Hace bien poco, el 29 de junio de 2009 Bernard Madoff fue condenado a 150 años de prisión por un juez federal de Estados Unidos. Siendo presidente del Nasdaq, esto es, la bolsa de valores electrónica y automatizada de EEUU, cuyo volumen de intercambio de activos y nivel en el tráfico de operaciones la convierten en el mayor índice bursátil del mundo. Asimismo, también dirigía una de las firmas de inversión más importantes de Wall Street, llevando esta su nombre.
El magistrado Louis L. Stanton envió a prisión al financiero neoyorkino acusado entre otros cargos de haber perpetrado el mayor fraude hasta la fecha cometido por un único individuo, cifrado en 65.000 millones de dólares.
Las malas artes de “Bernie” como gustaba que le llamasen sus allegados consistieron en el empleo de un sistema piramidal o esquema Ponzi, basado en la promesa de ofrecer rentabilidades altísimas a sus inversores. Estas expectativas en la tasa de retorno se cumplen espartanamente al principio, donde se van cubriendo los beneficios de los “antiguos” u originarios inversores con las aportaciones de los inversores que pasan a formar parte de esta filfa. El problema, como ya habrán imaginado, viene cuando los inversores deciden rescatar su capital junto al jugoso rendimiento que le prometieron. Si sólo quieren hacerlo uno o un pequeño grupo de estos inversionistas no cunde el pánico, la vicisitud reside en si quieren hacerlo todos al mismo tiempo, ya que el dinero que previamente depositaron lo hemos destinado a cubrir el compromiso de crédito y rentabilidad del elenco de socios. Es ahí donde el legítimo y obligatorio mantra de: ¿dónde está mi dinero? resuena al ritmo de letanía.
El tema del que hoy nos ocupamos tiene mucho que ver con la estafa piramidal llevada a cabo por Madoff, no siendo el elemento nuclear en cuestión, sino que trataremos el Sistema de la Seguridad Social en España, tutelado por el Estado de Bienestar y por el erróneo principio de justicia social y distributiva, que opera de manera sorprendentemente similar al esquema piramidal.
El problema sustancial estriba en el modo en que se financia nuestro sistema de Seguridad Social, el modelo de reparto. Nuestra organización pública de pensiones presenta dos insuficiencias de fondo, o si se prefiere, estructurales: una de naturaleza técnica y otro de naturaleza ética.
- Técnica: significa que cada año, el pago de las prestaciones (pensiones, viudedad, orfandad, etc) se efectúa con cargo a las contribuciones que se perciben por parte de aquellos que trabajan, sea trabajador o empresario.
- Esto plantea una consecuencia económica inmediata y es que la Seguridad Social se erige como un falso sustituto del ahorro individual, cercenando la capacidad de ahorro y acumulación de patrimonio de las personas. La generalidad del público confía (o al menos confiaba) en que las generaciones futuras financiarán a la SS, de la misma forma que lo hacen los que ahora trabajan.
- Se trata de una muestra más del carácter intrusivo de los Estados, dilapidando el deseo de ahorro de los cotizantes, que ven desplazado su autónomo proyecto vital por dos aristas esenciales: la primera es que no pueden ahorrar debido a las onerosísimas cotizaciones a la SS (recordemos que un salario medio en España paga alrededor de un 42% de su sueldo bruto en cotizaciones e impuestos), la segunda que verdaderamente se destruye la ambición y el buen hacer en la planificación económica familiar, puesto que, si no ahorro no pasa nada, mi jubilación la sostendrán las generaciones venideras. El que venga, que arree. Pues eso.
- El pertinaz desarrollo económico impulsa el envejecimiento de la población, lo que hace que aumente el número de jubilados que reciben prestaciones en relación con el número de trabajadores que las pagan. Por lo que, es una dificultad añadida esta contingencia demográfica.
- El escenario resultante es que este sistema de reparto nos imputa dos problemas muy serios: nos hace más pobres e improductivos y masacra la captación de ahorro, agravando considerablemente los ciclos económicos.
- Ética:
- 1)El sistema público de pensiones es injusto porque no ofrece seguridad, puesto que cotizar a la SS no da derecho a recibir una pensión y por ende, las pensiones están sujetas a decisiones políticas y a la situación económica subyacente en cada momento.
- 2)Es una carga que se impone coactiva e ilegítimamente sobre las generaciones siguientes; no es lícito trasladar a nuestros descendientes la obligación de sufragar nuestras pensiones y adicionalmente, genera conflictos intergeneracionales y tensiones sociales innecesarios. Se trata de un juego de suma cero donde unos ganan y otros pierden.
- 3)La SS se basa en una trasnochada idea paternalista, hija bastarda de la socialdemocracia europea (Bismarck) o del franquismo, regímenes ambos contrarios a cualquier idea de libertad. Apocando al individuo a la idea absurda de que necesariamente es imprevisor y que hay que imponerle coercitivamente su participación es un sistema estatal que le impida destinar los recursos que estime más oportunos y rentables para su vejez.
Los sistemas privados de capitalización, donde cada individuo pueda destinar libremente cómo y en que cuantía organizará sus recursos ulteriores para su jubilación, sin sostener la fría losa de sufragar pensiones ajenas, favorecen el ahorro de la sociedad, potencian el crecimiento económico y aumentan los salarios en términos reales.
En definitiva, la Seguridad Social es una ecuación esquizofrénica, una contradicción en los términos: ni es Seguridad ni es Social. No cumple lo que promete porque no es Seguridad (cotizar no da derecho a percibir una pensión) ni es Social, porque lleva el virus impregnado en su propio ser, no favorece a los menos pudientes, se encarga de generarlos.
“El gobierno no puede hacerle más rico, pero puede hacerle más pobre”. (Ludwing Von Mises).
