La noticia salta el día 11 de Febrero, un proveedor de hoteles HUSA fuerza su concurso necesario de acreedores.
Se trata de una empresa con un pasivo cercano a los 200 millones de euros y unos activos cifrados en unos 150 millones. Las cuentas parecen muy claras y estamos hablando de unos 1.500 trabajadores directos que perderán sus puestos de trabajo casi con total seguridad. Sin embargo, se trata sólo de la punta del iceberg ya que varias sociedades del grupo procederán a solicitar el concurso de acreedores tras la caída de la matriz. Aún no sabemos el número de puestos de trabajo perdidos.
Otras grandes empresas, bien en concurso de acreedores que en un 70% se convertirán en liquidaciones, bien en ERE’s forzados para mantener en pie lo que se pudiera de la empresa, y miles de cierres forzados de pequeñas empresas y autónomos, dejaron sólo en el mes de enero una rebaja a la Seguridad Social de 184.000 cotizantes.
Con datos del tercer trimestre de 2013, 2.116 empresas solicitaron concurso voluntario de acreedores, y es el segundo peor trimestre desde el comienzo de la crisis, representando un incremento del 10,4% respecto al ejercicio anterior.
Por su parte, la evolución del número de quiebras no deja lugar a dudas. Concretamente, durante 2013 se produjeron 8.934 quiebras, con un número indeterminado de puestos de trabajo perdidos en la economía.
En el sector privado, en la economía real, no estamos viendo brotes verdes como se empeña el gobierno en asegurar, urgido por las constantes elecciones políticas que sufrimos casi cada año.
Lejos de aplicar la lógica reduciendo la presión fiscal para potenciar el consumo interno, aliviar las maltrechas economías domésticas y frenar la sangría de puestos de trabajo, el gobierno central, y toda clase de gobiernos locales, trabajan en el sentido contrario: dar por concluidos los supuestos ajustes en sus gastos y proceder a implantar un sinfín de nuevas figuras impositivas, a la vez que potencian las existentes, para reducir el déficit público, que a tenor de los datos del último informe del BBVA, se situó en 2013 un un 7% del PIB, es decir en algo más de 70.000 millones de euros, por encima del límite pactado con Bruselas.
Los problemas no acaban aquí, a pesar del incremento de la presión fiscal, la recaudación se ha estabilizado en el entorno del 37% del PIB. Motivos como la pérdida de los puestos de trabajo, el incremento de la economía sumergida (no olvidemos que en la mayoría de los casos, como táctica extrema de pura supervivencia), la reducción del poder adquisitivo y la reducción de la financiación, tanto a familias como empresas, hacen que necesariamente el consumo se reduzca, contribuyendo a que la espiral de menor consumo, mayor desempleo, se agite de forma automática.
Con un déficit como el apuntado y unos pagos por nuestra deuda pública para este año, entre amortización de deuda y pago de los correspondientes intereses, de unos 275.000 millones de euros (lo que representa aproximadamente el 26% de nuestro PIB), me temo que los brotes verdes, no tienen el tono que a tonos nos gustaría ver. Como es de esperar, una buena parte de ese dinero que tenemos que devolver, procederá de nuevos créditos que contribuirán a su vez a incrementar la enorme pelota de deuda pública que vamos acumulando.
Con expectativas de crecimiento reducido alrededor del cero, el gobierno sólo tiene dos alternativas: o seguir estrangulando la economía con el incremento de la presión fiscal, o reducir los gastos de un Estado hipertrofiado.
Sobra decir que nuestra economía no está en absoluto estabilizada y que nos quedan años de ajustes adicionales. Mantengamos la esperanza de que el gobierno tome las medidas oportunas, bien sea por convicción o porque la economía le envíe claras señales de inviabilidad.
