El adjetivo “público” suele llevar consigo una connotación positiva, sobre todo para aquellas personas que tienden ensalzar las bondades de todo aquello que es de todos. Conceptos como sanidad pública o educación pública están continuamente en las discusiones, pero pocas veces nos paramos a pensar de qué se está hablando realmente. Cuando nos metemos de lleno en el mundo mercantil y la provisión de servicios empiezan a surgir ciertas confusiones que los grandes propagandistas aprovechan en su favor.
Cuando alguien sale en los medios de comunicación diciendo que la sanidad está siendo privatizada o que se está eliminando la sanidad pública, se deduce que el adjetivo “público” está aludiendo a la propiedad de las compañías que proveen la cobertura sanitaria. En otras palabras, no se está refiriendo a que la cobertura o el servicio de estas compañías ya no son de dominio público (cuestión que desde luego habría que matizar), sino que la propiedad de estas empresas ha cambiado de manos. Y es que en nuestro idioma se utiliza el concepto de compañía pública para designar a las empresas propiedad del Estado, entendiendo que el Estado es una cosa de todos. No pretendo decir que esto sea un error, pero sí resaltar que puede generar algunas confusiones.
Tenemos que diferenciar dos dimensiones en las empresas: sus servicios y su propiedad. Existen empresas que proveen servicios abiertos al público de propiedad privada (sanidad, recogida de residuos) a la vez que existen empresas de propiedad estatal que proveen servicios en el mercado restringiéndolos a quien pueda costeárselos. Entendiendo esta dicotomía, uno enseguida advierte que llamar compañías públicas a las compañías estatales puede generar confusión. Las empresas propiedad del Estado se utilizan para los fines que decidan quienes controlan su poder, ya sea el gobierno de un presidente elegido en unas elecciones presidenciales, un parlamento formado por representantes elegidos por los ciudadanos o un simple tirano. Cualquier persona que decida participar en los beneficios de algunos de estos negocios se encuentra con la situación de que su propiedad no está abierta al público, y generalmente tampoco sus servicios. De forma alternativa, en el idioma inglés utilizan el concepto de “publicly traded company” a menudo resumido en “public company” para designar no a las empresas estatales, sino a las compañías cuya propiedad está abierta al público. Son las compañías que cotizan en bolsa en las cuales todos podemos participar en la práctica, tanto en sus beneficios como en la toma de decisiones. Por lo tanto, desde un punto de vista pragmático, éstas son las verdaderas compañías públicas, un grupo en el cual no se encuentran las empresas de propiedad privada no cotizadas. Puede resultar sorprendente para muchos, pero usted también puede participar en los beneficios de Google o Apple, siempre y cuando pague el correspondiente precio de mercado. La tarta de los beneficios de las empresas cotizadas no es coto cerrado ya que todo el mundo puede participar en ellos acudiendo al mercado secundario. En el fondo, estamos ante dos formas de entender la palabra público: en el primer caso, refiriéndose a lo perteneciente al Estado frente a lo público como lo conocido y de libre acceso.
Dos respuestas a una misma situación
La primera concepción de lo público como “lo de todos” invita a participar en las instituciones políticas de forma activa para cambiar y mejorar las cosas. Militar en un partido, participar en asociaciones con reivindicaciones políticas, proponer ideas, auditar a los gobernantes y cualquier participación activa son las propuestas para mejorar las instituciones donde se ejerce el poder.
Pero también existen también los que desconfían de las instituciones políticas incluso en los estados más avanzados en ese aspecto. Estas personas están más preocupadas por lo que les toca directamente o lo que pueden hacer de forma individual para adaptarse a un entorno que ya viene como dado. No participan en las instituciones de forma activa para cambiar las cosas, sino que intentan adaptarse según sople el viento. En mi opinión, es el resultado de entender lo público no como el Estado o la comunidad, sino si algo está abierto a todos (el acceso) y las oportunidades que surgen en esos ámbitos de libertad.
Con un ejemplo se puede observar mejor. Resulta que el Estado español ha entregado el monopolio de una actividad económica a la empresa A en una serie de condiciones. Los preocupados por lo público como “lo de todos” pasan horas y horas debatiendo con su entorno si esa es una buena forma de organizar la actividad económica, discuten las condiciones en las que el Estado ha concedido ese monopolio, se dirigen hacia su partido para plantear propuestas y participan en campañas políticas. Sin embargo, los más pragmáticos lo primero que hacen es averiguar si la compañía A cotiza en bolsa y después si a los precios a los que cotiza merece la pena invertir una parte de su patrimonio. Les interesan las condiciones en las cuales el estado ha entregado el monopolio y las posibilidades de que se mantenga este status no para valorarlas en clave política, sino para averiguar si él puede beneficiarse de algún modo. Ambas filosofías no son incompatibles, se puede tener una opinión y participar de forma activa mientras uno se adapta lo mejor posible al entorno actual, aunque puedan darse conflictos de intereses entre lo que uno cree que debería ser y si le beneficia el actual estado de las cosas.
Aún recuerdo una de las afirmaciones más ingenuas que escuché cuando empecé a invertir en bolsa: es incoherente invertir en negocios regulados (y favorecidos) por el Estado con ser partidario de la no intervención del Estado en economía. Mi posición es que tanto los partidarios de la no intervención del Estado como los partidarios de la intervención deben aprovechar esa circunstancia siempre que puedan a la hora de invertir. Tanto los optimistas a la hora de participar en las instituciones de forma activa como los desentendidos por desconfiar de este proceso no deben mezclar su concepción de la sociedad con la idea de adaptarse lo mejor posible en un entorno de reglas concreto.
Y lo que es más importante, los segundos son igual de importantes que los primeros para la sociedad. Cuando el Estado entrega de forma arbitraria unas condiciones favorables para la empresa cotizada A, resulta que existen opciones para que ese pastel no sea coto cerrado de una minoría. Sería mucho más preocupante que esa situación se diese con empresas no cotizadas cuya propiedad está cerrada al público, ya sean privadas o estatales. Si existe una minoría que se está beneficiando del poder del Estado, es preferible que exista la oportunidad para competir en su propio terreno y que haya inversores pragmáticos dispuestos a luchar por la tarta que de forma arbitraria se está sirviendo en bandeja. Es posible que algunas de las empresas del IBEX gocen de favores regulatorios que son negativos para el conjunto de la sociedad, pero mucho peor sería que usted no tuviese ninguna oportunidad de beneficiarse que es lo que sucede con compañías estatales y compañías privadas no cotizadas.
