Colombia a cerca de 20 años de haber promulgado la nueva carta magna y tras haber experimentado un periodo de crecimiento económico durante los años 2005 al 2008, el cual se vio interrumpido durante la crisis financiera acaecida en el año 2009, retorna nuevamente a la senda del crecimiento de la mano de una bonanza en el sector minero-energético, la cual se espera sea capitalizada por parte del gobierno nacional de la mano de la implementación del marco fiscal de mediano plazo y la regla fiscal, hechos que buscan generar superávit primario; adicionalmente hace pocos días se comenzó el trámite en el congreso nacional de la reforma a la distribución de las regalías, con lo que se busca mediante una mejor distribución de los recursos provenientes de la explotación de los recursos naturales beneficiar a las regiones del país y propiciar su progreso.
No obstante los hechos planteados, es claro primero que el estatuto tributario nacional parece más una colcha de retazos, que un documento serio que permita el recaudo de los tributos de una manera eficiente, considerando que esto es el producto de una serie de reformas tributarias, las cuales desde la
década de los noventa se dieron casi a razón de una por año con el firme propósito de incrementar el recaudo de impuestos y financiar el incremento en los gatos del estado; he aquí entonces el meollo del asunto y es lo que nos hace preguntarnos a que se debió este incremento en gastos, y claro está, aunque la respuesta no parezca obvia, si es sencilla, la constitución promulgada en el año 1991, la cual de la mano de la creación de nuevas entidades, incremento en las transferencias a los entes territoriales y del intervencionismo de la corte constitucional en temas económicos y tributarios, han llevado el gasto del
gobierno central a limites insostenibles.
Pero indicar que la constitución de 1991, es la única responsable del desastre fiscal del estado Colombiano, sería injusto, especialmente considerando que el desbalance en las finanzas del estado comenzó cuatro años antes, con la reforma tributaria del año 1986, la cual pretendía preparar el país frente a un proceso de liberación económica, la cual finalmente vendría a consolidarse en la década de los noventa de la mano del mandato del señor presidente de la Republica Cesar Gaviria Trujillo; valga la pena aclarar a este punto que antes de la reforma tributaria de 1986, los ingresos fiscales del estado permitían cubrir en una gran parte los gastos del mismo.
Recapitulando un poco, entonces podemos apreciar como dos políticas, cuyos objetivos podrían haber contribuido al desarrollo del país, se convirtieron en un desangre para las finanzas públicas y sumieron al estado Colombiano en un círculo vicioso de reformas tributarias que buscaban el incremento de los ingresos fiscales del estado colombiano, sin detenerse a revisar como lograr un punto de equilibrio fiscal que garantizara las finanzas públicas en el largo plazo. Es así que encontramos reformas tributarias que retiran exenciones y otras que las promulgan, adicionalmente a este hecho, observamos como impuesto tales como el IVA, fluctúan entre el 12 y el 14% en un periodo de 5 años, para ubicarse en la actualidad en el 16%, la reducción del impuesto a las remesas, pasando del 12 al 7% y la tarifa del impuesto de renta oscilando entre el 30 y el 38,5%; esto claramente presenta un panorama fiscal inestable frente a los inversionistas nacionales y extranjeros, generando un clima de desconfianza hacia la economía nacional; claro está que con miras a solventar este hecho y mejorar el clima para el inversionista se han generado acuerdos de estabilidad jurídica a veinte años, con lo que se pretende garantizar las condiciones de inversión en el mediano plazo.
Ahora bien, continuando con el tema, se podría determinar entonces que la década de los noventa jugó un papel fundamental para el desarrollo de las finanzas públicas colombianas, considerando que la deuda bruta consolidada del sector público colombiano paso de representar un 16,5% del PIB a un 64,5% para el año 2001, y que de la mano de este incremento se encuentre el de las transferencias a los entes territoriales, las cuales pasaron de 4,53% del PIB al principio de la década de los 90, a un 8,39 a finales de la misma.
Es claro que los gobiernos de la primera década del siglo XXI, no han hecho una mejor tarea y aunque consiguieron para el año 2009 consolidar la deuda del sector público en un 16% respecto al PIB, no lograron el cometido de llevar al congreso una reforma tributaria estructural que corrija de tajo la situación deficitaria del presupuesto nacional y garantice el funcionamiento optimo del estado, permitiéndole cumplir con los objetivos sociales que determina la constitución.
Frente a lo anterior, es factible ver que las medidas que se han venido tomando con el fin de solucionar el grave problema de ingresos del fisco, tan solo han conseguido permitirle a las administraciones ganar tiempo, mas no corregir el desbalance de fondo, el cual claro esta comenzaría desde mi punto de vista con una reforma de carácter constitucional tendiente a flexibilizar la dinámica del gasto, declarar como un objetivo de carácter fundamental para todas las instituciones del estado en pro del beneficio del pueblo colombiano, la adecuada gestión de los dineros públicos, velando por el patrimonio colectivo; en una segunda medida se debe buscar incrementar la base de ciudadanos que pagan sus tributos, obviamente acompañado de la mano de políticas tendientes a controlar la evasión, el contrabando y la morosidad, para tal fin deberían ponerse al alcance de la DIAN, todas las herramientas necesarias y suficientes para alcanzar tal cometido, esto deberá ir de la mano de un incremento en las penas para los dos primeros delitos y de una política que propicie al contribuyente un beneficio en caso del pronto pago de sus obligaciones y de un castigo en caso de retraso.
A su vez, se hace necesario garantizar que el acceso a los subsidios que proporciona el estado, sean en efecto solo para las personas más vulnerables de la sociedad, para tal fin deberá entonces atacar uno de los problemas fundamentales del estado colombiano y este claro esta es la corrupción, la cual desangra las arcas públicas año a año, de una manera continua, para tal fin, deberá garantizarse que este delito sea adecuadamente castigado por parte de la justicia.
Respecto a los otros hechos que deterioran año a año las finanzas públicas, debe en una primera instancia garantizar eficiencia administrativa en los procesos de la totalidad de las entidades públicas, para tal fin deberá procederse a fijar políticas tendientes a garantizar la sostenibilidad de las nominas públicas en el tiempo, limitando las contrataciones de personal, definiendo los cargos y delegando las actividades no propias del sector público a entidades del sector privado; es claro que existe un problema respecto al manejo pensional del país, el cual va de la mano con el incremento en las expectativas de vida de los Colombianos, los cuales a futuro van a recibir mesadas por más tiempo, situación que pone sobre la mesa dos elementos, siendo el primero tal y como proponen los bancos y en concordancia con el resto de las economías mundiales, incrementar la edad de jubilación, siendo esto complementado con un gravamen a las pensiones de mayor cuantía; no obstante deberá también tenerse un enfoque en la formalización del trabajo, con lo que se estaría tendiendo control sobre una mayor cantidad de recursos que se muevan en la economía nacional; con el fin de permitir un cobro de fácil recaudo, debería mantenerse el gravamen a los movimientos financieros, sin exención alguna, pero con una tarifa de 50 centavos por cada mil pesos.
Finalmente deberá entonces revisarse el plan de ordenamiento territorial, esto buscando fundamentalmente la eficiencia, claro está que sería de la mano de la reducción en la cantidad de departamentos, incremento en los requisitos para convertirse en municipio, con lo que se reducirían la cantidad de municipios existentes en el país y se reduciría la cantidad de burócratas poco calificados que buscan un cargo público para dilapidar los dineros del contribuyente; adicional a este hecho deberán establecer controles tal y como lo ha propuesto el gobierno nacional con el fin de evitar el uso desmedido por parte de los entes territoriales, comprometiendo el futuro de los mismos; eso sí, deberán
implementarse incrementos graduales en la tarifa del impuesto predial, con el fin único de mejorar las finanzas de los municipios.
