Algunos no se quieren enterar: lo ven como un agravio comparativo que habrá que compensar de otra manera… La propuesta de privilegiar fiscalmente a Cataluña con un régimen especial, prácticamente similar al del “Cupo” vasco, es la liquidación de una unidad económica de España y, por ende, política. No puede existir un país como tal con un sistema fiscal al albur de la fuerza negociadora de una región. El único sujeto fiscal posible en una democracia (o simplemente eficaz) es el individuo físico o jurídico - aunque este último sólo por razones de eficacia recaudatoria: porque lo racional sería cargar fiscalmente a cada individuo (el impuesto de sociedades es una aberración que obliga a doble imposición al empresario que paga sobre la renta algo que ya ha hecho sobre beneficios).
En España, desde la transición, se han transigido regímenes especiales por razones espurias, como derechos históricos en beneficio de supuestos territorios con una “historia” diferente y superior a las demás. Por la misma razón se podría haber beneficiado a Extremadura por ser cuna de conquistadores que trajeron grandes caudales a la hacienda de la corona…
De todas formas, todos tragamos la excepción constitucional para País Vasco y Navarra porque, a nivel nacional, no eran muy significativos. Cataluña, de confirmarse el boquete del 20% que le van a hacer a la hacienda española, sería una carga insoportable para el resto de España, que cargaría con el gasto público decidido políticamente en Cataluña sin voz ni voto del resto de España.
El deterioro, además, no sería lento, porque resulta que este país tiene dos características que la condenan a un futuro siniestro; más aún si se consuma el oprobio. España tiene una deuda pública nada desdeñable del 141,9% del PIB (como expliqué aquí). A esto habría que añadir la deuda implícita, gigantesca, que generará el sistema sanitario y de pensiones si sigue ejecutando las aberraciones de este gobierno. La Seguridad Social está en quiebra técnica, que se mantiene gracias a un creciente endeudamiento, y ello pese a las exuberantes recaudaciones fiscales gracias a la inflación, lo que infla el PIB nominal que es con lo que se paga la deuda. Porque del PIB real, o deflactado, no se puede esperar mucho: somos el único país de la UE que no ha recuperado el PIB per capita previo a la la pandemia. En teoría, para que un nivel de deuda/PIB se estabilice, el PIB nominal ha de crecer igual o más que el tipo de interés devengado.
Y sí, estoy insinuando que la senda que lleva ahora mismo la deuda es de dificultades crecientes para pagar los vencimientos, si no se da “a la máquina de hacer billetes”, que, como decía Keynes, es la forma más indolora de salvar la deuda, siendo las otras la confiscación fiscal, el default que reconoce la quiebra y la negociación, o la difícil conversión en deuda perpetua, si es que la economía florece y permite pagar los intereses penalizados. En todo caso, la inflación puede funcionar sólo cuando hay ilusión monetaria, y eso sólo se da si la inflación no pasa de tasas moderadas. Además, la inflación es un negociado del BCE; lo que no deja de suponerle un problema que haya países que se endeuden alegremente y se vea forzado a comprar esos títulos para evitar la crisis de huida hacia la liquidez.
En resumen, el atraco legal a España supondría que el 80% de la economía tendría que pagar los desmadres de sir Pedro y los que causarían sus majestades los catalanes… un disparate que sólo podría funcionar en sueños, es decir en una economía muy eficaz (que no somos, y cada vez menos), en una aceptación voluntaria de, por ejemplo, los extremeños (como el resto), de pagar sumisamente un 20% adicional del teórico servicio público que les da el Estado.
Los españoles son un pueblo muy sumiso aparentemente, que aguanta hasta que estalla.
