior no cobra inmediatamente la reparación de la carretera, dado que el procedimiento de contratación, el diseño del plan de trabajo, la obtención de los permisos de las distintas administraciones y la incorporación de los trabajadores llevan algún tiempo. Igualmente, una política fiscal expansiva no se traduce necesariamente en un mayor consumo que eleva la demanda al instante porque también puede facilitar el ahorro o la amortización de deudas.
Somos del parecer de que lo más probable es que los efectos de la relajación fiscal se manifestarán tras el levantamiento de las prohibiciones relacionadas con la pandemia. Por consiguiente, si el confinamiento no se demora demasiado, los estímulos fiscales no deberían ser muy útiles, ya que no habrá meses de pérdida de salarios y actividad económica que contrarrestar. El gasto, por supuesto, podría ejercer de acicate, pero seguramente los esfuerzos excederían con creces el perjuicio real de la interrupción. Por otra parte, si las cuarentenas y el resto de las trabas se dilatan más de la cuenta, no se antoja factible que la acción pública mitigue sus funestas consecuencias en el PIB. En el mejor de los casos se podría esperar que el plan intensificara la recuperación.
Los estímulos fiscales, con todo, no son imprescindibles para revertir la coyuntura, muchas recesiones han terminado sin ellos. La historia nos dice que los consumidores y las empresas tienden a recuperarse y a volver a gastar. Las administraciones europeas no acometieron planes de este tipo durante la recesión de la eurozona entre 2011 y 2013, más bien al contrario: impulsaron la austeridad y la contención fiscal. Esto no fue un obstáculo para que los países miembros retomaran la senda del crecimiento a mediados de 2013. La política de ayudas puede favorecer la mejoría, si bien probablemente su capacidad para aplacar el golpe económico sea limitada.
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