Ignacio Varela nos ofrece el resultado de un sondeo de opinión de pesadilla. El régimen del Congreso que saliera de esas urnas sería, según sus palabras, así:
El Congreso resultante de esta estimación sería un auténtico infierno. El PP sería el primer partido de la Cámara, pero la investidura de Pablo Casado colgaría de un hilo. Presuponiendo el apoyo imprescindible de Vox, Ciudadanos y Navarra Suma, el candidato popular obtendría 172 votos afirmativos, frente a 174 negativos que colectarían entre la izquierda y los nacionalistas. Todo quedaría en manos de cuatro diputados imprevisibles: los dos de Coalición Canaria, el del PRC y el de Teruel Existe (o de una abstención del PNV, altísimamente improbable con Vox como partícipe estelar de la mayoría de gobierno).
Aunque lo lograra, la estabilidad de un Gobierno con semejante precariedad numérica y semejantes apoyos políticos sería una quimera. Casado tendría problemas para explicar en Europa su supeditación a la extrema derecha. La izquierda y los nacionalistas emprenderían una oposición de tierra quemada. Los caminos del consenso quedarían aún más bloqueados de lo que están ahora. En consecuencia, todas las reformas estructurales que el país necesita permanecerían paralizadas. Lo más verosímil es que, tras unos meses de fuego y azufre, la legislatura pereciera por asfixia.
Una gobernabilidad imposible, y más con estos políticos que tenemos, que sólo piensan en colocarse ellos y a sus familiares.
Todo esto viene de una ley electoral desastrosa, que no permite la elección personal, y en la cual los candidatos, en listas cerradas, son puestos por los mandamases de los partidos. Por ejemplo, Casado, un descerebrado, ya ha apuntado su intención de descabalgar a Díaz Ayuso. A eso lo llaman partitocracia, y literalmente quiere decir que España están gobernada por los cabezas de los partidos. ¿Gobernada? Más bien lo opuesto, desgobernada, porque lo que dichas cabezas contienen está muy alejado de la realidad.
El resultado es que en España no cabe un política a largo plazo, esencial en varias materias, como la educación o la energía, tema del que se habla mucho pero no se aclara nada. Y en esto la culpa no la tiene sólo España. Europa ha impuesto una serie condiciones en la formación del precio de la electricidad que, sumadas a las inventadas por el gobierno, forman un galimatías. Para romper el cual al gobierno no se le ocurre mas que apropiarse de los beneficios de las empresas que obtienen del desaguisado más beneficios, simplemente porque no contaminan (nucleares, hidroeléctricas) y por ello no han debido pagar esa cosa tan rara que se llama “derechos de contaminación”, de la que hay un mercado y sí pagan las demás. Por lo tanto el precio máximo es el coste de éstas, del que se benefician las no contaminantes al amolar sus márgenes, a lo que Sánchez decide que es una jugosa partida que le vendría bien para subvencionar el precio de la luz. Por ende, confisca los beneficiosos legítimos de las no contaminantes. Qué cerebro.
Toma ya. Se acuerda un castigo a las que contaminan, y un mercado en el que se pueden comprar y vender esos derechos; Sánchez destroza la lógica de ese acuerdo, retuerce el cuello a las no contaminantes, les quita el pago por su virtud, y a otra cosa.
Prepárense para ser gobernados así, a golpe de caprichos insensatos, por los siglos de los siglos. Mientras los mercados del gas - principal factor base de la subida - predice en los precios de futuro una subida más intensa aún, por lo que no crean ni por un momento que Sánchez va a conseguir dinero suficiente para su jugada.
