El mundo político anda revuelto, y no es nada nuevo, pero esta situación se ha intensificado a raíz de las últimas iniciativas presentadas a través de una proposición de ley por los partidos que forman parte del gobierno. Que incluía inicialmente la derogación del delito de sedición, sustituyéndolo por otro de desordenes públicos agravados. Y a la cual, posteriormente, y en el transcurso de su tramitación parlamentaria, se han incorporado dos enmiendas que modifican el delito de malversación y el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional (TC) por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Siendo llamativo en este sentido que, en su día, el gobierno privó de la capacidad de realizar nombramientos al CGPJ al estar en funciones.
Hay quién defiende todos estos cambios, que las bondades de las reformas previstas valen la pena si se acompañan de paz social y estabilidad política. Es decir, lo que se logra con la negociación comparado con lo que se obtendría sin ella. Lo que implicaría que podría valer la pena mirar para otro lado ante las triquiñuelas legislativas, el fin justifica los medios.
Argumentando además por otra parte, que las modificaciones planteadas no dejan de ser parte del juego político de perseguir la convivencia pacífica; y que los cambios los lleva a cabo un gobierno legítimo elegido por voluntad popular en las urnas. Sin embargo, cabria diferenciar en este sentido la legitimidad del gobierno elegido en las urnas de la legitimidad de sus actos, claramente opuestos a la defensa de un estado de derecho.
Cuando además, ganar unas elecciones no implica poseer patente de corso para hacer lo que uno desee. En primer lugar porque las leyes precisamente tratan de evitar los abusos de poder. Y en segundo lugar, en cuanto al apoyo popular en las urnas, porque cuando se vota un programa, se vota un paquete cerrado con el que no tenemos porqué estar de acuerdo al 100%, ni se da una autorización explícita para hacer lo que venga en gana al gobierno de turno.
Cuando además, incluso la propia Constitución en el artículo 67.2 de la CE, avala que diputados y senadores “no están sujetos a mandato imperativo”, lo cual implica que no existe obligatoriedad de cumplir los compromisos electorales. Y si no hay obligación de cumplir los compromisos electorales, el electorado tampoco tiene porque permitir cualquier arbitrariedad política.
La no sujeción a mandato imperativo puede extrañar, pero que al mismo tiempo tiene cierta lógica. Por ejemplo ante situaciones sobrevenidas graves; o la necesaria flexibilización programática requerida en el sentido de que una democracia consiste en diálogo y lograr acuerdos.
En cualquier caso, estas reflexiones no excluyen que, el Estado debe, en mi opinión, proteger a las minorías, al mismo tiempo que debe proteger a la mayoría de determinadas minorías. Y de esta protección forma parte el estado de derecho, y la exigencia de mayorías reforzadas para cambiar ciertas leyes básicas de nuestro ordenamiento jurídico.
Pero volviendo al tema principal, la visión idílica y optimista de solución del conflicto independentista a través de la regulación presenta dos problemas: que realmente el resultado sea mejor que el actual, y que la vulneración, un tanto torticera del procedimiento, no dañe el estado de derecho y por tanto la calidad democrática del país.
Recordando Elisa de la Nuez que el hecho resulta especialmente indecente si consideramos que en 2018 se produjo una moción de censura del PSOE contra el PP a consecuencia del caso Gürtel con la bandera de la regeneración democrática e institucional. De hecho, España, ya se considera en la actualidad una democracia defectuosa, lo que indudablemente no excluye que en el mundo haya muchos otros países de mucha menor calidad democrática.
Figura.- Visual Capitalist. Mapped: The State of Global Democracy in 2022
Evidentemente, en el caso actual, el foco de la reforma se encuentra en el independentismo y la necesidad de su apoyo político. Y parece bastante prudente ser pesimista sobre el éxito de las reformas legislativas, ya que probablemente todas las cesiones al independentismo serán insuficientes y se acompañarán de más exigencias en el futuro. Cuando además, ya han expresado explícitamente, y frecuentemente, que su objetivo es la independencia.
Un problema, el de la independencia, por otra parte, con raíces profundas en nuestra sociedad y en nuestra política, ya puesto de manifiesto por Ortega y Gasset en su “España invertebrada” , incidiendo en lo que él denomina “particularismo”, que implica la búsqueda del beneficio propio, y que puede traducirse en insolidaridad, lo que a través de las urnas supone simultáneamente un fallo democrático.
Y en cuanto a las modificaciones incluidas en la proposición de ley y las enmiendas subsiguientes nos encontramos con la reforma del Código Penal.
En primer lugar, la desaparición del delito de sedición. Según el gobierno por tratarse de un tipo penal ya anacrónico, tipificado en 1848 pero modificado en 1995. En cualquier caso, la desaparición de este delito no deja impune los atentados contra la Constitución, recogidos en el delito de rebelión si media violencia. Otra cuestión es ya lo que se considere violencia.
A ello se suma una modificación del delito de malversación. Modificaciones ad hoc cuyo único fin es comprar el voto de ERC para asegurarse el apoyo político. Una iniciativa que persigue que los desafíos al orden constitucional queden impunes. Una iniciativa que implica negociar con los condenados su propia condena. Una iniciativa que podría beneficiar a 21 cargos y excargos públicos. Una iniciativa que supone la compra del poder, y que se traduce en un paso más de degradación democrática del país.
Y ello debido a que la reforma del delito claramente afecta a los políticos independentistas, ya que en principio, la malversación no fue para lucro propio, sino para la causa o el partido, ignorando por otra parte el enriquecimiento indirecto que supone el permanecer en el sillón.
Y el otro tema importante afecta al CGPJ. La finalidad es llevar a cabo los nombramientos que tocan en el Tribunal Constitucional. La excusa es terminar con la usurpación del poder judicial por jueces conservadores. La finalidad, cambiar la usurpación de los jueces conservadores por la usurpación de los jueces progresistas. Ya que el nombramiento del ex ministro Juan Carlos Campo, y Laura Díez, ex alto cargo de Moncloa, no parece que vayan en el sentido de que el objetivo sea reforzar la independencia del poder judicial sino todo lo contrario.
El objetivo parece más bien que es facilitar la actividad legislativa del gobierno y de la mayoría actual del Parlamento. Una cierta patente de corso para legislar al borde de la Constitución. Algo que simultáneamente atentaría directamente contra la separación de poderes y los “checks and balances” característicos de una democracia. Lo que en cierto modo podría contribuir a un golpe de estado encubierto.
Algo que implicaría flagrantemente el deterioro del estado de derecho, base de la democracia, que según Elisa de la Nuez, podría llegar a un punto de inflexión irreversible .
Cuando además, todas estas modificaciones se realizan a través de una proposición de ley por vía de urgencia. Procedimiento legal, pero que hurta el debate parlamentario. Procedimiento que evita al Gobierno tener que solicitar los informes, preceptivos, pero no vinculantes, al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo de Estado, o la obligación de acompañar los proyectos de ley de una memoria del impacto normativo. Hechos que limitan la transparencia del proceso, y sabemos que la transparencia es algo básico en una democracia.
En definitiva, un conjunto de artimañas legislativas que huelen a fraude de ley. Un ejercicio de despotismo legislativo, como indica Gomez de Liaño, que implica la modificación por interés político del estado de derecho, evitando los controles institucionales diseñados para preservarlo.
Una serie de actuaciones con fines políticos un tanto espurios que implica la asociación, un tanto incompatible, de alianzas políticas con los que directamente han atentado contra la unidad del Estado, proclamando la declaración unilateral de independencia. Algo que podría interpretarse como una vulneración del artículo 97 de la Constitución Española (CE), donde se indica que es función del Gobierno la defensa del Estado.
Un artículo, el 97, que según JL Cebrian podría enlazarse con el 102 de la CE, que hace referencia a las eventuales responsabilidades criminales del Ejecutivo, incluido el presidente del gobierno.
Debemos recordar que legislar no es solo aprobar leyes, las autocracias también aprueban leyes. Es necesario que las leyes se aprueben conforme a derecho. Y es necesario un estado de derecho en que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley, al mismo tiempo que se respetan los derechos humanos y las libertades individuales, atendiendo al interés general.
Y para finalizar, solo incidir en dos cuestiones importantes. Las instituciones se pueden degradar tanto desde dentro como desde fuera. Desde dentro a través del totalitarismo, y desde fuera a través de la oclocracia.
Y el socialismo utiliza ambas vías. Pasando la de la oclocracia más desapercibida. Esta se basa en el alimento de la ignorancia acompañado de la compra de votos bajo la populista excusa de proteger el estado de bienestar, incluyendo ayudas indiscriminadas a ciertos colectivos, fundamentalmente los pensionistas, pero sin excluir otro tipo de medidas, como las subidas del SMI o el IMV.
Todo ello relacionado con la actividad económica, ya que esta es la que posibilita este gasto social. Es decir, el estado de bienestar se blinda con crecimiento económico y no con subsidios. En este sentido, ahora nos bombardean con el buen comportamiento del mercado de trabajo y la evolución del PIB, datos incompletos y sesgados, como ya he demostrado. No se buscan soluciones reales y el corto plazo domina la política.
Es muy evidente que tenemos un problema de política económica. No se valora suficientemente la meritocracia, se incentiva la sociedad del subsidio y no la del emprendimiento, el esfuerzo y la responsabilidad, algo que conduciría a crear más empleo y salarios dignos.
La inversión en I+D queda aparcada, lo mismo que la creación de capital humano, y ello se traduce en menor productividad, menor competitividad, y menor progreso, hipotecando el futuro y a las siguientes generaciones.
La política nos condiciona, el cambio es difícil, pero posible. Nos jugamos el país.
