Cuando hablamos de prestación de servicios públicos, a la ciudadanía siempre se le viene a la cabeza la gratuidad de los servicios, como si éstos fueran sufragados por un tercero que no son ellos mismos con sus impuestos. De igual modo, entienden que al ser éstos públicos no hay posibilidad de elección, es un servicio asociado a un ente u organismo público, pero no es así en todos los países.
La Real Academia de la Lengua nos define la palabra Libertad (del latín libertas, libertatis), en las acepciones que nos atañen en esta exposición, como:
1. Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos.
2. Estado o condición de quien no es esclavo.
3. Estado de quien no está preso.
4. Falta de sujeción y subordinación. A los jóvenes los pierde la libertad.
7. Condición de las personas no obligadas por su estado al cumplimiento de ciertos deberes.
Cuando uno es libre, puede elegir desde tener la mejor prestación o el mejor servicio, a no tenerlo si no lo desea. La libertad es un principio de rango superior a la mera imposición de servicios que quieren mantener muchos de nuestros políticos, por mor de una falta de seguridad en la calidad de la prestación que se podría producir desde la esfera de la empresa privada. Yo prefiero ser tratado como un cliente, antes que ser tratado como un contribuyente o ciudadano. Como cliente, cuando no me gusta la prestación de un servicio puedo cambiar de operador, es una virtud del mercado y la libre competencia. Como ciudadano o contribuyente, si no estoy de acuerdo con la atención recibida no puedo cambiar de operador o de prestatario, estoy maniatado y soy dependiente de la mejor o peor gestión que del servicio me presten por su carácter monopolista.
A mí, no me gusta ser esclavo de un sistema que coarta mi libertad de elección. Me gusta elegir y equivocarme.
Yo soy responsable de mis actos y no necesito que nadie me imponga un sistema sin posibilidad de elección y valoración por mi parte. Me gusta elegir y equivocarme.
No me gusta sentirme preso de un sistema de prestación muy mejorable, cuando hay otros operadores donde elegir con distintos niveles de prestación. Me gusta elegir y equivocarme.
Como contribuyente no tengo el deber de aceptar un servicio público en el que no confío. Es una obligación del Estado la prestación de algunos servicios, o más bien el que sufraga su coste según los niveles que se hayan pactado con los contribuyentes.
En este mundo, donde se nos llena la boca con la palabra libertad, no entiendo como algunos defienden el monopolio de la prestación de ciertos servicios públicos que se inmiscuyen en nuestra libertad de elección. Quizás a muchos políticos y a su demagogia les interese difundir – más bien confundir – la prestación pública con lo que es gratuito, y expresar que la prestación privada tiene un coste cuando la pública parece que no lo tiene.
Hay países, demócratas, con un alto nivel de bienestar social como Suecia, donde hace años acabaron con este dilema. En servicios que hoy en España se consideran “muy de la esfera de la prestación pública”, como la Educación y la Sanidad, deslindaron claramente qué era la prestación del servicio y cuál era el gasto que debía sufragar la Administración por cada ciudadano. Así que usted, como español, imagine que como contribuyentes expresamos con nuestro voto que Sanidad y Educación fuesen de carácter universal y gratuito para los habitantes del país, y que éstos de una forma u otra lo íbamos a financiar (con impuestos totalmente, o parcialmente con algún copago).
La Administración podría estimar el coste anual que estaría dispuesta a asumir por cada ciudadano, “X” euros, en escolarización. ¿Por qué no entregar un bono escolar a los padres, y que éstos elijan el centro escolar donde formen a sus hijos? Los padres que decidan, dejar a sus hijos en la enseñanza pública o llevarlos a centros privados. De esta forma, se establecería una competencia real entre centros educativos, ya que la supervivencia de éstos dependería de la calidad de sus profesores, de su capacidad de transmitir conocimientos y de la valoración de los padres. Así evitaríamos el anquilosamiento que se produce en algunos centros públicos o concertados, donde por obligación de zona de influencia nuestros hijos son educados, y desde donde pueden acabar marcados de por vida. Si tuviésemos libertad de elección de centro educativo, podríamos cambiar a nuestros hijos de centro si éste no colma nuestras expectativas, de forma que podamos dotarlos de las “mejores armas” para la competencia global de conocimiento que les espera en su trabajo del futuro.
De igual modo, y extrapolando lo expuesto al área de la prestación sanitaria, con el bono salud podríamos elegir centro de atención primaria o clínica, especialista, hospital, etc… No se trata de una gestión privada de centros públicos de asistencia que siguen limitando la libertad de elección, sino de la gestión privada o pública de la asistencia. Si usted no desea cambiar y seguir con la prestación pública, no cambie, pero no impida que quien lo desee y con el mismo coste que representaría para las arcas del estado su prestación otros disfruten de una atención privada.
Sí, a lo público como medio de financiación si así lo decidieron los contribuyentes, pero no perdamos nuestra libertad de elección y de evaluación como ciudadanos.
