UBER continúa frenado en Cancún, México

21 de mayo, 2018 0
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Análisis económico, político y social

UBER es usado en muchos países y en algunos otros restringido, como es el caso de algunas zonas mexicanas, una de ellas es Cancún, la que aún mantiene restricciones para UBER por el mismo control entre las asociaciones de taxistas y algunos órganos gubernamentales, más aun en otras ciudades de la región como Playa del Carmen, Tulum o Cozumel, en donde el tema incluso no está en debate debido a muchas razones, por ejemplo en Cozumel se intenta justificar la no viabilidad del servicio debido a una saturación de taxistas, consecuencia de un exceso de concesiones en administraciones anteriores (herencia de Roberto Borge), siendo esta una razón para que en futuras entregas de concesiones por parte del gobierno estatal se analice cuidadosamente cuantas necesita realmente el municipio, siendo esta concesión de transporte la que los órganos locales exigen a UBER para no ser detenidos.

Uno de estos órganos es la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA), encargados de regular principalmente el transporte público en México, quienes detienen las unidades UBER apoyados en el artículo 31 BIS de la ley de Tránsito, Transporte y Explotación de vías en Carreteras del estado de Quintana Roo, la que menciona que no será servicio público de transporte de pasajeros, el que se pretenda brindar o se brinde por particulares sin la autorización del Titular del Poder Ejecutivo (artículo adicionado y publicado en julio del 2015).

Una ley que se acepta, sabiendo que el objetivo es brindar un servicio público de calidad, sin embargo, UBER no es un servicio de transporte público, más bien es un acuerdo entre particulares, entendiéndose a servicio público como aquel que uno decide tomar públicamente y el que es abierto para todo el público, sin excepciones, sumándole a ello la posibilidad de anunciarse al público, entorno que muy bien debe ser regulado, puesto el gobierno debe garantizar que este servicio público sea eficiente.

Muy diferente el escenario, cuando se trata de un acuerdo entre particulares, en donde cada parte acepta los términos y condiciones del intercambio, el que no incluye a terceros y en donde no se necesita un agente regulador que garantice el cumplimiento, siendo la misma comunidad quien se encarga de evaluar y garantizar la buena experiencia.

Muy similar a la tecnología blockchain, la que por ahora estamos experimentando sus beneficios en el área financiera, en donde no existen intermediarios bancarios, en su momento la experiencia será también en estas áreas gubernamentales, en donde el gobierno o sindicatos poco podrán hacer por interferir, similar a como está ocurriendo actualmente en el área de hospedaje con aplicaciones como las de Airbnb, tripadvisor o homeaway.

Aplicaciones a las que la industria hotelera se está integrando poco a poco, resultando en una mayor competencia, lo que garantiza un mejor servicio para el usuario final, muy similar ira ocurriendo en el área de transporte con UBER, donde los usuarios se sienten más cómodos y seguros con una aplicación, la que es apoyada por la misma comunidad y sin terceros, sin embargo, puede ser un área en la que los organismos locales, contrario a restringir, pueden apoyar con nuevas leyes que se adapten al nuevo entorno económico, asegurando que las buenas prácticas del servicio público se mantengan al nivel del que se ofrecen en estas aplicaciones. Carlos Joaquín González, actual gobernador del estado, tiene una visión más abierta y transparente en lo referente al uso de nuevas tecnologías que terminen en mejores servicios para la comunidad, es por ello que a su petición se planteo la consulta popular sobre si se incluye a UBER en la nueva ley de movilidad, misma que esta en espera del resultado de la consulta para ser lanzada en el estado de Quintana Roo, consulta que se esperaba durante las elecciones del 1ro de julio, pero que recientemente fue revocada por el Tribunal Electoral de Quintana Roo, apoyados en un análisis superficial del tema por el Instituto Electoral de Quintana Roo, quienes tendrían que volver a realizar el análisis y fundamentar la trascendencia de la consulta más allá del municipio de Benito Juárez.

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