¿Reforma fiscal? Sí, pero por favor, antes bajen el insoportable gasto público

26 de marzo, 2014 2
Economista de carrera, he desarrollado mi carrera profesional como analista financiero siendo durante muchos años el responsable de un equipo de... [+ info]
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La reciente propuesta presentada por el comité de expertos, me niego a llamarles sabios como insiste en denominarlo un amplio sector la prensa, ha generado una enorme polvareda posiblemente por una no muy correcta interpretación que se le ha dado a la misma. Reconozco que no he tenido la paciencia de leerme punto por punto el extenso contenido de la misma, lo cual no creo que menoscabe mí visión, pero a cambio sí he basado mi reflexión analizando la opinión de detractores y defensores.

Lo primero que conviene destacar es que se trata de una propuesta valiente, ampliamente reformista y con una profunda vocación de cambio. Se presenta una amplia batería de medidas encaminadas fundamentalmente a un objetivo, modificar la actual estructura fiscal en aras de un mayor empleo a largo plazo. En paralelo presenta un modelo que necesariamente iría acompañado de una gestión más eficiente, con una mayor lucha contra el fraude y una mayor responsabilidad por parte de los contribuyentes. La propuesta no busca elevar la presión fiscal sino mantenerla. Para ello, el comité busca una horquilla de referencia en la recaudación de entre el 37% y el 38% del PIB, lo cual es visto por muchos como un intento de mantener la presión fiscal en niveles elevados.

Como epicentro de la misma, y quizás ese sea el punto más polémico, la propuesta busca reequilibrar la carga fiscal trasladando la misma desde las rentas del trabajo al consumo. De ahí surge la idea de rebajar las cotizaciones sociales, modificar los tipos nominales y ampliar las bases imponibles de las empresas, mientras que para mantener el nivel recaudatorio se buscaría elevar los impuestos indirectos sobre el consumo (IVA) y eliminar algunas deducciones establecidas sobre la renta de los trabajadores (IRPF).

El estudio se basa en modelos europeos donde previamente se ha aplicado esa fórmula de traslación. Cuando se abarata el precio relativo del factor trabajo respecto al consumo, se habla de desgravar las rentas del trabajo vía impuestos directos y elevar la imposición indirecta sobre el consumo, lo cual no necesariamente debe suponer una caída del gasto como se ha titularizado en primeras planas. Recordemos que el gobierno ya aplicó una reclasificación y subida de los tipos nominales del IVA en 2012, que fue un fracaso porque la medida no se vio acompañada de una necesaria rebaja en los impuestos sobre la renta.

Si se aumenta la presión fiscal sobre el consumo sin liberar la carga sobre otras rentas, es evidente que hay dos efectos. Uno a medio plazo sobre la recaudación y otro menos claro e impredecible, que se está convirtiendo en una realidad, que es a la deflación. Los agentes posponen sus decisiones de consumo pensando que las empresas tenderán a asumir ese mayor precio no repercutiendo el impuesto al precio final, o que de no hacerlo de forma inmediata, lo acabarán aplicando en el futuro en un contexto de mercado competitivo ante una eventual caída en las ventas. El segundo es de más difícil determinación pero no menos peligroso, porque los consumidores son también en su mayor parte deudores dado su elevado nivel de apalancamiento adquirido con la vivienda, con lo cual si se confirma esa espiral deflacionista, son los propios endeudados los que salen perdiendo pues la deuda está expresada en su valor nominal.

Ese efecto es claramente pernicioso pues el estado disminuye su potencial de crecimiento, no eleva la recaudación, con lo que mantiene un elevado déficit, y al mantenerse un sistema pernicioso que sobregrava las rentas del trabajo, se puede inmolar hacia una espiral de deflación.

Uno de los errores conceptuales viene por el hecho de que los precios vienen determinados por su coste de producción y no por la preferencia de los consumidores, es decir, por su coste marginal en lugar de por su utilidad marginal. Por eso, plantear un escenario con ese perfil, como el mantenido por el gobierno hasta la fecha, lo único que hace es detraer el gasto y con ello posponer dos elementos clave para la salida plena de la crisis: la reducción del desempleo y del déficit, con el consiguiente aumento de la deuda y la carga futura para los trabajadores vía el servicio de la deuda que suponen su devolución e intereses.

Por eso esta reforma lo que busca es reequilibrar la estructura fiscal. Sí, creo que es acertada en la base. Creo que la perspectiva de aumentar impuestos indirectos reduce el consumo solo desde una óptica estática, es decir, si no se tiene en cuenta el efecto que genera la reducción de otros. Por eso es prioritario replantear las cargas.

En mi opinión, si se pretende priorizar el empleo, el incentivo pasa por las empresas no por el consumo. Pero para evitar una caída en la recaudación, luego iremos con esto, es necesario reequilibrar las fuentes de ingresos. Es importante tocar los impuestos indirectos. Como también lo es promover el ahorro y la inversión a la vez que desincentivar el endeudamiento, por eso tiene sentido eliminar la deducción por viviendasólo si se libera de manera notable la carga sobre el factor trabajo. Por eso creo que frente a una medida electoralista como es tocar o no la deducción en la renta del trabajador, tiene que ir necesariamente priorizada una menor carga en el coste del empleo para las empresas y en su fiscalidad para los trabajadores. Yen eso la propuesta se queda corta.

En cualquier caso, todo lo planteado es rebatible, pudiendo establecer dinámicas activas de redistribución de impuestos, ampliación o reducción de bases imponibles, eliminación de deducciones… Pero estaríamos dejando de lado lo que para mí es prioritario, ninguna reforma fiscal tendrá éxito a medio plazo sin la necesaria y obligada rebaja del gasto por parte de un gobierno.

El gobierno presenta la reforma como un “reparto de sacrificios”, cuando realmente carga su presión contra el trabajador y en segundo lugar contra las empresas. No sienta las bases para una creación sostenida de empleo porque la reforma no genera confianza ya que la misma no lleva aparejado el mensaje de compromiso por reducir el gasto público.

Si el sacrificio sólo se le aplica inequívocamente al que obtiene rentas puede ser igualmente justo plantearlo de otra manera. Que asuma el sacrificio mediante una menor percepción de servicios sociales. Es decir, no aumentar la presión sobre el consumo o sobre las rentas, bien del capital o bien del trabajo, puede venir compensado con una notable rebaja en el gasto por prestaciones, subvenciones, gasto ineficiente, superfluo, en una palabra, inútil.

¿Prefiere un trabajador una mayor garantía de empleo con una rebaja notable en la confiscación fiscal de su renta obtenida a cambio de un menor despilfarro en sanidad, educación o infraestructura? La respuesta es obvia. Si el gasto se vuelve eficiente, que no restrictivo, lógico, que no innecesario, y correctamente ofertado, que no regalado, el trabajador aprenderá socialmente a valorar sus impuestos llevándole a una dinámica de sociedad más avanzada en el que la lógica es: pagar impuestos para obtener un mayor retorno y una equidad razonable.

En otras palabras, en un mercado verdaderamente libre y competitivo, si desaparece el Estado como elemento distorsionador en la fijación de preciosy por consiguiente su asociación al servicio público, la sanidad, por ejemplo, racionalizaría el gasto, atendería con mayor eficiencia y sería más justa. Atendería los casos necesarios con los medios disponibles, sin despilfarrar. El sector privado competiría entre sí para proveer de los servicios que no se ofrezcan y lo harían a precios razonables, pues eso es la competencia. Y hablo de competencia, no de la mal llamada privatización de la sanidad madrileña, un absoluto desastre de comunicación, gestión y negociación.

Los que se manifiestan por la dignidad y defienden que la sanidad o la educación no se vende, no reparan en tomarse su tiempo eligiendo en las estanterías de un supermercado, después de haber discriminado a otros, eligiendo su cesta de la compra. Todo en libertad y competencia. Quieren lo ineficiente sólo porque no pagan directamente por su consumo. ¿Qué pasaría si en lugar de pagar impuestos se abonase la factura real de la sanidad por cada consulta, operación o intervención que se realiza? El debate de los impuestos desaparecería y se hablaría de incompetencia gestora en lo público.

Pero aquí estoy entrando en un tema tan delicado como apasionante, como es la desaparición de los gestores públicos y el sostenimiento electoralista del concepto servicio público. Sólo diré que todas las empresas privadas dan servicios públicos, la diferencia está en la forma de pago que en un caso es inmediata y en el otro diferida. ¿O qué se piensa la gente que es un taxi? Un servicio público gestionado de manera autónoma y privada que opera en competencia, asume riesgos y busca el mayor retorno posible gracias a unas reglas de juego definidas y aceptadas.

En definitiva, si la solución para una mejora del empleo pasa necesariamente por un reequilibrio de nuestro sistema impositivo con efectos visibles a largo plazo, necesariamente ese paso debe de ir acompañado por uno de efecto inmediato, la reducción del gasto público. Sin una caída de al menos 10 puntos porcentuales del gasto público medidos sobre PIB, con la consiguiente reducción del déficit y el desapalancamiento del estado, es imposible movernos en un entorno de reestructuración fiscal comprensible, aceptado, y sobre todo, que funcione y se convierta en el necesario elemento dinamizador del empleo.

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