La variopinta cascada de reacciones que provocó ayer la huelga de taxistas contra la aplicación Uber, lleva aparejada interesantes reflexiones sobre regulación y libre mercado.
De un lado tenemos a un sector que se queja de competencia desleal y su principal argumentación es la falta de igualdad en materia impositiva, es decir, que mientras un taxista paga impuestos y cumple con una normativa vigente, estas plataformas alternativas no lo hacen.
Del otro lado tenemos una iniciativa empresarial de reciente creación, que en unos casos sin ánimo de lucro y en otros con un ideal empresarial de rentabilidad, ofrece un servicio alternativo que poco o nada tiene que ver con el tradicional de transporte.
Viendo las diferencias notables entre ambos servicios la pregunta es evidente ¿están legitimadas estas plataformas alternativas para irrumpir libremente en un mercado y competir? Dejando de lado temas jurídicos y legales, en un principio parece claro que la respuesta es sí. Por varios motivos.
En primer lugar porque el servicio de transporte debería operar bajo un régimen de total libertad, es decir, que fuera el usuario el que tuviera la posibilidad de elegir qué servicio quiere o desea utilizar, como ocurre hasta ahora, pero sin que existan sectores o gestores con protección o sobre regulación. Los taxistas nunca se han manifestado porque los usuarios caminasen, optasen por el bus, el metro o el tren, servicios que a pesar de su condición pública no son necesariamente operados por gestores públicos. Es más, actualmente hay alternativas al taxi como los servicios de limusina, el alquiler tradicional o el más novedoso alquiler por horas con libertad de recogida y entrega, que hacen competencia legal al taxi. Incluso siendo más estrictos, las bicicletas continúan con su irrupción en las ciudades y son una demanda creciente de uso entre la ciudadanía, bien en régimen de propiedad o de alquiler.
Nunca se ha visto al colectivo manifestarse por estas circunstancias. ¿Por qué lo hacen con esta virulencia y profusión? Porque se trata de un colectivo que nunca ha reconocido la competencia basando su demanda en una única cuestión: su bajísima eficiencia operativa y los elevados costes de ramp-up asociados al pago de una licencia.
Eso nos lleva a un segundo motivo. Los taxistas que se han manifestado aluden al clásico "estas plataformas no pagan impuestos", un argumento tan pueril como absurdo. Según ellos por tanto, los impuestos legitiman a que un sector exija protección. Los impuestos que pagan no son el problema sino el elevado coste de las licencias, muchas de ellas amortizables con un considerable pay-back. A eso se le suman los elevados costes operativos, de mantenimiento, y cómo no, los impuestos. Lo que es curioso es que aludan al tema fiscal siendo un sector con una baja transparencia en ese sentido y, seamos realistas, donde el dinero no declarado supone un elevado porcentaje de los ingresos brutos.
La libertad de mercado y lo duro que es una profesión son dos cosas totalmente diferentes que conviene no mezclar, algo que muchas veces resulta imposible cuando se intercambian ideas. Con independencia de que hablemos del taxi o de otra profesión autónoma, una cosa es que la profesión implique un esfuerzo elevado, sacrificio y poca gratificación monetaria, y otra radicalmente diferente es la libertad deseada para un sector, cualquiera que sea, y sus servicios.
En el caso del taxi, libertad implica que los trabajadores puedan elegir si desean desarrollar o no esa profesión. A nadie se le pone una pistola en la cabeza para adquirir una licencia. En muchos casos la autonomía es tan plena que no existe negociación alguna entre contratador y trabajador, pues el primero no existe cuando la licencia es en propiedad. El sector reclama un límite en las licencias de tal forma que se restrinja la entrada de nuevos operadores, de esa forma se hace uso de una teórica escasez de servicio lo que unido al control de precios, provoca que la oferta sea rígida y opere en condiciones ventajistas. El libre mercado lleva a equilibrios competitivos de tal manera que alcanzado un determinado umbral de concurrentes, la marginalidad de los ingresos provoca la expulsión natural de nuevos entrantes.Es lo que se llama una barrera natural.
Libertad es que sobre la esencia de un servicio, como es el transporte público, haya suficiente oferta para que el consumidor pueda discriminar por producto y precio, de tal manera que con el tiempo se establezca una selección de aquellos sobre los que se muestran mayor preferencia o se demuestran como más rentables. En ese sentido, oferta y demanda funcionan y acaban encontrando puntos de equilibrio de forma natural no forzada.
Si en el caso del taxi una aplicación irrumpe con un nuevo servicio, lo debería hacer al amparo de esa libertad a la que hago mención. Nadie pone objeciones a que dos vecinos compartan el coche para ir a trabajar o a que un compañero acerque a otro a un punto determinado. La diferencia está en la irrupción de un tercer agente que intermedia entre ambos facilitando la afluencia de ofertantes y demandantes de un mismo servicio, el transporte. Pero la argumentación frente a esta vía alternativa de competencia no pueden ser los impuestos. Los impuestos son la mayor distorsión que existe en las relaciones laborales, como argumentaré a continuación.
Si la empresa genera bases imponibles devengará un impuesto, y siendo servicio, debería generar un IVA. Esto en términos generales. En este caso particular se habla de la sede fiscal de estas empresas como un elemento de respuesta para hablar de competencia desleal. Eso debería ser un argumento público, nunca de los trabajadores. Si la empresa tiene sede, digamos en Dublin, lo hace porque allí la presión confiscatoria es menor, por lo que nos deberíamos de preguntar qué hace de mal el Estado de un país cuando deja escapar empresas emprendedoras por la absurda barrera que es la fiscalidad. La fiscalidad del trabajador, sea asalariado o autónomo es inaceptable, tanto como decir que sus impuestos son necesarios para sostener este monstruoso estado público, fuente de gasto sin control, de ineficiencias gestoras y de carencia de visibilidad.
Por último, hay cuestiones menores que tienen que ver con circunstancias más subjetivas como las que se atribuye el taxi. Esta mañana escuchaba que los conductores no pasan controles, lo cual no es cierto pues la reputación de la empresa y su éxito empresarial dependen de ello. Es más, los propios taxistas tampoco los pasan. Un taxista puede conducir ebrio, bajo su responsabilidad, como lo puede hacer cualquier conductor. Sobre la adecuación de los vehículos, tres cuartas partes de lo mismo. Los taxis de algunas ciudades no cumplen con el estándar de limpieza mínimamente exigido por no hablar del subarriendo de licencias, la sobre explotación de los vehículos, los controles a prácticas fraudulentas, la ética de los conductores, la falta de preparación, etc. Un ejemplo, cómo va a competir el taxi tradicional frente a un vehículo un 50% más barato, igualmente adaptado, menos preocupado de sus costes (por ejemplo a la hora de usar el aire acondicionado), con mejor presencia y con un conductor que domine un idioma. Es imposible.
Como siempre que sucede en estos casos, se argumenta desde la irracionalidad, a la violencia de las protestas me remito, para intentar imponer lo que es injustificable. El sector presenta una evidente sobre regulación que es inadmisible. Como lo es pretender imponerse por la fuerza frente a alternativas que en apariencia no supongan riesgos morales ni reales para la salud de los usuarios. La argumentación de los impuestos es refutable. Igualmente lo es el servicio añadido que se presta o las irregularidades que se tapan y que son de sobra conocidos por todos.
No trato de argumentar frente a un gremio que respeto y utilizo con un grado de satisfacción repartido entre bueno y malo. Es evidente que la profesión es muy sacrificada y que las cuestiones no se pueden plantear a la ligera, pero por el mismo motivo se tienen que aceptar las críticas y que los usuarios deben ser soberanos para elegir. Otra cuestión es la falta de libertad existente, algo de lo que lamentablemente adolece nuestro país en la gran mayoría de ámbitos laborales y profesionales.
