No es que el gobierno del PP no fuera, en sus horas liquidacionistas, un peligroso Zoombi andante; pero su sucesor, el del PSOE, está cargado de bombas que no sabe manejar. Sus intenciones pueden ser loables, pero las consecuencias, ¡ay, las consecuencias! Son terroríficas. Este gobierno que se ha aupado al poder con 84 diputados, viene con intenciones de revolcarlo todo. Uno de los frentes en los que va a perder - vamos a perder todos - es Cataluña. Otro, es la deuda pública. Les recomiendo que lean a Manuel Lagares, en El Mundo de hoy. Un artículo alarmante de un catedrático de Hacienda que nos avisa de dónde puede llegar el déficit y la deuda públicos. De él tomo estos párrafos,
Sin embargo el actual Gobierno ha solicitado ya a la UE autorización para aumentar la cifra de déficit para 2018 en un 0,5% del PIB -es decir, en cifras próximas a 6.000 millones de euros- para financiar los aumentos de gasto público que pretende. Pero, teniendo en cuenta sus desconocidos compromisos con Cataluña, que se sospechan elevados, las inevitables demandas de las restantes comunidades autónomas, que no se van a conformar con menos, y el aumento de las pensiones y de otros muchos gastos ya anunciados, esa cifra posiblemente se quedará muy corta. El resultado puede ser un déficit público apreciablemente superior al de 2017, porque las anunciadas subidas de impuestos probablemente no llegarán a tiempo de aumentar mucho la recaudación en este ejercicio.
¿Se trata de una política fiscal sensata? Francamente, no. Tenemos una deuda pública cuyo valor está muy próximo al del PIB -concretamente, del 98,3% del PIB en 2017 y del 98,8% en el primer trimestre de este año- y unos déficits que incrementan anualmente la cuantía de esa deuda. Como es conocido, la deuda pública en su conjunto casi nunca se paga, sino que se refinancia mediante la emisión de nuevos títulos. Pero si los tipos de interés crecen, como pueden hacerlo más pronto que tarde, tanto la nueva deuda que sustituya a la amortizada como la que se genere por el déficit público del año supondrá una carga mayor por intereses que la antigua, aumentando el déficit y, consecuentemente, generando más deuda. Ese proceso de crecimiento puede hacerse explosivo en poco tiempo, absorbiendo incluso el crecimiento nominal del PIB. Muchos son los análisis y recomendaciones de organismos internacionales que advierten del grave riesgo de una deuda en rápido crecimiento. Por eso, la UE ha venido exigiendo que la deuda pública no sobrepase el 60% del PIB, lo que incumplimos hoy. La solución en estos casos es fácil de entender, pero difícil de aplicar: sólo cabe reducir los gastos y aumentar los impuestos. La misma que hubo de aplicarse dolorosamente cuando el déficit público se elevó por encima del 11% del PIB en 2009, debido a la crisis pero, sobre todo, a las desafortunadas políticas de gasto del Gobierno Zapatero.
HAY QUE señalar que, en 2007, las administraciones públicas lograron un superávit del 1,9% del PIB y que, sorprendentemente, en 2009 el déficit se situaba ya por encima del 11%, el más elevado de los últimos siglos de nuestra historia financiera. La transición desde un superávit de casi un 2% del PIB hacia el desastre del 11% de déficit fue, por tanto, rapidísima, de sólo dos años. Igual podría ocurrir ahora si relajásemos alegremente la política fiscal. Eso terminaría por conducirnos, como entonces, a un obligado y durísimo proceso de estabilización, a tasas negativas de crecimiento de la producción y a mayores cifras de paro, con el agravante de que en 2009 nuestra deuda pública era tan solo del 52,8% del PIB y hoy se sitúa en casi el 100%, lo que significa un importante motor adicional para el crecimiento del gasto por la vía de sus intereses.
La solución de aumentar los impuestos, tentación declarada del Gobierno, sólo tendría resultados recaudatorios a más largo plazo, salvo por el aumento inmediato del precio del gasoil, y sólo si ese aumento incluyese a las dos grandes figuras del sistema tributario: el IRPF y el IVA. Todo lo demás casi no sería más que fuegos de artificio y ganas de molestar. Pero, para que el IRPF recaude más, su aumento no puede ceñirse sólo a los más ricos, que no son muchos, sino extenderse a toda la cuantiosa zona media de contribuyentes, con efectos muy negativos sobre el trabajo, el ahorro y la asunción de riesgos, es decir, sobre el crecimiento de la producción. Y si lo que se aumenta es el IVA, sus efectos sobre el consumo familiar -y consecuentemente, sobre la demanda global- pueden ser también muy negativos para la producción y el empleo. Por eso, lo más seguro es mantener una línea responsable de contención del gasto público y no dedicarse alegremente a sembrar expectativas de aumento que, antes de que nos descuidemos, pueden conducirnos al mismo desastre de 2009. Aprendamos de tan negativa lección.
El gobierno necesita demostrar que es tan de izquierda o más que Podemos, su principal enemigo electoral por la izquierda, y para eso está la Hacienda española, para estrujarla hasta que cante la Traviata y de paso, los españoles sangren dinero. Hay elecciones a la vuelta de la esquina, en Primavera del 2019, y hay que llegar en mejor posición que Podemos a los ayuntamientos y CCAA, al menos así se revertiría las posiciones actuales. Mientras, no dejar ni mojar pan a Podemos, al que hay que ningunear. Menuda jugarreta le ha hecho Sánchez a PI. Y el PP, en refundación, genial. ¿Que mientras aumenta la deuda a cifras mayores que Italia o incluso rayanas con Grecia? ya se verá. Recuérdese que la deuda pública española en términos de flujos de fondos es de 129%, no del 98%, lo que eleva las alarmas de Lagares por el efecto multiplicador del tipo de interés (veíamos el otro día que podía subir al 5%).
Si sumamos unas y otras cosas, España se acerca a su ruptura a la vez que su quiebra. A esto lo llaman política. Para mí son hechos delictivos, por muy legales que sean.
