Hace bien poco, el 29 de junio de 2009 Bernard Madoff fue condenado a 150 años de prisión por un juez federal de Estados Unidos. Siendo presidente del Nasdaq, esto es, la bolsa de valores electrónica y automatizada de EEUU, cuyo volumen de intercambio de activos y nivel en el tráfico de operaciones la convierten en el mayor índice bursátil del mundo. Asimismo, también dirigía una de las firmas de inversión más importantes de Wall Street, llevando esta su nombre.
El magistrado Louis L. Stanton envió a prisión al financiero neoyorkino acusado entre otros cargos de haber perpetrado el mayor fraude hasta la fecha cometido por un único individuo, cifrado en 65.000 millones de dólares.
Las malas artes de “Bernie” como gustaba que le llamasen sus allegados consistieron en el empleo de un sistema piramidal o esquema Ponzi, basado en la promesa de ofrecer rentabilidades altísimas a sus inversores. Estas expectativas en la tasa de retorno se cumplen espartanamente al principio, donde se van cubriendo los beneficios de los “antiguos” u originarios inversores con las aportaciones de los inversores que pasan a formar parte de esta filfa. El problema, como ya habrán imaginado, viene cuando los inversores deciden rescatar su capital junto al jugoso rendimiento que le prometieron. Si sólo quieren hacerlo uno o un pequeño grupo de estos inversionistas no cunde el pánico, la vicisitud reside en si quieren hacerlo todos al mismo tiempo, ya que el dinero que previamente depositaron lo hemos destinado a cubrir el compromiso de crédito y rentabilidad del elenco de socios. Es ahí donde el legítimo y obligatorio mantra de: ¿dónde está mi dinero? resuena al ritmo de letanía.
El tema del que hoy nos ocupamos tiene mucho que ver con la estafa piramidal llevada a cabo por Madoff, no siendo el elemento nuclear en cuestión, sino que trataremos el Sistema de la Seguridad Social en España, tutelado por el Estado de Bienestar y por el erróneo principio de justicia social y distributiva, que opera de manera sorprendentemente similar al esquema piramidal.
El problema sustancial estriba en el modo en que se financia nuestro sistema de Seguridad Social, el modelo de reparto. Nuestra organización pública de pensiones presenta dos insuficiencias de fondo, o si se prefiere, estructurales: una de naturaleza técnica y otro de naturaleza ética.
Los sistemas privados de capitalización, donde cada individuo pueda destinar libremente cómo y en que cuantía organizará sus recursos ulteriores para su jubilación, sin sostener la fría losa de sufragar pensiones ajenas, favorecen el ahorro de la sociedad, potencian el crecimiento económico y aumentan los salarios en términos reales.
En definitiva, la Seguridad Social es una ecuación esquizofrénica, una contradicción en los términos: ni es Seguridad ni es Social. No cumple lo que promete porque no es Seguridad (cotizar no da derecho a percibir una pensión) ni es Social, porque lleva el virus impregnado en su propio ser, no favorece a los menos pudientes, se encarga de generarlos.
“El gobierno no puede hacerle más rico, pero puede hacerle más pobre”. (Ludwing Von Mises).
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