A la vista de los datos que se ofrecen en el gráfico 1, podemos ver como el endeudamiento de las economías domésticas y de las empresas supera y por mucho al estatal, entonces, ¿sería conveniente que el Estado renunciara a parte de la financiación vía impuestos.
Para poder opinar sobre esto hay que tener en cuenta los distintos efectos que tienen los impuestos y las diversas formas en las que pueden presentarse.
Se distinguen dos tipos de impuestos, los que gravan las rentas y los que lo hacen del consumo, más comunmente denominados directos e indirectos respectivamente.
El segundo grupo, los impuestos indirectos, que incluyen a la mayor parte de los llamados “impuestos especiales”: sobre el tabaco y el alcohol, y sobre hidrocarburos; por su parte, sí están condicionados a la propensión por consumir. Esto significa que dependerá de que si con su renta disponible una persona consume o ahorra. Precisamente, este es su principal efecto, aumentar el precio de los productos cuyo consumo gravan aumentando así la propensión a consumir (por necesidad) y disminuyendo, consecuentemente, el ahorro.
Impedir el ahorro lleva consigo una reducción de la inversión. Esto viene acentuado por el efecto crowding out o efecto expulsión que se da actualmente. Esto se produce al desplazar el sector público al privado de la financiación. Solo hay que mencionar los miles de millones de euros que el Estado consigue mediante letras, bonos y obligaciones del Estado cada semana.
¿Cómo saber hasta que punto la tasa impositiva es adecuada para la economía y no es contraproducente, a la hora de cuantificar sus efectos? Analizando el comportamiento que se manifiesta a distintas proporciones en las tasas impositivas, nos encontramos con que siguen la Ley de efectos marginales decrecientes (diminishing returns), relacionada con la Curva de Laffer. El rendimiento marginal de cada unidad del porcentaje en un impuesto se reducirá a medida que la cantidad de éste aumente a partir de un óptimo; debe entenderse por rendimiento marginal la cantidad recaudada que se obtiene después de añadir una unidad al porcentaje imponible. Todo esto considerando una situación ceteris paribus, es decir, con el resto de variables constantes.
Nos encontramos con cuatro posiciones posibles, de las cuales nos interesan sobre todo la C y la D. La posición C representa el óptimo de la función, traducido, el nivel máximo de recaudación. Por otra parte, la posición D describe el decrecimiento que provoca aumentar la tasa imponible. Vemos como el óptimo representa un punto de inflexión a partir del cual el objetivo de aumentar la recaudación empieza a ponerse en entredicho. Representa que a partir de ese punto los efectos desincentivadores de los impuestos cobran un peso lo suficientemente grande como para que no resulte conveniente.
A pesar de lo sencillo que esto parece, es muy difícil hallar el nivel justo pues las demás variables cambian continuamente debido a que la economía somos nosotros, algo vivo, algo cambiante. Como orientación podríamos acudir a comparativas realizadas junto con los países de nuestro entorno europeo. Los datos se conformarían así:
En las tablas anteriores puede verse como aunque en el IVA España se encuentra en la media europea, esto no puede decirse de los impuestos directos, sobre todo el impuesto de sociedades.
¿Hay margen para bajar los impuestos? Pues depende de los criterios que utilices, la jerarquía de prioridades que se tengan. Lo cierto es que los impuestos deben de tratarse con premeditación, constituyen una política fiscal contractiva que no estimula el crecimiento económico y que una política errónea en estos asuntos conlleva graves consecuencias, sobre todo a nivel competitivo del país. Que se anteponen las necesidades de financiación pública a las privadas por el objetivo de déficit, bueno, pero hay que tener muy presente lo que se pierde por el camino: inversión, inversión privada, el auténtico motor de una economía. Personalmente pienso que la Unión Europea tiene una gran oportunidad en proseguir con la integración de la normativa transnacional de los Estados miembros, no solo por ser un campo económico vital sino también por justicia e igualdad de condiciones, en pos de eliminar desequilibrios territoriales de carácter económico.
Fuentes:
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